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Una tendencia que se consolida: el 40% de los asalariados registrados depende del aporte del Estado

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Operarios en una planta de Fiat, en Córdoba; el empleo privado profundiza su estancamiento desde hace al menos una década
Operarios en una planta de Fiat, en Córdoba; el empleo privado profundiza su estancamiento desde hace al menos una década - Créditos: @Ramiro Pereyra

La población económicamente activa registrada, sin contar a los autónomos y monotributistas, es hoy de 11.107.000 personas, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a marzo de 2022. Los ingresos del 40 por ciento de ese universo dependen del aporte estatal . Dispara el porcentaje el 1,2 millón de beneficiarios que recibe el Potenciar Trabajo, el plan social que es un híbrido entre la asistencia del Estado y la inclusión laboral, y cuya administración está en manos de las organizaciones piqueteras, pero que Cristina Kirchner ordenó recuperar el control para distribuirlo entre gobernadores e intendentes.

Avión sospechoso: el desinterés y los obstáculos por llegar a la verdad

El empleo privado está estancado en seis millones hace diez años. La estadística ni siquiera acompañó el ritmo de crecimiento poblacional. Es decir, somos más argentinos, pero los puestos de trabajos activos son los mismos. Sucedió lo contrario con el empleo público registrado, que era de 2.543.700 en 2012 y que ahora trepa a 3.305.000. La ayuda social por parte del Estado también tuvo un gran salto . En 2010 el kirchnerismo alcanzó el pico de gasto en programas cooperativos destinados a trabajadores informales: en ese momento, había 657.090 beneficiarios de planes. Cuando Cristina Kirchner dejó el poder, los había reducido a 253.939. La presidencia de Mauricio Macri los aumentó en un 37,94%. Alberto Fernández los llevó de 641.761 en 2019 a 760.664 en 2020, un aumento del 199%, y a 1.223.537 en septiembre de 2021, es decir, un aumento de casi el 382% respecto de 2015, según surge de un trabajo de investigación publicado por la Fundación Fundar y del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), elaborado por el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga y los politólogos Andrés Schipani y Lara Forlino.

Los movimientos sociales se organizaron como nunca durante el macrismo. Unidos, presionaron en 2017 por la ley de emergencia económica, que derivó en el salario social complementario, hoy reemplazado por el Potenciar. Se convirtieron en un factor de poder tan gravitante como el sindicalismo que anida bajo las siglas de alguna de las centrales obreras. Ubicaron ahora a sus principales dirigentes en el Gobierno y desde allí impulsan medidas cuya puesta en marcha hace un tiempo parecía improbable. Su poder territorial como el manejo de los planes es un motivo más de la disputa entre el Presidente y su vice.

Cristina Fernandez De Kirchner habla en avellaneda en un acto de la CTA en conmemoración del día de la bandera junto a Hugo Yasky y Jorge Ferraresi
Cristina Kirchner, hace dos semanas, cuando planteó el debate por el manejo de los planes sociales - Créditos: @Tomás Cuesta

En su anteúltima aparición pública, Cristina Kirchner planteó la necesidad de reducir los planes sociales porque el desempleo es hoy del 7%, según el Indec. El desafío del Gobierno es reconvertir gradualmente los planes en empleo genuino y registrado . Es su gran apuesta para reducir la pobreza, como lo fue para la gestión de Macri. En el Ministerio de Desarrollo Social proyectaron que el sector privado podría absorber a 30.000 beneficiarios por año. En el Ministerio de Trabajo fueron mucho más cautos y prefirieron por ahora no arriesgar previsiones. “No hay estadísticas todavía de estas reconversiones”, dijo Diego Schleser subsecretario de Planificación, Estudios y Estadísticas del organismo que encabeza Claudio Moroni.

El plan empalme que había ideado Jorge Triaca se vendió inicialmente con una meta imposible de reconvertir 400.000 planes. No habría superado las 50.000 en toda la gestión, según las cifras que archivó el equipo del exministro de Trabajo macrista. El objetivo trazado fue algo tan utópico como el eslogan de “pobreza cero”. No hay actualmente indicios de que ahora el programa vaya a ser un éxito. Mucho menos cuando desde el sector privado observan con desconfianza que algunos de esos potenciales trabajadores presentan en sus currículums que son piqueteros y que apelan a los cortes de calles y a la extorsión como método de protesta.

Ni siquiera los think tank laborales que comulgan con el kirchnerismo son optimistas con la reconversión de los planes en empleo. En un informe reciente del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín, cuyo director es el exministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada, se advierte que la Argentina “es uno de los países con peor desempeño económico durante los últimos 50 años” y muestra su impacto en el mapa laboral. “¿Es posible convertir los planes sociales en empleo? ¿El sector privado podrá absorber en algún futuro cercano tanto a los beneficiarios de esos programas como a los millones de trabajadores que hoy se desempeñan en la precariedad? ¿Podrá ofrecerles empleos de calidad, bien remunerados y protegidos por las leyes y los convenios colectivos de trabajo? ¿O la promesa de convertir planes en empleo sólo podría materializarse por medio de la expansión del trabajo en el sector público?”, son interrogantes que surgen del trabajo académico. La respuesta: “La historia argentina de los últimos 50 años no da mucho lugar al optimismo. Si en 1974 cerca de uno de cada dos trabajadores tenía un empleo formal bajo relación de dependencia en el sector privado, en la actualidad sólo el 37% se encuentra en esa situación”.

Los piquetes en reclamo de más planes se convirtieron en algo cotidiano en los últimos años
Los piquetes en reclamo de más planes se convirtieron en algo cotidiano en los últimos años - Créditos: @Tomás Cuesta

Matías Maito, el autor del informe del Cetyd, añadió que “sin experimentar un nuevo ciclo de crecimiento económico sostenido, no habrá un éxito”. Un trabajo reciente de este investigador sirvió de apoyo teórico de Cristina Kirchner cuando mencionó el fenómeno “de los trabajadores pobres”, en una exposición en Chaco.

Cada uno de los 1,2 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo recibe del Estado $22.000 por mes . Si bien no hay estadísticas oficiales, no todos ellos tienen como único ingreso esa ayuda. Las posibilidades laborales más comunes surgen en el Estado, como reemplazo precario de un municipal. Pero también hay casos que se insertaron en proyectos productivos, donde una cooperativa, por ejemplo, también le abona una retribución. Los rubros que más apelan a estos beneficiarios son textiles, agricultura y albañilería. También hay mano de obra requerida para las tareas de cuidado en comedores u hogares infantiles y para adultos.

“No creo que el sector privado tenga capacidad para absorber a todos los beneficiarios de planes sociales . Y es ahí cuando el Estado tiene que funcionar como herramienta de transformación. Si el país se industrializa deberían desaparecer los planes”, dijo Daniel Catalano, jefe de la seccional porteña del gremio estatal de ATE y una de las voces que alienta una candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

La ayuda del Estado también llega hasta los asalariados del sector privado. Se distribuyeron 4.890.179 programas de Recuperación Productiva (Repro II) entre noviembre de 2020 y abril de 2022, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata de un auxilio para empresas en crisis y que presenten un plan de recuperación. El Estado aporta durante tres meses el valor de medio salario mínimo [$23.925] para completar el salario de cada empleado. El Repro II se potenció por los coletazos de la pandemia.

El Potenciar Trabajo y el Repro II son un híbrido que tiene coincidencias siempre y cuando el beneficiario del plan preste otro servicio que sea remunerado . Si bien el desempleo bajó, hubo un crecimiento en el trabajo informal y precario. Hay también más monotributistas, autónomos y cuentapropistas. Señales de reactivación de un mercado laboral cuyo problema más urgente está en los ingresos, con una inflación que se proyecta entre 60 y 70%, bastante por encima de la franja 38 y 48% que previeron el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.

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