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Lobby: la guerra de intereses entre empresas y Gobierno por el nuevo régimen de biocombutibles

·6  min de lectura

Hace unos días, el Senado concluyó con una de las guerras de lobby más importantes que atravesaron al Congreso en los últimos años.

La puja estuvo protagonizada por el sector agroexportador, la industria de biocombustibles y las empresas petroleras durante la previa del vencimiento del régimen para la producción de bioetanol y biodiesel que fue promulgado el 12 de mayo de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Tres lustros después, el régimen llegó a su fin y la norma que aprobó la Cámara alta estableció un nuevo sistema para un sector que creció con el anterior. La pelota ahora salió del Poder Legislativo, pero la tensión no ha concluído porque el sector apuesta a que el presidente Alberto Fernández no aplique una parte de la norma cuando firme la reglamentación que pondrá en marcha los cambios al régimen que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2030.

La ley 26.093 aprobada en 2006 fue posterior a la adhesión de Argentina, mediante una ley aprobada en 2001, al Protocolo de Kyoto, que estableció en 1997 el compromiso de introducir el 5% de biocombustibles en las naftas para reducir en forma progresiva el calentamiento climático provocado por el consumo de combustibles fósiles.

Durante los quince años de vigencia del régimen el sector creció y exportó. Actualmente hay 55 plantas productoras de los dos tipos de biocombustibles: biodiésel, a partir de un proceso químico con los aceites de soja y máiz; y bioetanol, cuyo origen es la fermentación de sustancias provenientes del azúcar y de cereales.

La geografía de sector revela el mapa político de la disputa que se puso en juego en el Congreso. Tuvo dos tiempos que también revelaron las diferencias internas del oficialismo y las presiones de los gobernadores de las provincias productoras.

El sector agroindustrial apuesta a que Alberto Fernández no aplique una parte de la norma cuando firme la reglamentación

El 29 de octubre pasado, el Senado aprobó casi por unanimidad la prórroga del régimen vigente. Contó con el aval de todas las provincias. Sin embargo, el oficialismo decidió que Diputados no funcionara como cámara revisora de ese proyecto.

En su lugar, el diputado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos, le puso la firma a otro texto, que reformula el régimen y cambia los porcentajes de corte, es decir, las cantidades obligatorias de biocombustibles que deben ser mezcladas con las naftas.

El estreno del proyecto cosechó posiciones dispares de las cámaras del sector y de las provincias productoras. La iniciativa manuvo el corte obligatorio del 12% de bioetanol de caña de azucar y maíz (6% para cada uno) y redujo del 10 al 5% el corte de biodiésel para naftas.

Con esa definición, las provincias azucareras, lideradas por el tucumano Juan Manzur del FdT y Morales de la UCR respaldaron la iniciativa luego de las críticas iniciales y sus senadores la votaon. Pasó todo lo contrario con el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, que anticiparon su negativa por el impacto que tendrá en las plantas productoras de biodiésel a partir de la reducción del porcentaje de corte.

La votación de la Cámara alta transformó en ley el nuevo régimen por 43 votos a favor y 19 en contra. Establece un mecanismo de adecuación que llega a los tres años y luego de una pulseada que duró un año, dejó un escenario donde las empresas azucareras resultaron beneficiadas porque los porcentajes de corte no fueron modificados para el bioetanol.

Como era previsible, los cambios afectaron a los grandes jugadores, pero benefició a las Pymes productoras de ese biocombustible generado a partir de aceite de maíz y soja.

Sucede que la nueva ley establece que las firmas que produzcan más de 50.000 toneladas de biodiesel y 90.000 metros cublicos de bioetanol al año quedan afuera del régimen y eso beneficia a las empresas que abastecen al mercado interno y cuentan con más de una planta.

Afuera quedaron las grandes empresas como Cargill, Vicentín y Bunge que movilizaron a las cámaras para cuestionar el avance del texto.

Los cambios para los productores de biodiésel afectaron a los grandes jugadores, pero benefició a las Pymes

En todos los casos, los porcentajes de corte se mantienen o se reducen. En ningun caso aumenta. La definición coincide con uno de los puntos que reclamaban las empresas petroleras para evitar una reducción de combustibles fósiles en la mezcla de las naftas.

Fue el sector que menos ruído hizo pero el que más presionó a través de los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas como el mendocino Rodolfo Suárez (UCR-JxC) y el neuquino Omar Gutiérrez (MPN). Tan firme fue la ofensiva de ese sector, que uno de los escándalos estalló cuando otro mendocino, el titular de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, Omar Chafi Félix (FdT), sinceró en diciembre pasado el pensamiento de las provincias petroleras.

"Tenemos ahí un problema latente con los biocombustibles porque afectan a la industria de los hidrocarburos. Hace unos días se quería prolongar la vigencia de la ley de promoción que vence en mayo. Tiene media sanción del Senado, pero lo postergamos en Diputados. Tal como está la ley, hoy el petróleo está subsidiando a la pampa húmeda de alguna manera", disparó el diputado peronista a fines del año pasado, cuando el Senado había aprobado la prórroga todavía no aparecía el nuevo texto que fue transformado en ley.

Un mes después, las siete cámaras del sector le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para que los diputados del oficialismo apoyaran la prórroga que habia aprobado el Senado.

Dos meses después, entró el nuevo proyecto en Diputados. Tras la sanción del viernes, los representantes empresarios hablaron por los sectores afectados. "Argentina tendrá que importar 500 mil toneladas que eran reemplazadas por el biodiesel. Lamentablemente se cambiará trabajo argentino por extranjero. El trabajo que se deja de hacer para producir biodiesel argentino pasa a hacerse en refinerías de petróleo de otros países", lamentó Víctor Castro, titular de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).

Por el contrario, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), aseguró que el nuevo régimen "es más favorable que el vigente". "Como Argentina tiene insuficiente capacidad de refinación de petróleo, todos los años tiene que importar insumos. La sustitución de importaciones viene a resolver este asunto, por lo cual fue una decisión muy positiva", dijo Feijóo y resaltó que "la posibilidad de incrementar el corte hasta un 3% es buena noticia porque va a impactar de manera positiva en la economía regional".

Patrick Adam de la Cámara de Bioetanol de Maíz castigó la nueva ley, aunque las Pymes fueron beneficiadas. "Es el fin de una de las políticas de Estado más exitosas de las últimas décadas", porque el nuevo régimen "es una oportunidad perdida para desarrollar una matriz energética más limpia, diversificada y competitiva, porque ante la emergencia ambiental, el mundo avanza en un mayor consumo de biocombustibles y nosotros retrocedemos", cuestionó.

Las opiniones de los representantes empresariales del sector del biodiésel anticipa que perdieron una gran batalla, pero que no consideran perdida la guerra. Ahora van por la reglamentación del Presidente donde los tiempos de adecuación y los porcentajes de corte podrían encontrar algunos vericuetos para canalizar parte del lobby que no prosperó en el Congreso.

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