Tu próximo auto en EEUU podría ser 17.000 dólares más caro

Mientras el gobierno de Donald Trump estudia la imposición de un nuevo impuesto del 20% a las importaciones provenientes de México para recuperar los fondos destinados a la construcción de un muro en la frontera, no son pocos quienes se preguntan sobre el impacto de esta medida en el mercado automotriz.

Un estudio llevado a cabo sobre este efecto negativo revela que el grupo indo-británico Jaguar Land Rover sería el más golpeado, al tiempo que los fabricantes estadounidenses Tesla y Ford se beneficiarían del encarecimiento de sus competidores.

De acuerdo con lo que considera un “ejercicio de reflexión”, la firma de estudios de marketing Baum & Associates LLC considera que la mayoría de las compañías automotrices, cuya producción se lleva a cabo en territorio mexicano, se verían obligadas a elevar los precios de sus vehículos para contrarrestar los costos, debidos a los nuevos aranceles que ahora mismo han propuesto los legisladores republicanos.

En el caso de Jaguar Land Rover, por ejemplo, el aumento de precios debería ser de más de 17.000 dólares por vehículo.

Como cabe suponer, a las compañías que producen exclusivamente en territorio estadounidense -como es el caso de Tesla- no les afectaría en lo más mínimo el nuevo proyecto.

Las estimaciones apuntan a mostrar el impacto relativo del plan tributario en cada fabricante de automóviles, según Alan Baum, fundador de Baum & Associates, con sede en West Bloomfield, Michigan.

Es improbable que los fabricantes de automóviles aumenten los precios en más de unos pocos miles de dólares por auto y probablemente también tendrán que soportar parte de la mayor carga impositiva.

Con una producción de un 82% en suelo nacional, la compañía Ford tendría un coste extra de unos 282 dólares por unidad, mientras que otras como Fiat Chrysler, General Motors, Honda y Toyota, con una tasa de producción doméstica de un 60%, colocaría sus gastos en unos 995 dólares por cada vehículo entrado y vendido en el país.

Por su parte, los constructores coreanos se beneficiarían de su presencia en territorio estadounidense y de esta manera limitarían sus gastos. Solo les tocaría aumentar su capacidad de producción de piezas de repuesto producidas en Estados Unidos para así mantener su ritmo de crecimiento.

En lo que respecta a los fabricantes alemanes, el estudio supone un costo adicional de 6.800 dólares para el grupo Volkswagen y de 7.600 dólares para Volvo. Sin embargo, con la puesta en marcha de una nueva planta en Carolina del Sur para finales de 2018, Volvo reduciría considerablemente este posible incremento de sus costos por concepto de importación.

Las compañías más desfavorecidas serían aquellas consideradas “importadores puros”, pues no disponen de infraestructura para producir o ensamblar en territorio estadounidense. Por ello, marcas como Jaguar, Land Rover, Mazda y Mitsubishi se echarían encima el pesado fardo de una tasa aduanal verdaderamente agobiante.

Soluciones para los fabricantes

En paralelo, el proyectado impuesto fronterizo puede llevar a los fabricantes de automóviles a impulsar la adquisición y producción de partes en plantas de ensamblaje de vehículos que ya existen en los mismos Estados Unidos.

Por su parte, los fabricantes de automóviles de ultramar, como Subaru de Fuji Heavy Industries Ltd., Mitsubishi Motors Corp., Mazda Motor Corp., Hyundai Motor Co. y Kia Motors Corp. podrían empezar a considerar la expansión de las operaciones existentes en este país, o la construcción de mayores capacidades.

“Cada empresa tomará sus propias decisiones sobre precios para competir mejor y maximizar sus ganancias”, aseguró Baum al portal digital Bloomberg.

Finalmente, la propuesta de comenzar a recaudar dinero a través de las importaciones y de las ventas internas, así como de hacer que las exportaciones estén exentas de impuestos significaría una revisión completa del código tributario de Estados Unidos.

General Electric y Boeing se encuentran entre los fabricantes locales que sostienen este proyecto, mientras que Toyota Motor y Wal-Mart son dos de los gigantes corporativos que ya advirtieron que, de ponerse en marcha esta regulación, se haría mucho más costosa una gama de productos que van desde los alimentos, la ropa, hasta la gasolina y las piezas para automóviles.