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Matías Surt: “Estamos viviendo una segunda década perdida”

Matias Surt, economista jefe de Invecq.
Matias Surt, economista jefe de Invecq. - Créditos: @Soledad Aznarez

“Es una década perdida”, dice Matías Surt, director y economista jefe de la consultora Invecq, quien remarca el deterioro de la economía argentina en los últimos años, marcada por la aceleración de la inflación, el nulo crecimiento y la caída del PBI per cápita. Según el analista, profesor de Macroeconomía y Crecimiento Económico en la UBA, la situación actual tiene puntos de contacto con lo que ocurría en la década del 80. “Ese es, hasta hoy, el peor momento de decadencia económica de la Argentina en la historia, porque nunca había pasado tanto tiempo sin crecer. Fueron 15 años y, como la población seguía creciendo, el PBI per cápita se deterioraba”, describe el analista en diálogo con LA NACION, al trazar semejanzas y diferencias con la foto actual.

Y añade: “En ese momento teníamos un régimen nominal más preocupante que el actual, que se inicia con el Rodrigazo, y tuvimos toda la década con una inflación, mínimo, del 100% anual, se espiralizó, iba a 600% y terminó en una hiperinflación. Hoy, en términos de crecimiento, la Argentina está viviendo algo parecido, porque desde 2011 a la fecha no volvió a crecer y el PBI per cápita está 15% más abajo que en aquel entonces. Es una nueva década perdida. La diferencia es que en aquel momento fue un proceso regional con condiciones externas complicadas, y ahora tiene que ver con condiciones puramente locales o internas”.

-¿Qué factores identifica en ese proceso?

-Podríamos hablar de varios factores, pero el más importante es el nivel de desequilibrios macroeconómicos y su perdurabilidad. Muchas veces, cuando hacemos hincapié en el gran déficit fiscal, generalmente la respuesta es que todos lo tienen; lo cual es cierto, pero los países de la región tienen momentos de déficit cuando aplican políticas fiscales contracíclicas que luego se revierten. En la Argentina sostenidamente tenemos déficits fiscales muy altos, y eso habla de una cuestión de largo plazo. El país tiene un Estado que es insolvente, desde mi punto de vista, que no es financiable con esta productividad del sector privado, que es quien tiene que sostener al sector público. Tenemos un nivel de gasto muy alto, desfasado del nivel de desarrollo del país.

Matias Surt, economista jefe de Invecq.
Matias Surt, economista jefe de Invecq. - Créditos: @Soledad Aznarez

-¿Cómo se dio ese proceso?

A veces se habla como si fuera una decisión política y en cierta medida lo es. Es una convención entre la sociedad y el sistema político de cuánto y cómo queremos gastar, pero eso tiene un correlato más técnico que es si la estructura productiva y económica se banca ese nivel de gasto público, y, si no, estás tomando una decisión no compatible con la realidad e insostenible en el largo plazo. Ese es el principal problema de la segunda década perdida de la Argentina: durante el boom de commodities de la primera década de 2000, el Estado argentino se sobredimensionó en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) y creció entre 15 y 17 puntos del PBI. Eso era financiable o disimulable cuando teníamos condiciones internacionales extraordinariamente favorables y cuando el estado de la macroeconomía no tenía este nivel de desorden. Pero se mantuvo el nivel de gasto, se generaron desequilibrios y, cuando las condiciones internacionales ya no son lo positivas que eran tiempo atrás, se reveló que este nivel de gasto no es sostenible. Y hago hincapié en lo fiscal porque es el fundamental que genera otros desequilibrios.

-¿Cuáles?

-Crea desequilibrios monetarios, porque la Argentina no tiene acceso al crédito, entonces financia su déficit con emisión; y tampoco tiene demanda de su moneda, y eso genera riesgos y se retroalimenta. Como no hay demanda por su moneda, se genera inflación y ahí es menos demanda de la moneda, y es un círculo vicioso. Se hacen análisis de que no son grandes desequilibrios, sino políticas de demanda keynesianas o anticíclicas, y hay mala interpretación de lo que es keynesianismo. Incluso, cuando uno analiza la teoría, es uno de los países que menores condiciones tiene para aplicarlas.

-¿Por qué?

-Para tener una política anticíclica y déficit hay que tener acceso a crédito, interno o externo, para financiar ese desequilibrio, y la Argentina no tiene mercado en pesos, porque no hay ahorro en moneda local. No es profundo para financiar altos desequilibrios por mucho tiempo. Si no tenés eso, podrías tener una fuerte demanda de dinero, que haga que puedas emitir sin correr riesgos inflacionarios, pero tampoco está esa condición. Y una cosa es tener política anticíclica y otra es tener déficit permanente. Acá, independientemente de lo que ocurra, siempre aumenta el gasto.

-¿Y qué se puede hacer en este punto?

-Cualquier programa de estabilización, que este Gobierno –aunque quizás ya no es posible– o el que llegue quiera llevar a cabo, para ser exitoso tiene que arrancar con el pilar más importante, y es una corrección del desequilibrio fiscal lo más rápido posible, y tiene que hacerse vía reducción del gasto y no con aumento de impuestos.

"Estamos viviendo una nueva década perdida", dice el economista Matías Surt.
"Estamos viviendo una nueva década perdida", dice el economista Matías Surt. - Créditos: @Soledad Aznarez

-Cuando uno mira el gasto del sector público, casi dos tercios son prestaciones sociales y en muchos casos son rubros ajustados a la inflación. ¿Dónde considera que se debe recortar el gasto?

-Un primer análisis es comparar la estructura de gasto de hoy con la de fines de 2019, cuando medianamente se había logrado un equilibrio primario. Había déficit financiero, con el pago de intereses, pero había quedado casi en equilibrio. Hoy hay más de dos puntos del PBI de mayor gasto que hace tres años. ¿En qué? Casi un punto y medio son subsidios a las tarifas, entonces inevitablemente va a tener que haber un accionar sobre ese frente; 0,6 puntos son obra pública, gasto de capital que quizás se diferencia de gasto corriente o prestaciones de la seguridad social, que es un gasto más fácilmente manejable y menos problemático desde el punto de vista político para corregirlo. Y hay desvíos con lo que son las transferencias corrientes a las provincias, y ahí hay un punto para hacer. Cuando se analiza la situación fiscal, hay desigualdad entre las finanzas nacionales, que están muy desordenadas y con desequilibrios infinanciables que generan inflación alta e inestabilidad permanente, y las provincias, que están con superávit, como no lo habían tenido en muchos años.

-¿Y eso qué implica?

-Hay que hacer una especie de redistribución de funciones y responsabilidades de financiamiento de a dónde van los recursos tributarios, y que las provincias colaboran en ese proceso de estabilización. Y un lugar podría ser una readecuación de las transferencias corrientes. Tengamos en cuenta que, entre 2017 y 2021, la Nación le devolvió 15 puntos de masa coparticipable en cuotas, y hoy las provincias reciben el 100% de coparticipación como no ocurría desde 1994, y mientras las provincias tienen recursos que no tenían hace décadas y son superavitarias, la Nación tiene déficit y eso genera inflación e inestabilidad.

-La nueva Ley de Coparticipación está pendiente desde la Constitución de 1994, pero no pareciera haber consenso para que se haga. ¿Cuál es la solución?

-Dada la dificultad de replantear la ley nueva, que no digo que no haya que hacerlo, sería buenísimo no solo una discusión entre Nación y provincias, sino también entre provincias, porque hay algunas que ingresan al sistema muchos más recursos de lo que sacan, y a la inversa. Son cuestiones que se deben a esta especie de solidaridad que tiene el régimen, pero que tiene que ser replanteado, porque hay provincias que no usan esos recursos para achicar brechas de desigualdad. Es un tema relevante y hay que tratarlo en el largo plazo, mientras en el corto se puede avanzar en ahorrar medio punto del PBI o más en transferencias a provincias que quizás ya no están justificadas y que sabemos que en algunos casos se usan con fines políticos.

-¿Cómo juega la cuestión impositiva?

-Suele haber una reacción, no solo de subir impuestos, sino también de bajarlos, y ahí hay dos temas. En primer lugar, la secuencia de reformas tiene que ser siempre asegurando que el déficit fiscal se reduzca. Si arrancás bajando impuestos para impulsar el crecimiento y la inversión, y eso te lleva a incrementar el déficit o impide reducirlo, corrés el riesgo de que la estrategia sea fallida. Con una buena intención de reducir la presión tributaria, corrés el riesgo de que sea una estrategia fallida y genere un desequilibrio en el programa. Hay que tener en cuenta las velocidades y qué reformas van primero, e incluso replantear qué nivel de gobierno está más desfasado o cobra impuestos más distorsivos.

-¿Por ejemplo?

-El peor es Ingresos Brutos. Si el peor impuesto que tiene el país es uno que cobran las provincias, que están más holgadas que la Nación, una reforma va a tener que avanzar por reducir esos impuestos que vienen de la mano de gobiernos que tienen superávit y no de otros que están en el debate público, como la reducción de IVA o Ganacias.

-¿Qué visión tiene sobre el tema Ganancias?

-Es paradójico. Cuando uno analiza ideológica o conceptualmente el universo político argentino, históricamente nos caracterizamos por tener una fuerte pulsión por la igualdad y la redistribución del ingreso. Y el impuesto por excelencia que redistribuye en todo el mundo es el que menos cobramos en la Argentina, que es Ganancias. En promedio, la OCDE recauda 8 puntos de Ganancias a la cuarta categoría, y la Argentina no recauda 2. Y, para compensar, cobramos ocho puntos en impuestos muy malos y distorsivos para el funcionamiento de la economía, que no cobra ningún otro país o lo hacen en muy baja magnitud, como Ingresos Brutos, impuesto al cheque o retenciones. Hay un desfasaje y una mezcla en el sistema tributario argentino y hay que replantearlo en conjunto, ver dónde se pueden hacer las reformas y con qué ritmo para que la macro no reviente en el medio.

-¿Cómo se compatibilizan las reformas y la viabilidad política para hacerlas?

-Es el gran desafío y hay que tenerlo en cuenta, pero no se puede caer en la idea de que como es difícil hacerlo políticamente, entonces no lo hacemos, porque así acumulamos un nivel de distorsiones e ineficiencias para contentar a distintos sectores de la política, como el sindicalismo, los empresarios u otros actores con algún tipo de representación, que hace que se sumen parches y regulaciones inconsistentes, que hacen que hoy estemos en esta decadencia económica. Y es un desafío también de la política, el Congreso y su nueva composición en 2023, la negociación con los gobernadores y los mismos actores de poder que no necesariamente tienen una banca, pero generan presión permanente. Y no hay que confundir eso con las preferencias de la sociedad y lo que realmente genera un costo a un sector que se vende como defensor del interés de la gente y tiene poder de lobby y responde a un interés particular. Se suele poner en la misma bolsa que hay cambios que no se pueden hacer porque la gente no quiere, pero finalmente son sectores de mucha menos representatividad de lo que realmente tienen.

-¿Cuál es su visión sobre el régimen de promoción en Tierra del Fuego?

-Es un caso particular de lo que me refería. No es beneficioso para el conjunto de la sociedad, y está sostenido mucho más por economía política que por economía y por lo difícil que es desarmar algo cuando ya se instaló y no porque genere beneficios en conjunto. Desde el punto de vista de los consumidores, es bastante claro que genera un daño en términos de excedente del consumidor, los argentinos accedemos a un nivel de productos electrónicos mucho menor que en el resto del mundo y a precios más altos. Y cuando ves el funcionamiento, cuántos salarios genera y cuánto cuesta, en términos de los gastos tributarios que son impuestos que se dejan de recaudar y no ingresan porque está el régimen, los cálculos indican que con menos del 20% de lo que cuesta sostener ese régimen se puede financiar un seguro de desempleo para los 11.000 trabajadores que hoy se desempeñan en la isla en el régimen, con 8000 en el sector electrónica y el resto en otros. Desde el punto de vista del mercado laboral tampoco es cierto que sea imposible de desarmar.