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Nuevas leyes sobre las tierras: Sierra Leona reforma el campo de batalla ambiental

Un investigador, a la derecha, entrevista a aldeanos de una comunidad agrícola en el norte de Sierra Leona, el 19 de febrero de 2022.
Un investigador, a la derecha, entrevista a aldeanos de una comunidad agrícola en el norte de Sierra Leona, el 19 de febrero de 2022.

DAKAR, Senegal— Esta es una lucha a la que se han enfrentado comunidades de todo el mundo: impedir que las empresas se apoderen de sus tierras, contaminen su entorno y los obliguen a mudarse.

Cuando un gran inversionista ve la oportunidad de beneficiarse de una mina o de agricultura a gran escala, las formas de vida históricamente establecidas e incluso los derechos de propiedad de tierras suelen resultar de poca importancia.

Pero en un país de África occidental, Sierra Leona, las reglas de estas luchas podrían estar a punto de cambiar de forma drástica.

Según las nuevas leyes aprobadas esta semana, las compañías que operan en Sierra Leona tendrán que obtener el consentimiento expreso de las comunidades locales antes de iniciar actividades mineras, industriales o agrícolas. Los residentes propietarios de tierras podrán vetar cualquier proyecto que las afecte. Además, las empresas tendrán que ayudar a pagar cualquier honorario legal en los que incurran las comunidades locales en las negociaciones, lo que significa que muy probablemente financiarán asesoramiento jurídico que será utilizado en su contra.

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Los expertos en derechos ambientales y territoriales han celebrado las leyes, las cuales consideran un valiente paso para la nación de 8 millones de habitantes, que sigue estando entre las más pobres del mundo a pesar de sus extensos recursos naturales e incluso cuando la minería intensiva y las plantaciones de aceite de palma y caña de azúcar han provocado deforestaciones, deslaves y erosión de los suelos.

Las nuevas leyes, que se espera sean firmadas por el presidente la próxima semana, son algunas de las primeras de su tipo en aplicarse en la mayor parte del territorio de un país y estarán entre las más protectoras del mundo, según observadores de derechos humanos y ambientales.

“Hasta donde sabemos, no existe un régimen jurídico en ninguna parte, en ninguno de los hemisferios, que otorgue derechos tan sólidos a las comunidades que enfrentan daños”, aseguró Sonkita Conteh, director del programa de Sierra Leona en Namati, una organización sin fines de lucro que brinda capacitación legal a las comunidades locales.

Un barrio en Freetown, Sierra Leona, el 22 de febrero de 2022. (Finbarr O'Reilly/The New York Times)
Un barrio en Freetown, Sierra Leona, el 22 de febrero de 2022. (Finbarr O'Reilly/The New York Times)

La legislación también ha generado resistencia. Las compañías han advertido que obstaculizará cualquier nuevo desarrollo de tierras. Al menos un inversionista importante aseguró que no intentaría nuevos proyectos en Sierra Leona debido a una de las nuevas leyes.

Las organizaciones internacionales y sin fines de lucro han luchado desde hace mucho tiempo para obligar a los gobiernos y las empresas a buscar el consentimiento de las poblaciones locales antes de iniciar proyectos a gran escala. Los países de América Latina y Centroamérica están al frente de esta lucha.

“Por lo general, a las empresas les dan las concesiones antes de que obtengan el consentimiento de las poblaciones y luego proceden a ‘informarles’”, afirmó Natalia Greene, activista del cambio climático radicada en Ecuador. “Les ofrecen a las personas un sanduche, les hacen firmar algo y eso es todo”.

En Sierra Leona, hasta ahora, la mayoría de las comunidades habían tenido poca voz sobre los proyectos. Las empresas que extraen oro, titanio o diamantes o que cultivan aceite de palma por lo general han pasado por alto a los residentes a través de acuerdos con líderes locales o funcionarios gubernamentales para operar en sus tierras, según los observadores.

Dos de las nuevas leyes de Sierra Leona, los Derechos Consuetudinarios Sobre la Tierra y las Leyes de la Comisión Nacional de Tierras, son las que constituyen un mayor avance, según expertos ambientales. Son el resultado de una década de luchas de las organizaciones locales contra el acaparamiento de tierras y la contaminación. Una tercera ley, implementada el martes, fortalece las protecciones comunitarias contra las actividades mineras.

Las leyes se aplicarán en cada una de las provincias de Sierra Leona, menos en la ciudad capital, Freetown, y sus suburbios, las cuales tienen un sistema legal distinto. Alrededor del 95 por ciento del país se rige por el derecho consuetudinario, en el que las reglas no escritas y las tradiciones orales determinan quién puede poseer, utilizar o transferir tierras, a menudo en detrimento de ciertos grupos étnicos y de las mujeres.

Una de las leyes también le pondrá fin a una regla de la era colonial que impedía que los descendientes de esclavos liberados fueran propietarios de tierras fuera de Freetown.

Conteh, el experto legal de Namati, afirmó que, hasta ahora, las familias podían ser fácilmente despojadas de sus tierras, ya sea por tener pocas pruebas de su propiedad o porque las empresas llegaban a acuerdos con intermediarios.

La nueva legislación en Sierra Leona transfiere el poder de los intermediarios, como líderes comunitarios, a las personas que poseen o utilizan directamente la tierra.

También establece que las mujeres deben tener los mismos derechos sobre la tierra, sin interferencia ni discriminación. Este es un problema que ha asolado durante mucho tiempo a Sierra Leona.

Si bien las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra agrícola del país, a menudo enfrentan obstáculos para poseer tierras, según Aisha Fofana Ibrahim, profesora de Estudios de Género en la Universidad de Sierra Leona. Eso las ha dejado dependientes de su marido o familiares varones y en riesgo de perder el acceso a la tierra en caso de divorcio o muerte, afirmó Fofana Ibrahim.

La nueva legislación crea comités encargados de gestionar las tierras comunales y resolver disputas de tierras y al menos el 30 por ciento de sus miembros deberán ser mujeres.

“La ley es una gran victoria para las mujeres”, afirmó Fofana Ibrahim.

Pero Idrissa Tarawallie, profesor de Ciencias Políticas en la misma universidad, afirmó que era más ambivalente sobre los beneficios de la legislación. Una de las leyes podría fortalecer a las comunidades en los tratos con las empresas extranjeras, afirmó. Pero otra, que promete nuevos procesos para determinar las propiedades de las tierras, podría terminar enfrentando a algunos sierraleoneses entre sí.

“La tierra en Sierra Leona está ligada a cuestiones de tribus, etnias y origen”, aseguró Tarawallie. “Pero después del ébola y el COVID-19, es el nuevo diamante. Aplicar una estrategia liberal a la propiedad de tierras sin una aplicación exhaustiva de la tradición y la cultura podría conducir a enfrentamientos”.

Algunas empresas también han criticado la legislación. Gerben Haringsma, el director en Sierra Leona de Socfin, una compañía radicada en Luxemburgo que ha cultivado aceite de palma en el país durante una década y ha enfrentado acusaciones de apropiación de tierras, alegó que las leyes imposibilitarán nuevas inversiones a gran escala en materia de agricultura.

Haringsma afirmó en un correo electrónico que le parecía un acierto la legislación para aclarar quienes son los propietarios de las tierras en Sierra Leona. Sin embargo, argumentó que, con la ley de derechos sobre las tierras, demasiados miembros de la comunidad tendrán ahora que participar en los procesos de decisión de los inversionistas.

“Con esta ley, las poblaciones ya no necesitarán tener protección, porque los grandes inversores ya no podrán iniciar grandes proyectos”, sentenció Haringsma.

Greene, la consultora ecuatoriana, afirmó que los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo deberían tener mejor información sobre los proyectos que afectan sus medios de vida, así como el derecho a vetarlos.

Greene afirmó que, si tuvieran la oportunidad, ciertamente utilizarían ese veto: “La mayoría de las comunidades, si están debidamente informadas de todo el impacto ambiental, dirán que no”.

© 2022 The New York Times Company