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Estos son los detalles de la nueva acusación contra juez chavista Maikel Moreno

La fiscalía federal del Sur de Florida presentó el jueves nuevos cargos contra el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, acusándolo de participar en una conspiración para lavar en Estados Unidos fondos obtenidos a través de operaciones de extorsión en el país sudamericano, dijeron fuentes con conocimiento de la situación.

Moreno, quien vivió en el sur de la Florida y trató de cometer fraude migratorio antes de convertirse en magistrado del régimen, ya tenía sobre su cabeza una recompensa de $5 millones ofrecida por Estados Estados por cargos de corrupción y había sido sancionado por Washington por ser uno de los colaboradores principales del chavismo en el desmantelamiento de la democracia venezolana.

Aunque dejó de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia en abril del año pasado, Moreno sigue siendo uno de los magistrados de la máxima corte venezolana y un importante aliado del empresario chavista Raúl Gorrín.

Los nuevos cargos contra Moreno están relacionados con sus intentos de tratar de colocar fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela en sus cuentas bancarias de Miami, dijeron las fuentes. También se estima que el magistrado tiene bienes inmobiliarios fuera de Venezuela

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Una declaración jurada previa presentada en el caso de Moreno decía que el juez gastó un millón de dólares en vuelos por aviones privados desde Venezuela a Miami y a otros destinos.

Las autoridades también detectaron compras de $600,000 pagadas con tarjetas de crédito para adquirir artículos de Prada, Ferragamo y otros productos de diseño en tiendas de Bal Harbour. Adicionalmente, Moreno gastó $50,000 en un taller de reparaciones de relojes de lujo en Aventura, y realizó un pago de $40,000 a un director de un concurso de belleza venezolano.

Según la acusación presentada en la corte, Moreno estaba en condiciones de influir en las decisiones judiciales en Venezuela porque estaba facultado para seleccionar a los jueces que escucharían casos en la Corte Suprema y tenía el poder para nombrar o destituir a los jueces en cortes inferiores.

La acusación sostiene que Moreno recibió más de $10 millones en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas. En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano para resolver futuros casos penales en su contra.

Moreno también recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluyendo la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la autorización de confinamiento domiciliario para los acusados, señala la acusación.

También recibió sobornos a cambio de tomar decisiones en casos civiles venezolanos. Estuvo de acuerdo en autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente $100 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta.

Moreno mantenía un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales.

Moreno supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluyendo una villa en la Toscana, Italia, por 2.4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1.5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1.3 millones, y un apartamento en Miami por $1.3 millones. También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda.

El fiscal federal adjunto Michael Berger y los agentes de la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a investigar las actividades de Moreno después de iniciar indagaciones sobre esquemas de sobornos y lavado de dinero entre funcionarios de la compañía petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, y contratistas radicados en Miami y otros lugares.

Cuando Moreno solicitó una visa estadounidense en el 2016, informó en esa época que ganaba $12,000 al año como empleado del sistema judicial de Venezuela. Pero los investigadores descubrieron más tarde que había recibido alrededor de $3 millones en su cuenta de Bank of America en Miami entre el 2012 y el 2016.

Moreno había sido previamente acusado por la fiscalía federal de Miami de hacer uso de su posición como jefe del máximo tribunal del chavismo para “recibir dinero y propiedades a cambio de influencia en los casos civiles y judiciales introducidos en la corte”.

El caso contra Moreno en Miami muestra adicionalmente la estrecha relación que mantiene con el empresario chavista Gorrín, con indicios de que el controversial dueño del canal de televisión Globovisión le entregó enormes pagos de dinero.

Moreno, quien fue agente en los años 1980 de la entonces policía política DISIP, fue arrestado en 1987 por la policía científica PTJ por el homicidio de un joven en Ciudad Bolívar.

Moreno y otros dos funcionarios lograron salir en libertad y Moreno se desempeñaba como escolta del entonces presidente Carlos Andrés Pérez cuando volvió a ser acusado de asesinato, por un tiroteo ocurrido en el centro de Caracas.

Irónicamente, el juez chavista también se codeó por algún tiempo con los opositores venezolanos y con anticastristas refugiados en Miami, donde llegó a contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Según documentos de la corte, Moreno se casó el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana americana residente de Miami.

El matrimonio culminó en divorcio en junio del 2014 y Moreno, que en la actualidad tiene 57 años, se casó muy poco después con Debora Menicucci, una modelo y presentadora de televisión 26 años menor que él y recién fue coronada Miss Venezuela Mundo.