“Me mataron en vida”: la lucha que un vecino de Benito Juárez ha librado por 17 años contra el “cártel inmobiliario”

Desde 2005, Jesús Grande, hoy de 69 años, ha ocupado sus días en enfrentar al llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, que en la ilegalidad permitió la construcción de un inmueble de departamentos al lado de su casa, obra que ha originado un sinnúmero de problemas estructurales a su domicilio. 

“Ya son 17 años que sigo luchando contra esta impunidad que es la caja chica de los exdelegados y alcaldes de la Benito Juárez”, dice el vecino de la colonia San Simón Ticumac.

“Las autoridades deben mirar hacia atrás, habemos muchas víctimas de esta mafia inmobiliaria, yo no lo llamo cártel porque mata y nos mata en vida (…) Las víctimas y los vecinos de Benito Juárez y de otras alcaldías queremos respuestas, soluciones, pero también queremos justicia”, subraya Jesús, en referencia al esquema que la fiscalía capitalina señala haber detectado en la demarcación, donde funcionarios, exfuncionarios y empresarios presuntamente intercambiaron permisos a cambio de recursos y propiedades.

En entrevista, Jesús recuerda cómo comenzó todo: en 2005, de la noche a la mañana, las personas que vivían en el predio colindante a su domicilio se fueron y al lugar llegó un hombre, a quien nunca había visto, quien se ostentó como dueño del lugar. Aquellas familias vivían dentro de una nave industrial que tiempo atrás había sido una zapatería y de inmediato comenzó a ser demolida.

“Cuando empiezan a demoler los techos, me dejan pegada a mi casa una estructura metálica, la cual funge como recolector de agua y toda esa agua se viene a las paredes de mi casa, causándome daños de humedad, salitre y todo lo demás”, expone.

Preocupado por los daños que su vivienda comenzaba a tener, interpuso una denuncia y pidió apoyo a las autoridades de Benito Juárez, demarcación que era gobernada por el entonces panista Fadlala Akabani, actual secretario de Desarrollo Económico de la CDMX. Durante cinco años, esa denuncia no tuvo respuesta.

Después de derribar la estructura colindante a su domicilio, no se hizo ninguna obra adicional. Sin embargo, esto no impidió que en la casa de Jesús persistieran los daños. Para 2010, ya durante la administración del también panista Mario Palacios, una nueva constructora se presentó en el predio y comenzó con las obras que, desde el primer momento, contemplaron hacer hoyos que llegaron hasta los cimientos del domicilio de Jesús. Dichas obras quedaron inconclusas y a la intemperie por más de un año, causándole más daños a su casa.

“Nuevamente voy y hago la denuncia por los daños a los cimientos, y es ahí cuando empiezo a ser objeto de amenazas continuas. Me mandaban gente para empezarme a intimidar y a cada rato me ponían gente a la orilla o enfrente de mi casa, vigilándome cuándo entraba y cuándo salía para que ellos siguieran con sus trabajos ilegales al 100%”, relata.

Para ese momento, desconocía qué pretendían construir, pero sí sabía que debía detenerlos porque los daños a su vivienda cada vez eran mayores.

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Quejas ignoradas 

Jesús acudió a la delegación a solicitar la documentación que avalara las obras en el predio de Antonio Rodríguez 35, colindante a su domicilio. Sin embargo, la respuesta que recibió es que no había ningún permiso ni autorización.

“Ya cuando empieza el 2011, ahora sí que viene el ataque feroz de estas personas porque ya empezaron a hacer las excavaciones a una profundidad de unos 10 metros… Esta es una zona lacustre; entonces, cada que metían el trascabo brotaba el agua como si fuera una fuente y lo que hicieron fue hacer un hoyo donde se fuera el agua”, recuerda.

El 30 junio 2011, una mala maniobra hizo que una barda perimetral colapsara y cayera sobre algunos trabajadores por lo que la obra quedó suspendida hasta 2016, cuando una nueva empresa retomó los trabajos. 

Durante todo este tiempo, ninguna autoridad revisó las condiciones del predio ni los daños que continuaba ocasionando a los vecinos colindantes, especialmente a Jesús, pues a lo largo de cinco años en el terreno hubo una importante acumulación de agua que se filtró a los cimientos de su vivienda.

Aunque acudió a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para pedir apoyo, la respuesta que recibió fue que ahí no podían hacer nada más porque la delegación Benito Juárez se negaba a proporcionarles información, particularmente los documentos que avalaban la construcción.

Paralelamente a las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público por daños a su vivienda, Jesús se acercó a la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la cual analizó su caso y el de otros vecinos afectados por construcciones irregulares en otras demarcaciones. El 13 de noviembre de 2014, el organismo autónomo emitió la recomendación 12/2014 en favor de las personas afectadas.

En el caso de Jesús, la comisión dispuso que en un término de 90 días la delegación debía realizar, en coordinación con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, un dictamen de riesgos y daños a su casa, así como ejecutar las acciones que fijara dicho dictamen, determinar la responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO), denunciar la utilización de documentos no válidos para realizar obras de demolición al inmueble colindante e implementar acciones de mejora en sus procedimientos de atención, a fin de que no se repitiera un caso similar. 

A ocho años de distancia, la recomendación no ha sido aceptada por ningún jefe delegacional de la Benito Juárez y, por ende, no se ejecutó ninguna acción.

Sin manifestación de construcción

En 2016, las obras en el predio colindante al domicilio de Jesús fueron retomadas. Se trató de un proyecto de departamentos a cargo de la empresa denominada 3 mil, el cual se realizó sin contar con manifestación de construcción, confirmó la propia delegación.

“Después de realizar búsqueda en los controles, archivos, y bases de datos de esta dirección, se constató que en su momento los responsables del domicilio cuestionado registraron ante la ventanilla única de la entonces Delegación Benito Juárez (hoy alcaldía), la manifestación de construcción con registro RBJB-0320-13, sin embargo, en junio de 2015 los responsables de la citada obra promovieron el desistimiento de dicha manifestación de construcción por lo cual se concluye que dicha obra se realiza sin contar con la manifestación de construcción respectiva”, se lee en el oficio DDU/CS/0048/2018 firmado por Emilio Sordo Zabay, entonces director de Desarrollo Urbano, y del cual Animal Político tiene copia.

“Ante tal situación mediante el oficio número DDU/CS/0046/2018 se solicitó la intervención de la Dirección General Jurídica y de Gobierno para que a través de la coordinación de verificación dependiente de dicha dirección general se instrumente el procedimiento administrativo correspondiente y concluidos los términos de ley se apliquen las sanciones respectivas”, continúa el documento, copiado al alcalde Santiago Taboada.

A pesar de ello, el inmueble de 26 departamentos fue concluido y ocupado.

A 17 años de distancia, Jesús atestigua cómo su casa se hunde como resultado de todas las filtraciones de agua de la edificación colindante, sin que haya autoridad en el gobierno capitalino ni en la alcaldía Benito Juárez que le apoye.

En 2018, cuando Claudia Sheinbaum fue electa jefa de gobierno, acudió a su casa de campaña para pedirle ayuda. Le entregó hojas con la cronología y fotos de todo lo que ha enfrentado, pero a la fecha no ha pasado nada, ni nadie ha acudido a darle auxilio. 

“Yo siempre he buscado la reparación del daño pero que también se haga justicia. Creo que las leyes están torcidas, yo tengo la verdad, pero ellos no la ven, pero además quienes tienen la voz son ellos, no yo”, dice Jesús antes de que se le quiebre la voz.

Ante la reciente detención de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno, y la búsqueda de Nicias Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, a quienes la fiscalía capitalina señala como cabezas del llamado “cártel inmobiliario”, Jesús ve una luz de esperanza para —después de tantos años— encontrar justicia en su caso. Sin embargo, también advierte que no guarda demasiada confianza.

Sentado en el comedor de su domicilio, que recientemente pintó de azul a fin de cubrir el yeso que ha colocado en las paredes para disimular las grietas de su casa, el hombre cuestiona por qué la jefa de gobierno tomó cartas sobre el asunto hasta ahora, cuando desde 2018 llegó a la administración local.

“Si esto nada más es para un movimiento político y se están utilizando estos daños que nos están causando como un instrumento nada más para presionar, es incorrecto. Ellos dicen que no van a traicionar, que no van a esto y no voy a lo otro, pues entonces empecemos en que no van a traicionar”, dice Jesús.

“Si ellos se abocan a que realmente esto sí tiene cola, sí tiene cabeza, tiene pies, tiene nombre y por tanto tiene que estar en la cárcel, tienen que llevarlo a cabo”.

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