Paradojas del apagón: el mercado ve más probable la suba tarifaria que la reestatización

Ya es un clásico ante cada ola de apagones: surgen las protestas desde los extremos del arco político, la izquierda pidiendo la reestatización y los ortodoxos del mercado reclamando el "sinceramiento" de las tarifas y el fin del intervencionismo estatal. Lo curioso de este verano es que ambos extremos coinciden en quejarse por el costo que los subsidios al sistema eléctrico suponen para el Estado sin que ello se refleje en una mejora del servicio.

Es en ese punto donde aparece el gran interrogante sobre la consecuencia política de los últimos apagones: ¿resultarán finalmente funcionales al pedido de las empresas y del propio ministro de economía, Martín Guzmán, que quiere bajar en al menos medio punto del PBI el gasto en este rubro -dicho en otras palabras, acelerar la suba tarifaria-?

A juzgar por la reacción del mercado de capitales, los inversores parecen estar más convencidos de la probabilidad de subas tarifarias que de la estatización. En un contexto de volatilidad para todas las acciones, las empresas vinculadas a la energía no tuvieron una performance que desentonara con el promedio. De hecho, hubo jornadas en las que la ADR de Edenor recuperaron 5%, en plena crisis de furia de los usuarios. Y la semana pasada, la empresa comandada por el trío Vila-Manzano-Filiberti hasta terminó siendo la "mosca blanca" que terminó con su cotización en alza, en un contexto en que el Merval caía 2,2% en dólares y el riesgo país se disparaba por encima de 1.900 puntos.

Para muchos analistas del mercado, esta situación sólo tiene una interpretación posible: la posibilidad de la estatización de las empresas eléctricas está descartada, aun cuando haya aumentado el ruido político en torno al tema.

Los inversores parecen estar más convencidos de la probabilidad de subas tarifarias que de la estatización

Motivos para no estatizar

Hay varios motivos que abonan esa argumentación:

• El primero, naturalmente, es el contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Un gesto político abiertamente anti empresa exacerbaría la visión negativa sobre el país y prácticamente sepultaría las chances de una solución amistosa al problema de la deuda. Para peor, expondría nuevamente al país a juicios internacionales ante el tribunal del Ciadi, lo cual indirectamente agrandaría el monto potencial a pagar por obligaciones externas.

• Además, una estatización implicaría dar una marcha atrás en el esquema de negocios preferido por el peronismo, el que mantiene a empresarios amigos al frente de las empresas, con cintura política para negociar intercambios de favores con Gobiernos y sindicatos. Edenor es el ejemplo más claro desde el cambio de manos ocurrido hace un año, cuando un grupo de empresarios estrechamente vinculados a Sergio Massa compró por apenas u$s100 millones el 51% de la empresa que controlaba el grupo Pampa.

• En aquel momento, sorprendió la cifra, que parecía irrisoria para la mayor distribuidora eléctrica del país, con licencia para dar servicios a unos tres millones de clientes en una zona de 4.637 kilómetros cuadrados, donde por otra parte vive la población de mayor consumo y poder adquisitivo. Y el detalle más comentado de la operación fue el ingreso de Filiberti, un empresario sin experiencia en el sector eléctrico, pero muy experimentado en negociaciones con el Estado, dada su condición de proveedor de cloro para Aysa, la compañía presidida por la esposa de Massa.

• Desde el punto de vista financiero, la estatización puede implicar la compra de un problema. Después de todo, Edenor es una empresa que en su último balance reportó pérdidas por $11.000 millones, una cifra con tendencia a empeorar en la medida en que los costos sigan creciendo a mayor velocidad que los ingresos por tarifas.

• Hay, finalmente, fuertes motivos de pragmatismo político para mantener las eléctricas en manos privadas. Una estatización supondría que el Gobierno pase a ser el responsable directo por los cortes que inevitablemente seguirán produciéndose, a diferencia de lo que ocurre hoy, cuando puede asumir el rol de "castigador" mediante las multas que impone el Enre.

Los expertos en comunicación política no vacilan en afirmar que el Gobierno sería el primer perjudicado si cambiara radicalmente la situación actual. "Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner nunca pensaron seriamente en estatizar a las empresas eléctricas: así como los Precios Cuidados no son otra cosa que una estrategia comunicacional para desplazar la culpa de la inflación de la política económica de Gobierno hacia las empresas; es mejor que una empresa privada funcione de 'pararrayos' de la bronca de los usuarios por los cortes", argumenta Diego Dillenberger, para quien el servicio eléctrico es "la tumba del relato del Estado presente".

El Gobierno sería el primer perjudicado si cambiara radicalmente la situación actual

La tentación del kirchnerismo

Sin embargo, aun cuando existan motivos poderosos para mantener la electricidad en manos privadas, también es cierto que el Gobierno empieza a sentir la presión interna en la propia coalición del Frente de Todos. Referentes del kirchnerismo han salido a reclamar, a título personal, que se revise la política de concesión a privados.

A diferencia de otras épocas -como en 2013, cuando el kirchnerismo justificaba los cortes de luz con el argumento de que la economía estaba creciendo a "tasas chinas" y al sistema le costaba seguirle el ritmo al crecimiento industrial y al consumo hogareño que agotaba los stocks de aires acondicionados- ahora no se puede camuflar la realidad: por falta de inversión en mantenimiento, las principales empresas eléctricas no tienen una red capaz de soportar la exigencia de temperaturas extremas. Y esta situación está abonando el terreno para los reclamos radicalizados.

Por caso, días atrás hubo manifestaciones de sindicatos y organizaciones de defensa del consumidor que, frente a la sede de Edesur, pidieron la estatización "por 30 años de incumplimiento".

Se destacó en particular la intervención de Daniel Catalano, dirigente gremial de ATE a quien se califica como cercano al kirchnerismo, quien tuvo una expresiva definición: "Estamos pagando una torta de plata por un servicio de porquería".

De momento, la cúpula kirchnerista no da señales de estar totalmente convencida. A diferencia de lo ocurrido en 2012 con la reestatización de YPF, que contribuyó a la épica del "relato" y llegó a contar con un apoyo popular superior al 85% en las encuestas, este caso es más complejo y con mayores costos potenciales ( tanto económicos como políticos).

De hecho, el kirchnerismo hizo un tanteo al respecto en julio de 2020. Un grupo de intendentes del conurbano salió, en forma coordinada, a pedir la estatización de Edesur, bajo el lema "La luz es un derecho". La movida ocurría en medio de una pelea entre la empresa y los municipios, que se acusaban mutuamente de ser responsables de cortes en la zona sur.

Pero el detalle importante es que en ese momento una encuestadora vinculada al Instituto Patria salió a medir el humor de la opinión pública ante una eventual estatización. Los resultados no se dieron a conocer pero, sugestivamente, la ofensiva de los intendentes se diluyó sin que el Gobierno haya tomado el tema Edesur como prioridad política.

Alberto, en otra situación incómoda

Acaso la persona más incómoda con esta situación sea Alberto Fernández, que una vez más debe jugar el rol de la moderación que tanto irrita a sus socios kirchneristas.

Lo cierto es que al Presidente no le gustan esas propuestas extremas y en el fondo siempre se arrepintió por su error de cálculo con la cerealera Vicentín. Como él mismo admitió, creyó que esa estatización sería recibida con aplausos por parte de los pequeños productores que habían sido perjudicados por la crisis financiera de la empresa, pero se encontró con una masiva reacción negativa de una clase media rural que vio amenazado su estilo de vida, y lo hizo saber en las urnas de forma contundente.

En el plano de la energía, ha demostrado en varias ocasiones su intento de acercamiento a las empresas. Ha elogiado públicamente a Marcelo Mindlin en una inauguración de una planta de Pampa, por ejemplo, y destacó los avances en la producción de gas en el marco del nuevo plan de incentivos.

Ahora, aparece de nuevo entre dos fuegos. Y todo indica que su tarea más difícil será la de argumentar en la interna de la coalición sobre la necesidad de autorizarles más tarifas a esas mismas empresas a las que el kirchnerismo acusa de mala gestión y hasta de haber fugado los fondos que recibía del Estado.

Se vuelve a dar la ironía, como ya ocurrió en la discusión presupuestaria, de que La oposición macrista es la que aparece más cercana al plan "ortodoxo" de Guzmán, mientras que es en el núcleo duro del kirchnerismo donde se ven las mayores resistencias hacia un incremento tarifario.