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Ciudad de Panamá, 2 nov (EFE).- El Parlamento de Panamá desistió este jueves de derogar un controvertido contrato ley minero, que ha generado una crisis interna con las mayores protestas callejeras en décadas y pérdidas millonarias, para que sea la Corte Suprema la que determine su futuro al fallar sobre su alegada inconstitucionalidad.
Con 63 votos a favor, 1 contra y 1 abstención, la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y amplia mayoría oficialista, aprobó en la segunda de tres discusiones obligatorias la eliminación del artículo 5 del proyecto legislativo 1110, el cual derogaba el contrato ley.
Fueron los mismos diputados quienes introdujeron este artículo en la propuesta legislativa, presentada por el Ejecutivo para establecer una moratoria a la minería metálica, y se esperaba que la aprobaran este jueves en tercer y último debate, pero resolvieron bajar el proyecto a segunda discusión y eliminar la derogatoria.
"Con la votación en segundo debate al proyecto de ley 1110 declaro clausurada esta tercera legislatura extraordinaria del período constitucional 2019-2024", dijo el presidente del Parlamento, Jaime Vargas, por lo que la aprobación definitiva debía darse a partir de enero próximo o en nuevas sesiones extraordinarias que convocase el presidente panameño, Laurentino Cortizo, como hizo horas después.
Cortizo, en un mensaje en la red social X (antes Twitter), anunció que había convocado "a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias el día viernes 3 de noviembre" para considerar el proyecto que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica.
Esa Ley de Moratoria podría quedar aprobada mañana en el Parlamento en el tercer y definitivo debate, pero ya sin incluir en el texto la derogación del polémico contrato minero, que queda ahora en manos de la Corte Suprema.
Inconstitucionalidad, o no
El cambio de los diputados se dio al tiempo que sectores ambientalistas y expertos en derecho alertaban que derogar por la vía del Parlamento el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, dejaba prácticamente indefenso al Estado frente a las previsibles reclamaciones de la empresa dado los términos leoninos del acuerdo.
Grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión desde hace años aseguran que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el futuro del contrato minero mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.
Los activistas aseguran que el nuevo contrato ley adolece de los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017, más de 8 años después de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) panameño presentara un recurso en ese sentido.