La planificación de la crisis (y también viceversa)

En una nota de marzo de 2004 («Planificando la crisis energética») argumentaba que era paradójico que tengamos que terminar planificando una crisis energética producto de intervenciones de precios que trastornaban a la demanda y la oferta de energía, cuando la solución pasaba por hacer funcionar mejor a las señales de precios. El tono de esa nota advertía que las intervenciones a los mercados energéticos nos estaban llevando cuesta abajo en una espiral de intervención, crisis, más intervención y más crisis. El Decreto 1277 del Poder Ejecutivo luce como un eslabón más en esta ahora nítida secuencia. Visto dentro de ella, puede decirse que sigue una lógica bastante consistente con la línea iniciada en 2003. La lógica, claro está, es tan consistente con la intervención como lo es con la crisis energética, porque una y otra ya son, hace rato, la misma cosa. En el marco de esta observación general se pueden decir tres cosas respecto de esta nueva «innovación» regulatoria.

Mala señal

La primera corresponde al plano institucional que, en toda actividad económica, y en particular en energía, por la naturaleza y magnitud de las inversiones, determina la calidad de las reglas del juego. El Decreto 1277 es una señal horrible para la inversión internacional que el país necesita. En parte por sus contenidos y por la señal antimercado que conlleva. Pero en parte también por la historia de su génesis. Es que el decreto no es algo caído del cielo, sino, nada más ni nada menos, que el decreto reglamentario de la ley de expropiación de YPF. Y aquí aparece un grave problema porque esa ley fue votada en un proceso consensuado cuyo objetivo fue tan acotado que la misma expropiación fue parcial y dirigida a una sola clase de accionistas. Claro está, excepto por el artículo 1, de declaración de interés social en donde se escondía la caja de Pandora que ahora se abre. Igualmente creo que puede afirmarse que el Decreto 1277 va mucho más allá de los objetivos y espíritu de lo que se votó y explota el artículo 1 para producir un big-bang regulatorio en todo el sector hidrocarburífero, con posibles serias consecuencias para empresas y provincias. Además de que, ahora sí queda claro, no se entiende cómo las provincias petroleras y, en términos más generales, la oposición parlamentaria le dieron al Gobierno los instrumentos para algo que se presenta sorpresivamente.

Regulación

La segunda observación se refiere al contenido del decreto dentro de la lógica de la política oficial. El decreto no es simplemente un acopio de capacidad planificadora, sino que se posiciona en una mayor regulación del sector. Es una gran discontinuidad porque consagra o blanquea el desacople a los precios internacionales y el fin de la libre disponibilidad de hidrocarburos. Lo hace al abolir artículos claves de los decretos de desregulación petrolera de fines de los 80 que, es justo reconocer, fueron otro conejo sacado de la galera, por la baja calidad institucional con que fueron concebidos cambios tan importantes para el sector. El decreto es un poderoso instrumento para la definición oficial del plan oficial de todo el sector, trascendiendo el plan de YPF. Esto es algo que se le decía al Gobierno que no se iba a poder definir fácilmente si no se cambiaban las señales de precios. Y aquí está la definición con la que el Gobierno responde, al riesgo de poner en el limbo contractual a las concesiones y llamando a sala de preembarque para la nacionalización a todo aquel que no quiera conformar a la regla. El plan no es una planificación moderna, sino que profundiza lo que los economistas llamamos «comando y control» (que es un término de origen militar). Esta variedad de intervención ha sido en muchos casos el subproducto de una situación de crisis que requiere una rápida asignación y movilización de recursos, para lograr una respuesta de oferta más rápida que lo que puede lograrse con señales de mercado. Es posible que el sondeo y la evaluación posterior a la ley de YPF que las autoridades hayan hecho de la posible respuesta del sector privado los haya asustado y llevado a darse cuenta de que la fabulosa recuperación anunciada no iba a concretarse, dada la extensión del régimen de precios bajos. Si esto es así, es para preocuparse bastante. Porque el tipo de regulación de precios, costos y ganancias que el decreto anuncia no cambia la esencia de las cosas. No cambia los incentivos del sector privado -en rigor los termina aturdiendo del todo- para responder voluntariamente. Sí cambia bastante la capacidad informativa del Gobierno para ejercer o implementar órdenes directas. Pero va al revés de lo que un buen plan requeriría. Excepto que los instrumentos que da el decreto se terminen usando para hacer más creíble el aumento de precios que requiere el sector para movilizar la oferta (es decir, regular agresivamente en la superficie pero en el fondo hacerlo a favor de las empresas), lo cual luce poco factible.



La última observación es que esto debe ser visto sólo como un segundo acto de una obra a la que le faltan el último capítulo y el epílogo. Ni en 2004 ni ahora hay razones para rasgarse las vestiduras. Adaptación va a ser la palabra clave en este juego que viene jugándose entre la energía, el Estado y los mercados desde hace varias décadas en la Argentina. Y falta de adaptación es precisamente lo que ha sido reconocido como el problema central que llevó al colapso de los sistemas planificados en el siglo pasado. Lamentablemente, el revisionismo que hoy impera en la Argentina es arcaico y no moderno. No es planificación del siglo XXI. Porque revisar críticamente la regulación del sector energético -como hoy está ocurriendo en varias partes del mundo, en adaptación a desafíos de medio ambiente, la seguridad energética y la desigualdad o incapacidad de pago- es muy diferente de lo que estamos viendo aquí. Más allá de esto, lo que debe decirse es que el balance y la dinámica desagradable de la oferta y la demanda de energía van a continuar siendo el mismo problema para resolver que lo que era antes de esta decisión.

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