Torturas y esterilizaciones forzadas: qué hay detrás del “genocidio” chino contra la minoría musulmana uigur

Xinyiang es una región de la República Popular China ubicada en los límites del noreste de su territorio. Linda con ocho de las trece fronteras que tiene el coloso asiático: Afganistán, India, Mongolia, Paquistán, Rusia y las exrepúblicas soviéticas Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Su superficie alcanza 1.650.000 km2 y cuenta con, aproximadamente, 24 millones de habitantes.

La región en cuestión –que hasta ese momento constituía una república independiente, denominada Turkestán Este- fue ocupada por China en 1949. A esa fecha, su etnia mayoritaria –denominada “Uigur”– constituía el 80% de la población mientras que la etnia “Han” (que, actualmente, abarca el 90% del total de la población china) era absolutamente minoritaria, con una participación no mayor al 10%. Los uigures son absolutamente diferentes a los han; en efecto, su origen y fisonomía, al igual que su lengua, son de origen turco y su religión es musulmana . Para agravar aún más el problema, la gran mayoría de los uigures no habla ni lee ninguno de los dialectos chinos derivados del mandarín.

Una vez ocupado el territorio, e incorporado jurídicamente al coloso asiático como “Región Autónoma”, el gobierno central de China –manejado por su mayoría han – comenzó de inmediato una fuerte política de migración de su gente hacia la zona en cuestión. A lo largo de los años este proceso se ha ido acelerando, habiéndose llegado a la dramática situación actual: la etnia Han ha pasado a ser mayoría con, aproximadamente, el 60% de la población (15 millones); ocupa el poder político y discrimina –cada vez más– a la minoría uigur, la cual, a la fecha, se ha reducido a no más de 10 millones de personas. A lo largo de este vejatorio proceso, se han producido manifestaciones de protesta por parte de los uigures, los cuales han sido acusados de “terroristas” y fuertemente reprimidos. Lamentablemente, en los últimos años, la discriminación y la violencia han ido en fuerte aumento, constituyendo una clara y severa violación de derechos humanos.

En efecto:

• Se estima que, a la fecha, más de un millón de uigures se hallan confinados –sin ningún tipo de cargos ni de juicio previo- en verdaderos campos de concentración eufemísticamente denominados “Centros de educación ideológica” y sólo son liberados cuando la “autoridad” considera que ya están en condiciones de “integrarse” a la cultura e ideología política china (incluyendo su forma de pensar, hablar y de vestirse). En estos lugares de claro confinamiento (que, en algunos casos, albergan a más de 10.000 personas) las condiciones de vida no son precisamente razonables.

• El sistema represivo –que según observadores incluye torturas y desapariciones - se complementa con un férreo control autoritario de esta sufrida minoría étnica mediante el uso de tecnologías de punta tales como, entre otras, seguimiento de aplicaciones en celulares, sistemas de reconocimiento facial y uso de “inteligencia artificial”, las cuales permiten identificar autoritaria y arbitrariamente a personas de la etnia en cuestión consideradas como “sospechosas” y que, en su gran mayoría, terminan confinadas.

• Asimismo, la población uigur ha sufrido esterilizaciones forzadas. En consecuencia, su tasa de natalidad se redujo a la mitad durante los últimos años.

• Observadores internacionales estiman que son numerosos los miembros de esta etnia que son desplazados a fábricas industriales (especialmente textiles de algodón) en condiciones que expertos en la materia no dudan en calificar como “trabajos forzosos”. La cuestión es tan dramática que muchas naciones han prohibido la importación de determinadas manufacturas provenientes de la región.

• La persecución no se limita al territorio chino. A través de una amplia red de embajadas, el régimen pretende controlar a los uigures que se hallan fuera de su país, procurando evitar que den a conocer el régimen represivo existente en Xyngiang, so pena de “castigar” a sus familias que aún permanecen en territorio chino.

Ante tal dramática situación, un gran número de naciones ha ido tomando conocimiento de este escenario y comenzando a implementar distintas medidas de represalia económica contra los funcionarios y empresas involucrados en la “operación”. A tal punto ha llegado la indignación que, en una de sus últimas declaraciones, el exsecretario de Estado de la administración de Donald Trump Mike Pompeo emitió un comunicado donde, lisa y llanamente, calificó a esta dramática situación como un “genocidio y crímenes contra la humanidad, a través de un intento sistemático de destruir a la población uigur”. Esta gravísima denuncia, fue ratificada por el nuevo gobierno del presidente Joe Biden, el cual, incluso, explícitamente mencionó las prácticas humanas y económicas coercitivas de Pekín.

Ahora bien: ¿la raíz de esta gravísima represión es sólo étnica? Claramente, no: los recursos económicos y la geopolítica están jugando un rol fundamental en este dramático conflicto. En efecto, el extenso territorio de Xinjiang abunda en más de 80 variedades de minerales, siendo los principales: carbón, hierro, zinc, cromo, molibdeno y tungsteno, así como también en fuentes de energía (eólica y solar) y en otros recursos, entre ellos, petróleo (30% de las reservas chinas), gas (40%), carbón (35%) y oro.

Sin embargo, no todo termina allí. Desde el punto de vista geopolítico la región es fundamental para el futuro económico del gigante asiático debido a que su extensa red vial y ferroviaria se ha constituido en la puerta de entrada al país del gas y petróleo del oeste asiático y forma parte de la nueva y estratégica “ruta de la seda” implementada por su presidente Xi Jinping. Con este esquema, Pekín se ha volcado a aumentar sus exportaciones hacia el este asiático, las cuales en los últimos años han crecido significativamente. Asimismo, su “intervención” en la región le ha permitido reforzar fuertemente la seguridad interna para enfrentar el terrorismo islamista que se pudiera filtrar a través de países con mayoría a musulmana, tales como Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Finalmente, esta “nueva salida” hacia el este asiático le permite al régimen disponer de alternativas más seguras que las rutas marítimas de su comercio que pasan por el “embudo” del estrecho de Malaca, área muy vigilada por Estados Unidos y sus aliados de la región.

En síntesis. Resulta claro que el objetivo último de las autoridades chinas ha sido el de desplazar definitivamente de la región a la hoy minoría uigur y, de este modo, asegurarse el dominio de tan importante centro económico y geopolítico. Una vez más la existencia de un ancestral conflicto étnico es utilizado por la mayoría gobernante para aplastar y desplazar de un territorio rico en recursos energéticos y de gran importancia geopolítica a minorías que, usualmente, la han precedido en la propiedad de la tierra. Afortunadamente, en los últimos años, las naciones occidentales han comenzado a reaccionar, a través de severas declaraciones y sanciones económicas, contra esta dramática violación de los derechos humanos. A este respecto, pude mencionarse la definición de “genocidio” por parte de las autoridades norteamericanas, la traba a determinadas importaciones provenientes de dicha región, la suspensión por parte de la Comunidad Europea de la ratificación del Acuerdo Global de Inversiones y numerosas sanciones contra funcionarios y empresas relacionados con “trabajos forzosos”. Más aún, en la Declaración de la reciente reunión del G-7, sus miembros se comprometieron a reclamar a la República China que respetara los derechos y las libertades de la minoría uigur. La respuesta de Pekín era esperable: “son asuntos internos de la República”.

Un último comentario: ¿es razonable que, ante este verdadero genocidio, las naciones realmente democráticas y respetuosas de los derechos humanos participen de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en Pekín en febrero del año próximo?