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¿Qué es el proyecto de Jurisdicción Agraria en Colombia y qué le falta para aprobarse?

Todo parece indicar que el Gobierno cuenta con las mayorías necesarias para lograr aprobar la Jurisdicción Agraria. Imagen: Cortesía Valle Agro
Todo parece indicar que el Gobierno cuenta con las mayorías necesarias para lograr aprobar la Jurisdicción Agraria. Imagen: Cortesía Valle Agro

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La Comisión Primera del Senado de Colombia aprobó con 16 votos a favor y ninguna objeción la Jurisdicción Agraria en su séptimo de ocho debates.

Esta reforma tiene como objetivo establecer mecanismos legales para abordar los problemas relacionados con la posesión y propiedad de la tierra en las zonas rurales del país.

Según la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, este avance garantiza la justicia en las áreas agrícolas colombianas, ya que el proyecto logró integrar diferentes perspectivas provenientes de diversos partidos, incluyendo las opiniones de las altas cortes.

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“Necesitamos que la justicia llegue al campo colombiano para que se tramiten a partir de los procesos judiciales, con el debido proceso, todas las diferencias y discusiones que tenemos sobre las tierras, sobre los baldíos, sobre la propiedad”, explicó Mojica.

¿Qué es la Jurisdicción Agraria?

La implementación de esta Jurisdicción Agraria traerá consigo ventajas, entre ellas, evitar retrasos en la toma de decisiones y brindar seguridad jurídica y certeza en cuanto a los derechos sobre la tierra.

Al respecto, la ministra indicó que “llegó el momento de dignificar a la población campesina. Con esta reforma que reconoce al campesinado como un sujeto de derechos, estamos incorporando todas las directrices que la Asamblea General de Naciones Unidas había dado sobre los derechos de las poblaciones campesinas, rurales y pescadoras”.

Enrique Herrera, experto en desarrollo rural, tierras y agro, explicó en qué consiste la Jurisdicción Agraria: “Tiene como objetivo restablecer los derechos, especialmente el derecho a la propiedad, cuando ha sido violado o afectado de alguna manera. Pero su gran problema es que, si la justicia ordinaria y urbana es congestionada, está sobrecargada, es maleable a la corrupción y demorada; más que solución puede ser un problema porque en vez de acelerar procesos puede atascarlos.”

Además, enfatizó en que “el punto es si la Jurisdicción Agraria va a resolver el problema o no, y creo que no, que son más gastos, más procedimientos y más ineficiencia, pues puede ser resuelto por otros canales.”

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Evitar retrasos en la toma de decisiones y brindar seguridad jurídica y certeza en cuanto a los derechos sobre la tierra. Imagen: MinAgricultura

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Herrera señala la necesidad de examinar el manejo de las reclamaciones de tierras en la Unidad de Restitución de Tierras.

“Este tema requiere atención, ya que las solicitudes de restitución hasta junio de 2020 sumaron 125.000, mostrando una tendencia decreciente en los últimos años. Entre 2012 y 2013, el porcentaje de solicitudes presentadas aumentó del 21 % al 25 %, pero luego disminuyó al 7 % en 2017 y alcanzó apenas el 2 % en 2018. A pesar de esta disminución en el número de solicitudes, se observa un aumento constante en el presupuesto asignado, que pasa de $201.000 millones a $207.000 millones para el próximo año”.

Así va la restitución, corte marzo 2020. Fuente: Forjando futuros
Así va la restitución, corte marzo 2020. Fuente: Forjando futuros

¿Qué le falta para aprobarse?

Para que la Jurisdicción Agraria quede aprobada, únicamente resta que la próxima semana, la plenaria del Senado apruebe la propuesta para que se convierta en ley.

Todo parece indicar que el Gobierno cuenta con las mayorías necesarias para lograrlo, lo que haría de esta una de las primeras en ser avalada antes de completar su primer año de mandato.

En paralelo con la aprobación en penúltimo debate de la Jurisdicción Agraria en el Senado, en la Cámara de Representantes también quedó lista para último debate otra reforma constitucional, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos.

Es clave destacar que no se establecerá un nuevo tribunal en esta jurisdicción, sino que los órganos de cierre serán la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos, y el Consejo de Estado en otros.

Los jueces de primera instancia tendrán la responsabilidad de tomar decisiones sobre una amplia gama de asuntos legales, abarcando tanto temas de derecho civil como de derecho administrativo.

Estos asuntos pueden incluir cuestiones relacionadas con la propiedad, posesión, usufructo, arrendamientos, así como la adjudicación de tierras baldías, licencias de uso de suelo y asuntos ambientales, entre otros.

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