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México: El caso Ayotzinapa fue "crimen de Estado"

·4  min de lectura
MÉXICO-ESTUDIANTES DESAPARECIDOS (AP)
MÉXICO-ESTUDIANTES DESAPARECIDOS (AP)

La Comisión de la Verdad creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México dijo el el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.

También reactivó la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida y anunció que México ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y que está prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos.

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.

Tanto los informes de los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación— , como los datos ofrecidos por la actual fiscalía negaron la versión del basurero, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.

Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no solo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

Agregó que el ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.

El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse y escoltaron ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que pudo ser tomado por error por los estudiantes.

México pidió información a Estados Unidos sobre este tema pero, solo ahora, se confirmó que ese autobus sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido", señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, agregó.

El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.

Desde finales de 2020 el gobierno hizo público que había órdenes de captura, entre otros, contra militares y policías federales. Se desconoce cuántos han sido detenidos y cuántos siguen prófugos.

El de más alto cargo, Tomás Zerón, sí se sabe que está escondido en Israel, acusado de tortura y desaparición forzada. Encinas dijo que cuando se reunieron con él en febrero para ofrecerle colaborar con la justicia se negó por lo que siguen los trámites para intentar su captura con fines de extradición. El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal es considerado el artífice de la versión oficial ya totalmente desacreditada.

Este año el grupo de expertos internacionales, en su más reciente informe, aseguró que la Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática. Esa información fue puesta a disposición de la Comisión de la Verdad.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró la tortura pero sólo en torno a medio centenar sigue en prisión.

El gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos pero sus abogados, en un breve mensaje, dijeron que “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que esta administración da por muertos a los muchachos— los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.