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El país, con precios en la dimensión desconocida

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“Todo es posible en la dimensión desconocida”, advertía el presentador de la serie televisiva de los años ‘60 que con el correr de las décadas se convertiría en una obra de culto. Esta frase bien podría aplicarse a la enorme disparidad de precios surgida de la altísima inflación que padece nuevamente la Argentina por repetir una y otra vez los episodios de otras décadas.

Hay tantos precios para los mismos productos o servicios –libres y regulados– que, al final de cuentas, no hay precios que sirvan como referencia. Nadie sabe a ciencia cierta si resultan caros o baratos porque siempre habrán de aumentar. Otro tanto ocurre con el dólar, la moneda para preservar ahorros y unidad de cuenta recurrente para fijar precios de lista ante la continua desvalorización del peso.

Este fenómeno crónico responde a la misma secuencia macroeconómica. Desde hace 15 años, el aumento del gasto público resulta imposible de cubrir con ingresos tributarios genuinos, con lo cual aumentan el déficit fiscal y cuasifiscal, la deuda pública y/o la emisión para financiarlo; genera mayor inflación y distorsiones de precios relativos (tipo de cambio, tarifas, salarios) que ensanchan la brecha cambiaria y crean expectativas de devaluación que impulsan el refugio en el dólar o subas preventivas de precios para cubrir inciertos costos de reposición. Aun así, Cristina Kirchner desconoce esta dinámica inflacionaria, ataca los efectos al exigir que el Gobierno discipline a los empresarios y aumenta la incertidumbre al no admitir las causas políticas y económicas que producen infinidad de distorsiones:

Dólar: El cepo se combina con múltiples tipos de cambio oficiales y financieros en el extravagante esquema que rige desde fin de 2019. Si quienes acceden al restringido cupo mensual de “dólar ahorro” o “turista” a $ 213 (con recargos impositivos) los vendieran en el banco donde deben depositarlo, recibirían $ 122,5 al tipo de cambio oficial, el mismo que se aplica a la compra de pasajes y consumos con tarjeta en el exterior. Pero si retiran los billetes para venderlos en el mercado paralelo obtienen unos $222; o sea 81% más. Como muchos viajeros y turistas extranjeros también tomaron nota de esta brecha, suelen evitar pagos con tarjeta y los dólares que cambian a la cotización del blue no ingresan a las reservas del BCRA.

• Como contracara, el “dólar soja” equivale a poco más de $83 tras la unificación de derechos de exportación. Pero productores e industriales compran insumos importados con precios en pesos que se ajustan por dólar contado con liquidación ($237) o MEP ($231) ante el riesgo de mayores restricciones y/o un salto del tipo de cambio oficial. Esta brecha, en torno de 90% es además un incentivo para anticipar importaciones y pagos de préstamos financieros o demorar la liquidación de exportaciones. También para maniobras de subfacturación o sobrefacturación, que acentúan el drenaje de reservas del BCRA.

• Aunque en lo que va de junio el dólar blue subió 9,1% (más del doble que la nueva tasa de interés de 4,4% mensual para plazos fijos a 30 días), en los últimos 12 meses aumentó la mitad de la inflación acumulada (34,5%). Por su lado, el dólar mayorista tuvo un ajuste de sólo 29,8% en el mismo lapso a través de las minidevaluaciones diarias del BCRA.

• Tarifas: Al atraso cambiario se agrega el tarifario, con dos situaciones insólitas que revelan un alto grado de improvisación y descoordinación oficial.

• Una es que los usuarios residenciales de electricidad (en el AMBA) y de gas por redes desconocen cuánto pagarán por sus consumos con los ajustes diferenciales (por tres niveles de ingresos) que rigen desde el 1° de junio. Si bien fueron anunciados hace 9 días, las distribuidoras aún no recibieron los nuevos precios mayoristas ni los cuadros tarifarios oficiales. Por lo tanto, no podrán enviar antes de agosto las facturas ni saben si incluirán ajustes retroactivos.

• Otra es que todos los usuarios –especialmente de ingresos medios– deberán registrarse mediante una declaración jurada para evitar la quita de subsidios. En caso contrario, serán alcanzados por la eliminación total dispuesta para el segmento de 10% con mayor capacidad de pago, que tampoco saben qué aumento deberán afrontar con tarifa plena, aunque estimaciones privadas lo ubican entre 150 y 300% con respecto a diciembre de 2021.

• Un problema es que el formulario de DDJJ para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no había sido publicado hasta ayer en el sitio web argentina.gob.ar/subsidios. Otro, que la solicitud de exención será considerada dentro un plazo de180 días y subsisten muchas dudas, entre ellas, cómo se considerarán los consumos comunes en edificios de departamentos.

• Con este sistema de “autogestión”, el Gobierno busca en realidad armar una base de datos que evidentemente no dispone sobre los niveles medios. También creó el Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) para determinar la composición cualitativa y cuantitativa de 14 millones de usuarios e integrarla al sistema nacional de identificación tributaria y social (SINtyS). A los efectos prácticos, cada usuario es un medidor ya que no se requiere ser titular del servicio de luz y gas.

• Gasoil: El problema de la escasez es más complejo. Pese al aumento de 12% promedio aplicado a mediados de junio, los precios de venta se ubicaron entre $126 (común) y $ 165 (Premium) pero llegan hasta $ 250 en distintos puntos del país, ya que la producción no llega a cubrir el récord de demanda interna, incrementada en las zonas fronterizas.

• Como demorado paliativo, el Gobierno también modificó por DNU la ley que en 2021 redujo la mezcla obligatoria con biodiesel a 5% y prohibía a las grandes empresas exportadoras vender en el mercado interno. Ahora la elevó por 60 días a 12,5% de los cuales 7,5% será cubierto por pymes que tienen precio regulado en pesos con un sendero ascendente y 5% por las exportadoras a precio libre con un tope que no puede superar la paridad de importación de gasoil al tipo de cambio oficial. Esta medida genera roces, ya que entre las grandes empresas circulan versiones de que un grupo pyme ligado a Máximo Kirchner maneja 10 plantas que concentran una cuota mensual de 60% del mercado y venden a precios más altos que el gasoil importado.

• Cigarrillos: Si bien la AFIP publica en su sitio web los precios de venta al público de cada marca, desde hace algunos años los kiosqueros pasaron a cobrar por su cuenta un extra de $10 a $40, en una suerte de “privatización informal” de parte de la presión impositiva de cada atado (que asciende a 75%) y sólo unos pocos venden a precio oficial. Lo llamativo es que las tiendas YPF Full acaban de sumarse a esta tendencia con un cargo de $22 por “servicio cigarrillo de 20″, con factura, que equivale al 8% del precio.

• Consumo masivo: La canasta fija de 30 productos que monitorea esta columna en la misma sucursal de una cadena de supermercados, muestra en la tercera semana de junio una suba interanual de 81,6%, ya que el ticket suma $17.924 frente a $9866 del mismo mes de 2021. Hubo alzas en 25 rubros, especialmente en productos frescos (carnes, quesos, frutas y verduras), aunque en ningún caso se llegó al precio de $1000 el kilo de lechuga que se verificó en algunas verdulerías. Aun así, se mantienen las ofertas por cantidad (70/80% de descuento en la segunda unidad) y aparecen algunas sorpresas, como que el litro de Coca Cola puede costar de $67 a $196 según el tamaño del envase; un paquete de fideos guiseros de la misma marca $155 o $238 según la variedad y que el azúcar en Precios Cuidados fue reemplazada por otra marca de calidad “superior” a $145.

Sin embargo, el dato más dramático es que si se compara el ticket de este mes con el de 2007 ($242), la canasta arroja en 15 años una suba de nada menos que ¡7300%!

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