Sobornos y malas prácticas en las empresas: por qué no deberían ser un buen negocio en la Argentina

"Hay que detener la hemorragia, resuelvan el problema ahora", es la recomendación que les da a sus clientes en apuros Andrew Levine, partner de Debevoise & Plimpton, un estudio de abogados de Estados Unidos. Se refiere a temas relacionados con sobornos y corrupción, que en ese país tienen tolerancia cero. Para lograr información de calidad en estos temas, las autoridades incentivan a las empresas a que les provean datos. El alivio de las penalidades es posible si se recurre a la justicia antes de que la justicia "te vaya a buscar".

Este y otros temas se trataron en la segunda edición del Summit Compliance, anticorrupción e investigaciones, llevada a cabo por el estudio Marval, O'Farrell & Mairal. El evento liderado por el socio de la firma, Pedro Serrano Espelta, head de la práctica de Compliance, Anti-Corrupción e Investigaciones reunió a expertos locales con más de 20 speakers de diferentes países.

Daniel Kahn, senior deputy chief de la sección de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), y Rick Simpson, agente especial supervisor del Escuadrón Anticorrupción del FBI en Miami, analizaron junto a Gustavo Morales Oliver, socio de Marval, O'Farrell & Mairal, la forma en que Estados Unidos investiga los casos de corrupción internacional y otorga crédito a las empresas colaboradoras. También discutieron la relevancia de las recompensas a denunciantes y la exposición de las personas humanas por hechos de corrupción. Destacaron que quienes están bajo investigación en Estados Unidos, aunque sean extranjeros, podrían ser contactados por las autoridades al visitar ese país. "Amamos Disney", fue una de las frases que despertó sonrisas en la audiencia.

Todos fueron en una misma dirección: el departamento de compliance, es decir, el que resguarda el cumplimiento de las normas por parte de la compañía, tiene que estar apuntalado por los accionistas y por todos los ejecutivos. Todos deben saber que, en definitiva, los compliance tienen la última palabra. Cuando es no, es no. Es decir: si no están dadas las condiciones para que se realice un negocio, aunque sea multimillonario, el negocio no se hace.

Las razones son múltiples, además de las éticas. Las normas internacionales y también las locales, especialmente después de la sanción de la llamada ley penal empresaria en 2018 -que va directamente contra la persona jurídica en caso de soborno- llevan a que, como debe ser pero muchas veces no es, las penas sean peores que los beneficios que se pueden llegar a obtener.

El presidente del estudio, Santiago Carregal, en concordancia con las autoridades de Estados Unidos, dijo que "la cruzada legislativa contra la corrupción no está limitada a nuestro país. A modo de ejemplo se destacan las nuevas leyes en Perú y en Chile que penalizan el soborno, y la reciente ley mexicana de "extinción de dominio" para recuperar activos de la corrupción. Destacó que espera que en los próximos años "se siga en este país con el mismo ímpetu y decisión en la lucha contra la corrupción, algo [la corrupción] que retrasa el desarrollo de los países".

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó la cooperación internacional de países como Estados Unidos y de Europa para combatir la criminalidad organizada. Hizo referencia también a los conocidos tiempos eternos de la justicia local. "Hoy tenemos un nuevo Código Procesal Penal Federal. Las investigaciones por hechos de corrupción venían con un promedio de más de 12 años de duración. Ahora hay un nuevo código que se empezó a implementar en Salta y Jujuy. Arrancó el 10 de junio pasado con muy buenos resultados. Investigaciones que antes tardaban entre 5 y 7 años hoy pasaron a durar unas pocas semanas. Se han dictado sentencias en plazos de unos 12 días, cambiando la lógica del funcionamiento del sistema. Esperamos que en los próximos años eso se extienda al resto del pais y llegue a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde están los casos más resonantes en materia de corrupción", dijo.

John Couriel, partner de Kobre & Kim en Estados Unidos, hizo referencia a las fuertes herramientas que tiene el sistema judicial del país del norte a la hora de investigar.

"Se llevan adelante acciones agresivas y efectivas. Por ejemplo, cuando se hace un embargo de bienes, puede ser filmado y mostrado en la televisión", afirmó.

Desde su experiencia en el Reino Unido, Keith Oliver, partner de Peters & Peters dijo, en el mismo sentido, que las acciones ordenadas por los tribunales "son significativas; hay acciones civiles en las que es obligación entregar rápidamente todos los dispositivos, las contraseñas; hay acceso a los metadatos".

¿Cómo surge una importante investigación interna en una compañía? Verónica Yepez, de Covington & Burling, de Estados Unidos, explicó que puede haber un informe interno, un reclamo de Recursos Humanos, investigaciones periodísticas, una auditoría interna o externa o una citación del Departamento de Justicia, por supuesto. Dejó claro que todos están sujetos a una investigación.

"Si la acusación es a altos ejecutivos de la compañía, entonces la investigación debería ser externa", dijo Andrew Levine. Citó el caso de una empresa muy importante y conocida en Estados Unidos, en el cual las personas involucradas participaron de la investigación y la supervisaron. Algo inadmisible.

"No hay una investigación igual a otra. Pero en todas, preservar las pruebas es lo más importante", dijo Raúl Saccani , director local de Forensic, de Deloitte, en concordancia con investigadores extranjeros.

Atención. También los expertos extranjeros afirmaron que los investigadores de los gobiernos quieren saber qué pasó con el departamento de compliance de una firma en caso de un hecho ilícito, en qué fallo, y/o si podría haber detectado el problema. Es el camino que los compliance officers van a recorrer también en la Argentina. En caso de un ilícito, tendrán que dar explicaciones.

Daniel Alonso, managing director de Exiger, de Estados Unidos, dijo que los acuerdos de colaboración son contratos entre el ministerio público y el imputado. Y que son una herramienta muy importante. Por su parte, el fiscal Carlos Rívolo reclamó que a los fiscales se los capacite en este tipo de acuerdos, porque "para una empresa, golpear la puerta de una fiscalía no es fácil".

Lo más fuerte de la jornada fue el testimonio de los oradores de Brasil, que dijeron que incluso después del Lava Jato, las empresas aseguran que se les sigue pidiendo sobornos. ¿Y en la Argentina? Aunque aún no hay imputados en base a la nueva ley de responsabilidad penal de las persona jurídicas, "esta problemática no depende del signo político del gobierno de turno, ya que otros países van a investigar y a juzgar actos de corrupción que tuvieron lugar en Argentina, aun cuando las autoridades locales decidan no hacerlo", dijo a LA NACION Serrano Espelta.