Opinión: El cartel de los petroleros ricos se sigue haciendo más rico: Estados Unidos debería demandarlo

EL CONGRESO DEBERÍA PERMITIRLE AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEMANDAR A LA OPEP POR VIOLAR LEYES ANTIMONOPOLIOS.

Durante más de dos décadas, el Congreso ha contemplado un proyecto de ley que le permitiría al Departamento de Justicia demandar a miembros de la OPEP por violar leyes antimonopolios tras conspirar para controlar el suministro y el precio del petróleo.

El miedo de Estados Unidos ha sido un obstáculo crucial en los esfuerzos para aprobar esta legislación. El miedo a que la OPEP, en respuesta, imponga un embargo a las exportaciones de petróleo, como lo hizo en la década de 1970. El miedo a “las interrupciones en el suministro del petróleo y una escalada en el precio de la gasolina, el gas natural, el combustible para la calefacción doméstica y otras fuentes de energía”, en las palabras de un comunicado que emitió el gobierno del presidente George W. Bush en 2007, cuando el mandatario amenazó con vetar una medida similar. Y el miedo a que los miembros de la OPEP socaven al dólar con la venta de su petróleo en otras monedas, como amenazaron con hacer en 2019.

El mundo ha cambiado en las dos últimas décadas y ahora Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, gracias a su capacidad de esquisto, y la legislación de nuevo se está deliberando en el Congreso. Se ha informado que la versión más reciente del proyecto de ley, conocido como NOPEC (las siglas en inglés para la ley No a Los Cárteles de Producción o Exportación de Petróleo), ha pasado por los comités del Senado y la Cámara de Representantes. Está listo para someterse a votación y por fin ha llegado la hora de aprobarlo. ¿Por qué ahora? Hay dos razones.

Una es Rusia. Rusia es un aliado de la OPEP, la cual está conformada por trece países ricos en petróleo. La capacidad de la organización para aumentar los precios del petróleo en combinación con Rusia, uno de los principales productores del mundo, ayuda a avivar la maquinaria de guerra rusa. Una ruptura en el cartel podría ayudar a derrocar la economía de Rusia.

La otra razón son los altos precios del bombeo. Con una ruptura en el cartel, aumentará la producción de petróleo. Esto implica que los precios disminuirán.

Desde que se formó la OPEP en 1960, a los observadores de la industria les ha preocupado que la coordinación entre los principales países productores de petróleo afecte los mercados del petróleo y otros productos derivados de este de la misma manera en que otros carteles afectan sus mercados, restringiendo la producción y aumentando el precio por encima del nivel competitivo, lo cual perjudica a los consumidores y beneficia a los productores.

Estas inquietudes tan solo se han agravado. La efectividad de la OPEP disminuyó durante un tiempo, pero, conforme más países se han sumado al cartel o se han aliado con él, este se ha vuelto más eficaz para controlar la producción de productores de petróleo que de otra forma habrían competido entre sí. Y no nos debe tranquilizar la noticia del jueves de que la OPEP y sus aliados aumentarán más de lo que habían planeado el suministro de petróleo para julio y agosto, después del cabildeo de la Casa Blanca.

Para cualquier otra industria, la ley antimonopolio de Estados Unidos, desde sus primeros días en el siglo XIX, condenó de ilegales per se a los carteles que fijan precios, sin ninguna justificación. Esta condena se ha utilizado tanto para los carteles nacionales como para los internacionales. El Departamento de Justicia ha perseguido a los carteles internacionales desde finales de la década de 1930 y con un vigor particular en el siglo XXI. El juez Antonin Scalia expresó de manera concisa la visión política subyacente cuando escribió para la Corte Suprema en 2004 que la colusión relacionada con los precios es “el mal supremo de la política antimonopolios”.

¿Qué haría esta legislación? Técnicamente, el proyecto de ley resolvería los obstáculos legales que impiden demandar a los miembros de la OPEP, sus petroleras propiedad del Estado y a otros países y productores privados por participar en el cartel del petróleo. Por ejemplo, la ley dejaría en claro que la OPEP y sus empresas petroleras no podrían usar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para bloquear el litigio del Departamento de Justicia.

Solo el Departamento de Justicia podría encargarse del cumplimiento de la ley, con libre criterio para enjuiciar penalmente a la OPEP, buscar una medida cautelar civil para detener las actividades del cartel o no hacer nada.

La posibilidad de que se atribuya una responsabilidad penal —encarcelamiento para quienes dirijan el cartel y multas considerables para miembros de la OPEP y sus empresas petroleras estatales— podría tener un impacto significativo en las operaciones actuales del cartel. No cumplir con cualquiera de las medidas cautelares también podría derivar en procedimientos de desacato y fuertes sanciones. Es probable que los ministros del petróleo se la piensen dos veces antes de reunirse con los de países rivales para decidir cuánto petróleo producir y exportar a Estados Unidos. Sin el cartel, los intereses individuales y las leyes de la oferta y la demanda estarían bajo control. Los productores serían libres de bombear más petróleo, aumentar el suministro y vender más mientras disminuye el precio.

Durante un cuarto de siglo, el Departamento de Justicia ha tenido un historial exitoso al momento de procesar a carteles internacionales y obtener jurisdicción sobre ciudadanos extranjeros. Los jueces federales les han impuesto multas a esas empresas y han sentenciado a sus empleados a cumplir condenas en cárceles estadounidenses. Con el tiempo, los países han aceptado cada vez más la competencia, han involucrado a sus fuerzas del orden para bloquear a los carteles internacionales e incluso han aceptado el encarcelamiento de sus ciudadanos en Estados Unidos.

Este historial nos hace creer que el temor a las represalias de la OPEP está fuera del lugar: muchos miembros de la OPEP entienden los beneficios de diversificar sus economías y participar en el comercio internacional más allá de la producción del petróleo. Las represalias económicas tan solo obstaculizarían esos esfuerzos. A pesar de esto, hace poco, una vocera de la Casa Blanca expresó preocupación en torno a las “posibles implicaciones y consecuencias accidentales” de la legislación.

Usar las leyes antimonopolios en contra de los participantes del cartel internacional del petróleo se alinearía con el cumplimiento de una antigua política antimonopolios. Es difícil concebir por qué, como un asunto concerniente a una política antimonopolios, el petróleo debería ser tratado distinto a la potasa, la lisina, las vitaminas, el transporte en aerolíneas, los chips de computadora, las autopartes o cualquier otra industria internacional cuyas actividades para fijar precios han enfrentado un litigio antimonopolios de Estados Unidos cuando los consumidores y las empresas estadounidenses se han visto perjudicados.

La NOPEC debió haber sido ley desde hace mucho.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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