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Lima, 10 oct (EFE).- Grupos de transportistas y comerciantes de mercados y tiendas pequeñas marcharon este jueves por varias zonas de Lima para protestar por la inseguridad ciudadana, como parte de un paralización, en la que, hasta el momento, 13 personas han sido detenidas. Al respecto, el jefe de la región policial de Lima, general Enrique Monroy, informó que durante las primeras horas de la jornada de protesta se reportaron incidentes con manifestantes que dejaron a varias personas detenidas por disturbios. El jefe policial señaló que en zonas del este de Lima, como el distrito de Ate-Vitarte, se produjo un bloqueo de pistas con piedras y la quema de neumáticos, que fue despejado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El Ministerio del Interior informó que otros cinco manifestantes fueron detenidos en la provincia portuaria del Callao, anexa a Lima, por causar disturbios, mientras que tres personas más fueron arrestadas en el distrito de Pachacamac, en el sur de la ciudad. Por otra parte, un grupo de comerciantes de la zona norte de Lima recorrió la carretera Panamericana hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para apoyar al paro y manifestar que están "cansados de la violencia" del crimen organizado. En el emporio textil y comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, también se reportó una manifestación de comerciantes, quienes recorrieron las calles cercanas con grandes banderolas pero poco después fueron impedidos de seguir con su trayecto por agentes de la PNP, según denunciaron. Otros grupos de transportistas iniciaron movilizaciones con el objetivo de concentrarse en la céntrica plaza Dos de Mayo, mientras que un grupo de comerciantes llegó hasta los exteriores de la sede del Congreso para también manifestar sus exigencias. La paralización nacional, que también dejó marchas de transportistas y comerciantes en otras ciudades del país, como Huancayo, Chiclayo, Piura y Chimbote, fue convocada para exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para combatir el embate de la delincuencia y la extorsión. Los transportistas demandan que se derogue una polémica ley sobre crimen organizado, que varios especialistas consideran que obstaculiza su combate, además de rechazar una propuesta del Gobierno para catalogar como "terrorismo urbano" algunos delitos como la extorsión, el sicariato o el secuestro. En respuesta, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, aseguró que la protesta ha sido "politizada" y acusó a un sector de transportistas urbanos de intentar chantajear al Ejecutivo para obtener nuevas rutas y que les quiten multas. En opinión del primer ministro, las medidas tomadas por el Gobierno tras un primer paro que realizaron hace una semana los transportistas de Lima han sido un éxito y "ahora los extorsionadores han migrado a otros gremios", como las bodegas, las pequeñas tiendas de alimentación y productos de primera necesidad. Muchos de estos comerciantes apoyaron la movilización de este jueves, ya que llevan meses denunciando que sufren la extorsión, al punto que en septiembre pasado la Asociación Nacional de Bodegueros dijo que unos 3.000 comercios han cerrado en Lima por las extorsiones que comenzaron a sufrir tras la pandemia. "No vamos a permitir que la protesta social sea una protesta social criminal, que se bloqueen carreteras", aseguró Adrianzén antes de decir que "la protesta social pacífica es la que este Gobierno reconoce". Tras la primera protesta de la semana pasada, que también contó con gran apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a trece de los 43 distritos de Lima y uno en Callao. (c) Agencia EFE
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