Partidos, entre la queja y el repudio

El fallo de Thomas Griesa a favor de los fondos buitre generó ayer reacciones diversas del espectro político. Al margen del previsible alineamiento con la postura de la Casa Rosada de los legisladores del FpV, hubo comportamientos diferentes en los partidos opositores.

Del lado del PRO y del peronismo disidente, los legisladores que conforman Grupo de Acción Política para la Unidad (GAPU) aseguraron que el fallo «pone a la Argentina en una situación extremadamente difícil» pero, en paralelo, consideraron que el Gobierno debe «moderar su discurso».

A través de un comunicado, los diputados Gabriela Michetti, Paula Bertol, Humberto Schiavoni y Federico Pinedo (PRO); los peronistas opositores Eduardo Amadeo y Eduardo Mondino; y Patricia Bullrich, de Unión por Todos, entre otros, sostuvieron que la Casa Rosada debe «reflexionar» sobre sus futuras medidas. «No hay ninguna razón económica para que nuestro país sufra este problema, a no ser por la imprudencia verbal y la falta de responsabilidad de algunos dirigentes», precisaron los legisladores al tiempo que instaron a «la Presidenta, a sus ministros y voceros, a tomar conciencia de la gravedad del momento, a moderar su discurso, reflexionar sobre sus responsabilidades». Además recomendaron a la Casa Rosada «saber escuchar a quienes puedan aportarles ideas constructivas en este complejo momento».

Más duro fue el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, quien consideró que el Gobierno de Cristina Kirchner «buscó» el fallo desfavorable porque con eso «tapa» los problemas internos del país. Aseguró, además, que el magistrado de los EE.UU. dio «una oportunidad de meter a los fondos buitre en el canje» a la Argentina hasta antes del fallo en el que ahora obliga al país pagar el 100% de la deuda. «Lo único que tenía que hacer el Gobierno era decir que le iba a pagar proporcionalmente a lo que les pagará a las personas que entraron en el canje. Ante esa oportunidad única de cerrar el tema y abrir la oportunidad a nuestras empresas de financiarse afuera, hicieron enojar al juez y dijeron que no iban a acatar el fallo», precisó.

En tanto, desde la UCR y el FAP la postura se orientó hacia cuestionar, esencialmente, el fallo de Griesa.

El diputado radical Ricardo Alfonsín consideró que el fallo es «lamentable» y dijo que «espera que pueda ser revisado en la apelación» que presentará el Gobierno nacional. «Es lamentable y puede tener implicancias muy negativas para cualquier país que se encuentre en situaciones de emergencia económica o financiera», aseguró el excandidato a presidente.

Para el legislador, la resolución judicial «es de una injusticia y exageración tal que contraría el sentido común, que también es fuente del derecho».

Por su lado, Claudio Lozano, legislador del FAP, advirtió que «sería un disparate» acatar el fallo porque eso obligaría al país volver a negociar con los bonistas que aceptaron el canje.

«Si nosotros le hiciéramos caso al juez», que ordenó pagarles a los fondos buitre, «estaríamos necesitados de volver a reabrir la discusión con el resto de los acreedores porque la cláusula que el canje tenía era que si se establecieran mejores condiciones para los tenedores de bonos que no habían ingresado, se trasladaban automáticamente al canje, lo cual sería un verdadero disparate», afirmó Lozano.

Sin embargo, Lozano planteó que la medida judicial reafirma «la necesidad de poner en revisión e investigación la deuda» y «de establecer una suspensión para todos aquellos bonos donde se produjo algo que es ilegal e inconstitucional».

Desde el oficialismo parlamentario el tono subió en línea con lo expresado por Hernán Lorenzino y Julio De Vido, los ministros K que hablaron del fallo.

El presidente del bloque K, Agustín Rossi, dijo que es «criticable y repudiable» la decisión del juez. «Los que quedaron afuera del canje de deuda tuvieron una política permanente de especulación financiera que merece la crítica de toda la comunidad internacional», sostuvo.

En tanto, Ruperto Godoy, senador del FpV, por San Juan, opinó que el fallo «es una decisión que tiene una clara intención de disciplinar a los países en desarrollo y presionar a los países europeos que hoy sufren una fuerte crisis económica».

«No es extraño que ciertos poderes fácticos quieran boicotear este modelo que es una alternativa al ajuste», consideró el senador.

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