Sobre el Plan Federal Agroindustrial: su falla genética y la posibilidad de aplicarle Crispr

En las economías desarrolladas el Estado funciona como un armonizador de los intereses de los distintos stakeholders (o grupos de interés) que conforman la sociedad.

En la Argentina, por razones históricas, las representaciones políticas partidarias se diferencian más en las formas que en el contenido y ello ha dado lugar a la existencia de lo que hoy gran parte de la sociedad denomina “corporación política”.

En los hechos esto se traduce en que el Estado argentino lejos de cumplir el rol de armonizador de los stakeholders de la sociedad se comporta como un stakeholder más, crispando situaciones y dejando una evidente sensación de acefalía sin planes estratégicos a ningún plazo, junto al temor/oportunidad, dependiendo de la situación, de parte del resto de los stakeholders, conscientes de que el Estado, en este rol anómalo que encarnó sigue siendo quien dicta las reglas del juego.

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Esta falla genética del Estado argentino, pone al resto de los stakeholders en situación de acercar sus propios planes estratégicos con intención de convertirlos en política pública, porque una estructura de gobernanza en la que quien dicta las reglas de juego no tiene rumbo y sus decisiones de gobierno parecen todas espasmódicas, es ciertamente peligroso.

El Plan Federal Agroindustrial intenta suplir esa ausencia de mirada estratégica de la gobernanza argentina y en hechos constituye una buena propuesta con muchas ideas interesantes, sin embargo no propone en ningún caso corregir esa falla genética de un Estado stakeholder dentro de su propio país y hasta resguarda sus intereses, que inevitablemente dispara suspicacias.

Un plan y la biología

Es conocido en biología que una falla genética no corregida por los mecanismos de reparación del ADN se replica y puede causar problemas en el organismo que porta esa falla genética, así como en su descendencia. De esta manera, el Plan Federal Agroindustrial plantea mantener por una década más un impuesto profundamente unitario como los aplicados a las exportaciones, mal llamados retenciones.

No reviste ninguna importancia que la propuesta sea gradualista, la falla genética en este caso se encuentra en el propio concepto, proveniente de satisfacer explícitamente los intereses de un Estado degradado a stakeholder, sin entrar a discutir (porque no vale la pena) qué otro stakeholder encuentra sus intereses alineados en esta propuesta.

Quienes formamos parte del sector agroindustrial y somos federales sabemos que estos impuestos distorsivos son altamente efectivos en distribuir federalmente la pobreza. Porque los ingresos que llegan a los factores de producción del interior profundo ya tienen descontados los impuestos a las exportaciones más la brecha cambiaria, lo que suma entre el 60% y el 80% dependiendo de la producción que se analice.

Es decir, los impuestos a las exportaciones establecen un techo muy bajo de ingresos que, en lugar de generar riqueza, distribuyen pobreza por todo el interior federal y los fondos obtenidos por el Estado que no son coparticipables se distribuyen discrecionalmente y, ya sabemos billetera mata galán, cambiando el sentido de representación de quienes dejan de responder a sus votantes.

El sector agroindustrial argentino desde siempre propició el mejoramiento genético en busca de mejores performances productivas. La Argentina es referente mundial en utilización y generación de productos GMO. Resulta difícil de entender cómo más allá de este espíritu innovador y corrector de fallas genéticas se haya propuesto continuar así como si nada, con una grosera falla genética de gobernanza.

Por ahora estamos eligiendo no llamar a la propuesta de referencia Plan Unitario Agroindustrial, por ello proponemos en línea con nuestro espíritu mejorador, aplicar las tijeras Crispr, eliminar las fallas genéticas y convertirlo en un verdadero Plan Federal Agroindustrial que elimine la distribución de pobreza en el interior y a partir de ello trabajar todos juntos en que el Estado deje de operar como un stakeholder más.

Los autores son miembros de SustentiaGroup Consultores