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Los riesgos tras la propuesta de Daniel Quintero con ‘explorar nacionalización’ de Tigo

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El anuncio de explorar una nacionalización de Tigo, tal como expresó Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tras fracasar por quinta vez en su intento de que el Concejo de la ciudad apruebe la venta de participación de EPM en la empresa de telecomunicaciones, agitó de nuevo la polémica en la capital de Antioquia y el país por lo que ocurrirá a mediano y largo plazo respecto a este tema.

Quintero afirma que el rechazo del Concejo significa un detrimento patrimonial de $3 billones para EPM y los habitantes de la ciudad. A su vez, con estos recursos su administración ha señalado que rentabilizaría los dineros en obras como Hidroituango y otros proyectos estratégicos, el valor de unas acciones que hoy en día no le generan réditos económicos, pero tampoco el control de Tigo pues la canadiense Millicom es el accionista controlante a pesar de que EPM es la que tiene más del 50 % de la participación.

Pero sus contradictores expresan que no les causa confianza en qué se usarían esos recursos ni la manera como el alcalde ha manejado la situación.

Esto pues EPM y Millicom pactaron un acuerdo de derecho de arrastre (drag along) para proteger el valor de la inversión, el cual implica que hecho el ofrecimiento de venta a Millicom, si este no se encuentra interesado o no se logra una negociación, Millicom se obliga también a ofrecer en venta su participación junto con la de EPM; es decir, se debe vender el 100 % de la empresa a un tercero, todo lo cual debe quedar completamente finalizado el 14 de agosto de 2024.

Sin embargo, esto no ocurrirá pues es el Concejo de Medellín quien debe autorizar el uso de esa cláusula, lo que Quintero ha explicado causará el detrimento en EPM.

¿Qué significa nacionalizar y qué peligros trae?

Si bien una propuesta del alcance de lo dicho por Quintero estaría lejos de ocurrir por todo el impacto que causaría en el ámbito empresarial y económico en medio de momentos en los que avanza la discusión de la reforma tributaria en Colombia, la historia de las nacionalizaciones empresariales en América Latina ha sido perjudicial y muchos lo relacionan con expropiaciones.

Nacionalizar representa la adquisición forzosa de una empresa o bien particular por parte del Estado. En realidad, nacionalizar no es más que una medida de carácter político-económico que pueden ejercer los países mediante su soberanía estatal.

Como resultado, el Estado pasa a ser administrador de una empresa, un conjunto de bienes o unos terrenos que anteriormente tenían carácter privado. La adquisición se produce usualmente de manera forzada.

Los motivos generales por los que un Gobierno opta por la nacionalización de los bienes privados pueden ser distintos según el contexto e, incluso, pueden seguir estrategias políticas. No obstante, los principales pueden ser razones de seguridad de Estado, planes económicos o ayuda a empresas con problemas de solvencia.

“Sin embargo, siempre es una de las peores señales para los inversionistas internacionales pues representa que un Estado se inmiscuya en asuntos privados sin mayor oposición y una de las acciones antidemocráticas más claras por parte de un dirigente”, explica Saúl Rodríguez, experto en empresas de la Universidad de los Andes.

Así, se causaría un mal precedente en medio de la incertidumbre global y temores por la recesión que golpearía aun más al país en un ámbito de creciente inflación, altas tasas de interés y bajo crecimiento económico proyectado para 2023 (en torno a 0,5 %-1 % para Colombia el próximo año).  

Algunas de las nacionalizaciones más sonadas en Latinoamérica

La propuesta de Daniel Quintero, no obstante, ya ha sido empleada por varios de los gobiernos latinoamericanos con mayor frecuencia desde 2006, impulsados

Ejemplos negativos de nacionalizaciones lo han dado en la región países como Argentina, Bolivia o Venezuela, entre otros.

El pionero en nacionalizaciones fue Venezuela con el entonces presidente Hugo Chávez a la cabeza que, a partir de 2006, realizó más de 2.000 expropiaciones en poco más de seis años, con la intervención en recursos naturales, servicios, industrias, comercios, consorcios y tierras.

Las nacionalizaciones más representativas fueron las de Seneca, Electricidad de Caracas, PDVSA, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), Cemex (mexicana), Lafarge (francesa) y Holcim (suiza), entre otras.

Por su parte, en Argentina, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se dieron las nacionalizaciones de Aguas Argentinas, la expropiación de las acciones de Repsol en YPF o Aerolíneas Argentinas como algunas de las sonadas.

En tanto, Evo Morales lideró en Bolivia nacionalizaciones de Chaco (controlada por British Petroleum), Andina (filial de Repsol), Transredes (de Ahsmore y Shell), la petrolera YPFB y miles de hectáreas agrícolas en el país.

A pesar de ello, hay varias de estas expropiaciones que aun cursan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), la institución líder dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

“El CIADI posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Los Estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión. No es tan fácil que una acción de este tipo pase desapercibida, pero sin duda es una señal de alerta muy profunda para la confianza inversionista”, concluyó Rodríguez.

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