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Un “superministro” rodeado de kryptonita

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Sólo una errónea lectura de la realidad política avala a quienes suponen un empoderamiento del ministro Martín Guzmán tras haber forzado el traspaso a su órbita de la Secretaría de Comercio Interior, la renuncia del kirchnerista Roberto Feletti y el inmediato reemplazo por un hombre de su confianza como Guillermo Hang. También a los infaltables colocadores de etiquetas, que van más allá y dicen que hasta podría convertirse en un virtual superministro de Economía –o, al menos, de Hacienda y Finanzas– para coordinar a las demás áreas y mantener a flote el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Si Guzmán fuera un Superman ministerial, estaría rodeado de montículos de kryptonita. Su debilidad surge de otro elemento con letra K: el explícito rechazo del kirchnerismo a la decepcionante gestión económica de Alberto Fernández, que deja al Presidente y a su ministro sin apoyo político dentro del Frente de Todos. Ambos quedan abandonados a su suerte frente al aumento de la inflación, la pobreza y la escasez de reservas del Banco Central e imposibilitados de mejorar las expectativas y mucho menos de generar confianza.

La táctica de echar culpas ajenas sin hacerse responsable de nada es parte del ADN de Cristina Kirchner, aunque en este caso se trate del Gobierno creado por ella misma y del que sigue formando parte junto con los funcionarios de La Cámpora y el Instituto Patria designados a dedo en las principales “cajas” del Estado. Pero en las últimas semanas incorporó la variante de dejar hacer ahora, para pasar las facturas más adelante. Una prueba fue la notoria ausencia de tropa propia (el secretario de Energía y los interventores en los entes reguladores) en las audiencias públicas por los precios mayoristas de la electricidad y el gas, así como la segmentación de los subsidios. Otra la renuncia de Feletti, quien se convirtió hasta ahora en el único funcionario K en dejar su cargo por sus públicas discrepancias con la política macroeconómica de Guzmán y su negativa a subir las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Aun así, el propio Alberto Fernández hizo esta semana su aporte a la desconfianza y la confusión general al elogiar la gestión del ahora exsecretario de Comercio Interior, pocos días después del sainete radial donde endosó a la oposición la imposibilidad de aumentar los derechos de exportación que recibió la inmediata desmentida del ministro Julián Domínguez.

Los errores (horrores) no forzados del Presidente Fernández también lo exponen a presiones internas de los socios no albertistas del FDT que buscan congraciarse con su (menguante) base electoral. Con su habitual oportunismo político, Sergio Massa se anticipó a exigir por carta la suba del mínimo no imponible de Ganancias prevista por ley, que obligó a la puesta en escena de ayer, donde compartió cartel con el ministro de Economía para formalizar el anuncio oficial. El aumento en el MNI a través de mayores deducciones a partir de junio deja fuera del impuesto al medio aguinaldo y a más de 1,2 millón de contribuyentes asalariados (con remuneraciones brutas de hasta $282.800 mensuales), lo cual mereció el agradecimiento del titular de la CGT “al compañero Guzmán”. Una cuestión de equilibrio político aunque, como de costumbre, esta actualización del piso no incluye a los trabajadores autónomos, que son menos y no tienen representación sindical.

No obstante, el mayor problema político de la fractura expuesta del oficialismo es que el kirchnerismo difícilmente vaya a votar alguna ley que implique reducciones del gasto público o del intervencionismo estatal en la economía. Tampoco es seguro que lo haga la oposición de Juntos por el Cambio, enfrascada en sus propias internas.

Este escenario condena a la dupla Fernández-Guzmán a gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia, cuya posterior convalidación por el Congreso se torna más dudosa, especialmente en las medidas de mayor alcance.

Ya acaba de ocurrir con el anunciado DNU que establece un régimen especial que flexibiliza el cepo cambiario para las petroleras que incrementen la producción de crudo y gas natural con nuevas inversiones, especialmente en Vaca Muerta, que en las próximas horas será publicado en el Boletín Oficial. Las empresas podrán acceder al mercado oficial y adquirir dólares por el equivalente al 30% de la producción incremental de gas y 20% de crudo para destinarlos al pago de deudas, giro de utilidades y dividendos y repatriación de inversiones, pero no a importaciones. También deberán liquidar sus exportaciones al tipo de cambio oficial para reforzar las reservas del BCRA. No deja de ser un avance, si se considera que el Gobierno demoró dos años en elaborar una nueva ley de hidrocarburos con siete regímenes promocionales y 115 artículos para tratar de conformar a todas sus líneas internas; pero no lo logró, a tal punto que tampoco fue tratada por el Congreso. Ahora se prevé otro DNU para el mes de julio con un régimen similar para la minería.

También se descuenta que el presupuesto nacional para 2022 se aprobará en junio a través de un DNU. No sólo porque el proyecto de ley presentado a fin del último año había quedado desactualizado por la inflación y fue rechazado por la oposición en el Congreso, sino porque el acuerdo con el FMI preveía su aprobación para abril.

Hasta ahora el Gobierno se maneja con la prórroga del presupuesto de 2021, que también quedó desvirtuada por la escalada inflacionaria y no refleja las metas fiscales, monetarias y cambiarias acordadas con el organismo.

Como la Argentina tiene una larga tradición de presupuestos incumplidos por aumentos de gastos financiados con emisión, los números del nuevo cálculo son una incógnita para los analistas, que buscan determinar cuándo el Gobierno deberá solicitar un waiver al FMI para seguir recibiendo los desembolsos destinados a pagar la deuda refinanciada hasta 2024.

Por ahora se da por descontado que el staff técnico aprobará las metas fiscales del primer trimestre, cuyo cumplimiento requirió una alta dosis de “contabilidad creativa”, ahora corregida parcialmente. Pero las dudas se presentan sobre el déficit primario de 2,5% del PBI para este año y hasta qué punto aceptará modificaciones en los subsidios a la energía y las reservas netas del BCRA, a raíz de las mayores importaciones de gas y combustibles líquidos y el adelanto de compras de importadores ante la perspectiva de un salto cambiario, ya que las devaluaciones diarias siguen siendo inferiores a la inflación.

Según la consultora Empiria, los subsidios energéticos treparon 166% en lo que va del año y ya representan 0,6% del PBI. Otras estimaciones privadas calculan a su vez en casi 0,5% del PBI el costo del “Refuerzo de ingresos” a través de los bonos de suma fija a jubilados y trabajadores informales que se abonaron este mes, mientras el gasto primario creció entre 27 y 32 puntos porcentuales (sin gastos Covid) por encima del incremento de 60% en la recaudación tributaria.

De la aprobación de las metas dependerá además la refinanciación de la deuda por casi US$3000 millones con los países del Club de París, que el ministro Guzmán prevé acordar durante el mes de junio. Esa deuda había sido reestructurada por el entonces ministro Axel Kicillof. Según el ex diplomático Gonzalo Novillo Saravia, Kicillof aceptó las facilidades de pago que le ofrecieron, pero no atinó a pedir la eximición de intereses punitorios –como lo hicieron muchos países deudores- para evitar que le pidieran un acuerdo previo con el FMI. “Nunca imaginó que sería un perfecto bumeran que le tocaría al kirchnerismo cuando regresara al poder”, escribió. Otra tarea que le toca ahora a Guzmán, aunque no sea superministro.

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