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Rancheros presentan demanda para abolir derechos de trabajadores en Colorado

·3  min de lectura

Denver (CO), 27 jun (EFE).-Una influyente coalición de 13 organizaciones de granjeros y rancheros de Colorado presentaron este lunes una demanda que pide la abolición de una ley estatal, aprobada el año pasado y que entró en vigor este año, que les otorga derechos a los trabajadores agrícolas locales, incluyendo pagos equitativos y el derecho a la huelga.

La Coalición de Empleadores Rurales de Colorado (CCRE) afirma que la ley SB21-087 viola los derechos de los granjeros y rancheros porque exige que se autorice el ingreso sin aviso previo a sus propiedades de “proveedores de servicios clave” para los trabajadores agrícolas.

Entre esos “proveedores” figuran médicos, sacerdotes, abogados y representantes sindicales que llegan por llamado de los trabajadores o para hablar con ellos.

Con base en una decisión del Tribunal Supremo de 2021 que dejó sin efecto una ley de California que les permitía a los obreros del campo crear sus propios sindicatos o unirse a sindicatos existentes, la CCRE dice en su demanda que permitir el acceso de proveedores de servicios equivale a avalar “la invasión de la propiedad”.

“Como dueños de granjas y ranchos, tenemos el deber de proteger a nuestro personal y a nuestras familias. Y también evitar que se lastime a quienes visitan nuestras granjas y ranchos”, indicó la CCRE en un comunicado al anunciar la presentación de la demanda en una corte federal de Colorado.

Eso significa, puntualiza el documento, impedir “la contaminación de la cosecha”, algo que podría ocurrir si los proveedores de servicios no se adhieren “a las estrictas normas que el Gobierno y la industria” imponen a las granjas y ranchos. Esas directivas, opina la coalición, son “incompatibles con personas vagabundeando por nuestras propiedades”.

La demanda no alude a otras exigencias de la ley SB21-087, impulsada por los legisladores demócratas Dominick Moreno y Yadira Caraveo, que les prohíbe a los empleadores tomar represalias contra empleados que los denuncien y exige que esos patrones paguen horas extra (es decir, todo trabajo por encima de 40 horas por semana).

La ley también pide que los empleados gocen de tiempo adecuado para comer y descansar, y que se les brinde acceso a transportes y viviendas. Y se nombra al Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) como la entidad a cargo de supervisar el cumplimiento de la SB21-087.

Hasta el momento, el CDLE no ha hecho declaraciones sobre la demanda, pero en un documento de “reglas finales” sobre la nueva ley emitido el 24 de junio no incluyó la exigencia de permitir el ingreso sin aviso previo de “proveedores de servicios” debido a que la misma ley estipula que esas visitas se realizarán “sin interferir con otras personas”.

Además, la ley anticipa ajustes y modificaciones desde ahora hasta 2025 para contar en ese momento con suficientes datos sobre su impacto en granjas y ranchos pequeños y en la contratación de personal temporal.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en Colorado operan unas 39.000 granjas y ranchos, donde trabajan unas 170.000 personas, con 52 % de empleados blancos y 38 % de hispanos (el 80 % de ellos inmigrantes).

(c) Agencia EFE

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