Presidente ecuatoriano Lasso se salva en votación de destitución

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(Bloomberg) -- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sobrevivió a una votación de destitución el martes por la noche después de que un partido de oposición de extrema izquierda no lograra reunir el apoyo de otros grupos más pequeños en el Congreso para derrocarlo mientras su Gobierno realizaba concesiones para calmar la crisis política.

Solo 80 de los 137 legisladores votaron para destituir a Lasso, por lo que el intento de acusación constitucional no logró superar los 92 votos necesarios para remover al presidente de su cargo. Otros 48 legisladores rechazaron la moción y nueve se abstuvieron después de una sesión que duró alrededor de 12 horas e incluyó tres intentos de votación.

“Defendimos la democracia y ahora hay que recuperar la paz”, dijo Lasso en una publicación de Twitter después del recuento final de votos. “Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país”.

Revolución Ciudadana, el bloque más grande en el Congreso, con 47 escaños, buscaba destituir al exbanquero bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, como lo estipula la Constitución de Ecuador.

La supervivencia política de Lasso se produce cuando el Gobierno ofreció concesiones por más de US$600 millones, incluida la reducción de los precios de los combustibles, para tratar de disipar el violento malestar social que paraliza al país andino desde mediados de junio. Su Administración sostuvo negociaciones el lunes con algunos de los grupos indígenas encabezados por la confederación CONAIE, que han estado protestando por el aumento de los precios del combustible y los alimentos.

Un ataque nocturno a un convoy petrolero cerca de Shushufindi cobró la vida de un soldado y dejó siete heridos, dijo el Ministerio de Defensa, lo que llevó a Lasso a cancelar las negociaciones el martes.

“No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén”, dijo el presidente en un breve video alrededor del mediodía, y agregó que solo hablará con “representantes legítimos” de las comunidades indígenas.

Las manifestaciones han interrumpido la producción petrolera y se han convertido en la mayor crisis política para el presidente favorable al mercado, quien asumió el poder hace más de un año con la promesa de estabilizar la economía y promover la inversión extranjera y los acuerdos de libre comercio. Los manifestantes buscan subsidios adicionales a los combustibles, poner fin a los planes del Gobierno de privatizar activos estatales y una moratoria a nuevos proyectos petroleros y mineros, entre un total de 10 demandas.