Yahoo Finanzas Militarización de la política migratoria en México, resultado de la intervención de la Guardia Nacional
La política migratoria mexicana ha experimentado un proceso de militarización verificable a partir de tres elementos: la intervención de la Guardia Nacional en su ejecución, la toma del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas, y la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración.
Por ejemplo, en el estado de Chihuahua un 90% de las personas ingresadas a estaciones migratorias han sido puestas a disposición por la Guardia Nacional, cuyos elementos no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación, o incluso generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias.
Así lo señala el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, que se presenta hoy a partir de una investigación elaborada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organizaciones de derechos humanos locales como Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP.
Esto en un contexto en el que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 400 mil personas transitan por México anualmente. Durante 2021, provenían principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, aunque se incorporó también población originaria de Haití, que el año pasado registró un aumento de 336.8% de solicitudes de asilo en relación con el año anterior. Las detenciones se concentraron principalmente en la población de Honduras (127 mil 225), Guatemala (80 mil 767), El Salvador (24 mil 514) y Haití (18 mil 924).
En “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México” se identifica que la Guardia Nacional detiene a personas migrantes principalmente a través de redadas y operativos de control migratorio, así como labores de patrullaje. En ese segundo escenario, suele actuar por su cuenta y sin acompañamiento del Instituto Nacional de Migración (INM); es hasta después de la detención inicial que las personas son presentadas ante el INM.
Además, el equipo de investigación que elaboró el informe observó que las autoridades no reportan las detenciones arbitrarias: “Éstas no son registradas en los informes del INM, y en los partes informativos de ingreso a las estaciones migratorias no suelen registrarse en los informes del Instituto. Un oficial de la dependencia asegura que los agentes que hacen trabajo de campo recibieron la orden de no informar al órgano interno de control cuando las personas migrantes son puestas a disposición por militares o la Guardia Nacional”, explica el documento.
Llaman a restringir la participación de las Fuerzas Armadas
Las organizaciones que colaboraron en la elaboración de “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México” concluyen que la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio debe ser restringida y extraordinaria, además de estar subordinada y complementada por labores de autoridades civiles.
“En este sentido, como se ha reiterado a lo largo de este informe, la autoridad competente para realizar controles migratorios es una autoridad civil capacitada y especializada en la protección de los derechos de las personas migrantes”, reitera el documento.
No te pierdas la presentación del informe #BajoLaBota. Te hablaremos del impacto de la militarización en la migraciónhttps://t.co/8emzudfMxU
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) May 24, 2022
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, de 2016 a 2020, 3 mil 732 personas migrantes manifestaron haber sido víctimas de delitos en su tránsito por México, principalmente robo y la extorsión, tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la libertad como secuestro y retención ilegal. El 44% de los delitos contra personas migrantes reportados se cometieron en el estado de Chiapas.
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El papel de la Guardia Nacional se ha vuelto más relevante en el control migratorio a partir del aumento de su estado de fuerza inicial, que en agosto de 2019 era de 56 mil 191 elementos y creció hasta 113 mil 833, es decir, un 102%. Además, el 85% de ellos carece del certificado único policial y 27 de los 32 generales que dirigen la institución en los estados no han sido certificados en la función policial, como ha publicado Animal Político.
Hasta enero de 2022, el Gobierno de México había desplegado 28 mil 397 elementos para la ejecución del Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur, de los cuales 13 mil 663 corresponden al Ejército, 906 a la Marina y 13 mil 828 a la Guardia Nacional, que representan un 19.11% del total.
“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, apunta el documento.
Criterios racistas, ilegalidad contra solicitantes de asilo y violencia hacia mujeres
El informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México” precisa que de 100 entrevistas realizadas para la investigación, 32 personas afrodescendientes y africanas aseguraron que los cuerpos de seguridad usan criterios raciales para detener y obligar a las personas a demostrar su estancia regular en el país.
“Las personas entrevistadas nos informaron que, durante las interacciones con elementos de la Guardia Nacional, es común que éstos utilicen insultos raciales y les estigmaticen como criminales basándose en criterios racistas. Estas acciones son contrarias a la prohibición constitucional de la discriminación”, señala el informe.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la utilización de perfiles raciales es “una acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o protección y está motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento o una combinación de estos factores y no en sospechas objetivas”.
Las autoridades actúan de forma contraria al deber de respetar el derecho a la no discriminación cuando detienen a personas, presumen su estatus migratorio irregular o la falsedad de sus documentos con base en su color de piel.
En tanto, en lo relativo a personas solicitantes de asilo, el informe consigna dos modalidades de detención de las personas: “La primera consiste en interceptar a personas solicitantes de asilo en operativos móviles, detenerlas y exigirles que se suban a autobuses que los transportaran a la frontera con Guatemala. En los operativos documentados hubo participación de la Guardia Nacional y del INM. En la segunda modalidad, la Guardia Nacional detiene a personas solicitantes de asilo y con tarjetas de visitantes humanitarias por considerar que son falsas o creer que la persona va a escapar”.
A quienes viajaban con niñas y niños, el INM les negó además la petición de dialogar para revisar su situación. Por ello, en el caso de personas solicitantes de asilo detenidas por la Guardia Nacional, además de hacerlo de manera ilegal, se incumple con la prohibición de una práctica prohibida, las expulsiones colectivas, en las que no se realiza un análisis razonable y objetivo de las circunstancias individuales de cada persona antes de proceder a su retorno.
En las detenciones de personas migrantes, las prácticas racistas ya mencionadas pueden también confluir con discriminación por razones de género, lo que resulta en violaciones de derechos humanos producto de la intersección de diversas formas de vulnerabilidad social.
“Durante los trabajos de monitoreo a estaciones migratorias y estancias provisionales realizados por el equipo de Sin Fronteras a lo largo de 2021, se detectaron dos casos de violencia perpetrada por elementos de la Guardia Nacional en contra de mujeres migrantes, uno de violencia sexual y otro de persecución e intimidación con el uso de armas de fuego”, describe el informe.
Los casos fueron identificados en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y llamaron la atención de la organización debido al patrón de violencia institucional ejercido por los elementos de la corporación. Las actividades de monitoreo de Sin Fronteras IAP permiten, además, detectar que no son aislados, sino cada vez más comunes en los procesos de control y verificación migratoria por parte de la Guardia Nacional y el INM.
“Demuestran el incumplimiento del Estado Mexicano de respetar los derechos de las mujeres migrantes, quienes se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad debido a la intersección de múltiples factores de discriminación estructural. Es común que, cuando las mujeres migrantes llegan a México o transitan por el país, sean víctimas de diferentes formas de violencia sexual, ya que esto se presenta a lo largo de la ruta migratoria regional y puede repetirse múltiples veces”, indica el documento.
Aunado a lo anterior, el informe precisa que la Guardia Nacional solo reconoce un caso de uso excesivo de la fuerza y no ha entregado en su totalidad los informes de los 263 eventos reportados en los que recurrió a ésta, lo cual refleja la negativa de las autoridades a rendir cuentas en torno a hechos violatorios de derechos humanos, además de perpetuar este tipo de acciones.
“México no está cumpliendo con los parámetros de derechos humanos de las personas migrantes detenidas, que exigen que el personal de custodia sea miembro de una institución civil, siendo expuestas a graves riesgos de vulneraciones a sus derechos al ser custodiadas por una entidad que posee características militares”, concluye el informe.
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