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La oposición ayudó con el quórum y arrancó la sesión por el Presupuesto 2023

A casi un mes de haberse iniciado el debate en comisión -con la presencia del ministro de Economía en Presupuesto y Hacienda el 28 de septiembre- se debate este martes en el recinto de la Cámara baja el proyecto de ley de leyes: el Presupuesto 2023.

Con el antecedente del rechazo del anterior proyecto, en diciembre del año pasado, las perspectivas para este debate son diametralmente opuestas, pues en esta oportunidad el debate en comisión no solo fue extenso, sino que también tuvo un tono en líneas generales cordial, en cuyo marco el Gobierno no solo permitió la presencia de una veintena de funcionarios, sino también habilitó numerosas modificaciones.

La expectativa es grande, no solo porque pueda conseguirse la aprobación en general, que se descuenta -con votos propios, de aliados y algunos opositores que así lo adelantaron-, sino sobre todo por el debate en particular, que tendrá lugar en la mañana de este miércoles, por la intención adelantada de parte de la oposición de voltear algunos de los proyectos más controversiales.

El debate se inició a las 13.44 -un poco más tarde de lo previsto para garantizar la presencia de diputados que venían con los vuelos demorados-, en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.

Las polémicas

Está dicho que uno de los temas que más polémica generó en este debate es la inclusión de un artículo anunciada el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. "Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones", expresó el entrerriano ese día.

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La modificación consta en el artículo 100, que señala "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley".

El proyecto estableció además una "cláusula gatillo" sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que "si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre".

"El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso", puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará "voltear" en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.