Después de la sequía: una pelea de fondo para evitar los golpes de nocaut

Si un jurado de box tuviera que dar el veredicto de los primeros rounds del verano para el agro, los puntos de su tarjeta serían negativos. La ola de calor y las altas temperaturas dejaron en la lona al maíz y a la soja de siembras tempranas en buena parte de las regiones agrícolas. Las lluvias de los últimos días parecen haber detenido el deterioro, pero, como afirman en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), lo que se perdió (14% del maíz proyectado y 11% de la soja) no se recuperará. Al nocaut a los cultivos hay que sumarlos daños en las pasturas y la escasez de oferta de alimentación que tendrán los tambos.

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En semejante escenario productivo, reavivaron los reclamos y, en algunos casos, propuestas, para atender las cuestiones estructurales, esas que no se corrigen aunque pasen los años y los gobiernos.

La primera es la elevada carga impositiva que recae sobre la producción, con el foco en los derechos de exportación. Esta vez, el Estado no será solidario con las pérdidas: el tributo se cobra igual aunque los propios ingresos fiscales se recortarán en unos US$1440 millones respecto de lo previsto, según la BCR, si la producción hubiera alcanzado el máximo proyectado.

La oposición vio una luz y entró. Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, en un proyecto elaborado por el diputado Federico Angelini (PRO-Santa Fe), pidieron la reducción a cero de los derechos de exportación para el maíz y la soja de las zonas declaradas en emergencia. Un reclamo similar fue hecho por los productores autoconvocados que unieron la irrupción de la sequía con el fin de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo para fijar los impuestos a la exportación el 31 de diciembre pasado. Para el Gobierno, en cambio, las alícuotas siguen vigentes, aunque debería pasar por el Congreso para subirlas.

Al mismo tiempo, las provincias comenzaron a declarar las zonas en emergencia agropecuaria tras las solicitudes de los productores. Pero la situación deja en descubierto la fragilidad estructural del sistema productivo frente a los eventos climáticos que, según pronostican los expertos, serán cada vez más extremos, tanto por su escasez como por su abundancia.

Los $500 millones previstos en el Presupuesto por la ley de emergencia agropecuaria que no se actualizan desde 2009 (atravesaron los mandatos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri) deberían transformarse en $10.000 o $12.000 millones en la actualidad. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, esbozó esa intención en la visita que realizó a productores afectados en Entre Ríos y en Santa Fe.

A su vez, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) recordó está semana que trabajó en 2021 en un instrumento legal de seguros agrarios. Este, sería " de amplia adopción” y " con beneficios fiscales, diseñados para atender la nueva realidad productiva frente al cambio climático”

Tras analizar diferentes modelos aplicados en otros países, elaboraron una propuesta con un doble sistema de incentivos. Según el CAA, consiste en “un Certificado de Crédito Fiscal por el 50% del costo del seguro computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, para nuevos productos de seguro (ej. sequía) y un Fondo de Seguro Agrario de Sustentabilidad Productiva frente al Cambio Climático, financiado por un cupo presupuestario asignado al Ministerio de Agricultura y administrado por un Consejo con participación privada, que asigne las prioridades promocionales entre cultivos y economías regionales y productores pequeños y medianos y garantice la sustentabilidad económica de sus empresas, ante siniestros de origen climático”.

El CAA explicó que la propuesta está en manos del Ministerio de Agricultura para concretar en una mesa de trabajo, pero señaló que también se debería evaluar en el Congreso ya que un instrumento de estas características tendría que aplicarse por una ley. “Se deben promover soluciones estructurales a los problemas climáticos”, concluye el CAA.

Sea esa idea u otras superadoras de características similares, no habría que dejar pasar mucho tiempo. La gestión del riesgo climático será crucial en los próximos años. Y pese a que los avances tecnológicos en cultivos y herramientas digitales contribuyen a la adaptación al cambio climático, y permiten tomar mejores decisiones productivas, si el marco legal y económico no se corrige y se depende de antiguas leyes, la posibilidad de que productores y empresas se queden fuera del camino será cada vez más alta.