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Un panel independiente concluye que Ramaphosa pudo violar las leyes de anticorrupción

Johannesburgo, 30 nov (EFE).- Un panel independiente designado por el Parlamento de Sudáfrica halló pruebas de el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, pudo violar leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte), según un informe publicado este miércoles.

El panel de tres miembros, liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, fue nombrado en agosto pasado por la presidenta de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), Nosiviwe Mapisa-Nqakula, para analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, en inglés) en junio de este año.

EL ATM pedía una investigación parlamentaria sobre la destitución del jefe del Estado en relación con el citado escándalo.

El partido acusa a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.

El panel, que entregó hoy su informe a Mapisa-Nqakula, señaló que, "a la luz de toda la información presentada", esta información revela "prima facie" ("a primera vista") que el presidente pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción.

Ramaphosa también pudo haber incurrido en "mala conducta grave" al actuar de una manera "incompatible con su cargo" y exponerse a una situación que implicaba un "conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados".

El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

"Niego categóricamente que haya violado este juramento de alguna manera, y de igual manera niego que sea culpable de cualquiera de las acusaciones en mi contra", respondió Ramaphosa en un comunicado emitido por la Presidencia sudafricana.

El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.

Las acusaciones también incluyen el presunto secuestro de los ladrones e intentar sobornarlos para ocultar el robo.

El pasado 21 de junio, el principal partido de la oposición, la liberal Alianza Democrática (AD), anunció que había pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense indagar en el caso.

La Presidencia sudafricana ya negó el mismo junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día -sin especificar la suma-, al aclarar que acaeció mientras Ramaphosa participaba en una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba.

"El presidente Ramaphosa se mantiene decidido a liderar la lucha contra la corrupción, restaurar la integridad y la capacidad de las instituciones públicas y superar el legado de la Captura del Estado, y no se dejará disuadir por campañas de desinformación", apuntó entonces la Presidencia en un comunicado.

La conocida como "Captura del Estado" es una gran investigación sobre la presunta corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras el antecesor de Ramaphosa, Jacob Zuma, fue presidente (2009-2018).

(c) Agencia EFE