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Zannini, mucho más que un escandalizador

·6  min de lectura
Carlos Zannini
Alfredo Sábat

Es el jefe del estudio jurídico más grande del país: a él reportan más de 7000 abogados. En su cartera tiene juicios que involucran al Estado por montos que superarían los 20.000 millones de dólares. Pero no se trata del titular de un bufete privado, sino de un organismo estatal que debe velar por bienes que son públicos. Aunque muchas de las decisiones que ha tomado la institución bajo su mando, desde diciembre de 2019, tienen su impronta personal y están marcadas por el sesgo de su pertenencia política. No sorprende.

Carlos Alberto Zannini, el procurador general del Tesoro, también siguió sus propias normas, o usos y costumbres, con las vacunas contra el Covid, cuya aplicación logró para él y su esposa, aunque vulnerara tiempos legalmente establecidos y principios éticos básicos. Como si no le bastara, se jactó de su actuación.

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El otrora silente y enigmático funcionario, ahora devenido en escandaloso y provocador declarante, está a cargo de una institución que “representa o patrocina al Estado nacional en juicios de relevante significación económica o institucional”. Un título que, sin embargo, le queda muy chico y muy corto. Sus opiniones, acciones y decisiones influyen en políticas y áreas de gobierno de la más diversa naturaleza. El funcionario hace al cargo.

A través de él, la poderosa mano de Cristina Kirchner, que lo cuenta entre sus más influyentes colaboradores, llega a incidir o condicionar la gestión de Alberto Fernández en materias de lo más disímiles y no siempre conocidas. Van desde la deuda externa y las relaciones exteriores hasta concesiones viales, obras públicas, cuestiones tributarias, asuntos de economía doméstica y política educativa.

La lideresa del espacio cuenta así con un eficaz y poco visibilizado recurso para expresarse, fijar posición y orientar o condicionar políticas públicas del gobierno que preside Fernández. Además de hacerlo con las llamadas al Presidente, los mensajes directos o indirectos a ministros y otros funcionarios, las cartas abiertas, los posteos en las redes sociales y las actuaciones magistrales en los tribunales.

Las escandalosas declaraciones de Zannini para justificar su vacunación de privilegio no solo expusieron un elevado grado de impunidad y el amplio poder que ostenta. Lo refleja y lo resalta la ausencia de reproches públicos de parte de alguna figura relevante del oficialismo. A pesar del enorme rechazo social que generó, incluso entre muchos simpatizante del oficialismo. Sin contar con las masivas críticas que acumuló de todo el arco opositor, de derecha a izquierda. A pesar del daño que pudo añadirle al Gobierno en una materia, como es la transparencia en el operativo de vacunación, en la que sigue en default, sus jefes y compañeros hicieron silencio.

Zannini, además, pasó con sus revelaciones de abogado mayor del Estado a juez supremo, con atributos para determinar quién merece ser “protegido por la sociedad” y, en consecuencia, ser librado de las riesgos mortales de la peste. Como Horacio Verbitsky, entre otros privilegiados. La corrupción no solo mata, sino que ahora también decide a quién salva. Notable antecedente para quien siempre su jefa tuvo como gran candidato a integrar la Corte Suprema. Lo que no se sabía es que haya habido una reforma judicial de facto que lo llevara ya a ese estamento y con poderes plenipotenciarios.

Un tiro para Fernández

Más inadvertido pasó un tópico de su sincericidio, tanto o más relevante a los efectos prácticos por lo que connota para la convulsa interna del Frente de Todos. El procurador general del Tesoro no solo se autoamnistió, sino que señaló con su poderoso índice a la gestión presidencial por sus falencias en la adquisición de dosis contra el Covid.

“El problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna”, afirmó Zannini. Vino así a sumarse a la insidiosa jactancia del protegido presidencial Axel Kicillof, que se atribuyó en público el mérito de haber conseguido la Sputnik V, mientras la administración nacional naufragaba con sus promesas incumplidas de inoculación masiva durante el primer trimestre del año.

Con casi 70.000 argentinos muertos a causa del coronavirus y la tercera parte de ellos fallecidos cuando ya deberían haber sido vacunados, lo del procurador parece más una filosísima estocada a su propio gobierno que un exceso autodefensivo. Lo expuso con agudeza por Twitter un destacado polítólogo insospechado de simpatías opositoras. ”La oposición tendría que organizar una gira de Zannini por su red de radio y televisión”, propuso, para luego agregar: “Lo lamentable no es que Zannini diga lo que piensa. (…) Lo patético es que sea parte de un gobierno que se plantea como progresista”. No se sabe si el académico tuvo en cuenta que la presidencia de la Nación es ejercida en estos días por Cristina Kirchner.

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Después de estos hechos resulta algo más que curioso el vínculo que ha sabido construir Zannini con el propio Alberto Fernández en el año y medio de gobierno, después de las desconfianzas que se prodigaban durante la administración de Néstor Kirchner y las descalificaciones que se intercambiaban hasta que el ahora presidente fue indultado y candidateado por Cristina Kirchner. Los abogados responden a las directivas de sus clientes. Y el cliente (o la clienta) siempre tiene razón.

No debe extrañar que, por carácter transitivo, el procurador también haya establecido una fuerte relación de confianza, que llega a la amistosa y paternal consejería personal y funcional, con el alter ego presidencial.

Santiago Cafiero suele prestar particular atención a sus observaciones y consejos. Como si fueran desinteresados. Especialmente escucha lo que Zannini tiene para decirle cuando recibe cuestionamientos y embates internos. Valora la experiencia tanto como el poder conservado durante tres presidencias. También debería contabilizar su fidelidad absoluta a Cristina Kirchner. No siempre puede haber intereses concurrentes.

Las prioridades asignadas por Zannini a la Procuración no dejan lugar a dudas de a qué ala de la coalición gobernante responde.

El privilegio de la atención y los esfuerzos lo concentran las causas que involucran a Mauricio Macri, su familia y su gestión: Correo Argentino, concesiones de autopistas, endeudamiento con el Fondo Monetario. También lo que implique conflictos con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta: como la disputa por las clases presenciales y la coparticipación, Aunque hasta ahora en este último segmento no ha demostrado todavía ser un abogado tan exitoso como su jefa.

El sesgo es tan claro que no importa que el perjuicio potencial para el Estado que conllevan algunos de estos litigios pueda ser menor que otros de mayor implicancia económica para el erario. Tampoco que puedan tener consecuencias negativas para la gestión de Fernández, como la causa impulsada por el deuda con el FMI.

El juicio abierto en el exterior por la deuda atada al cupón del PBI o por la venta de YPF, o las que tramitan ante la Justicia local por la deuda con jubilados o con personal de las Fuerzas Armadas no cuentan con la misma dedicación. La responsabilidad en estos casos es de las gestiones en las que él actuó como secretario legal y técnico de la Presidencia. Nadie está obligado a actuar en su contra. Un principio de primero de Derecho, diría el amigo Pedro Sánchez.

El sesgo funcional, amparado en la amplia discrecionalidad con la que cuenta el procurador para privilegiar los casos, ha agrietado también el organismo que preside, según fuentes vinculadas al cuerpo de abogados estatales, que cuidan tanto el secreto profesional como su puesto laboral. Sin embargo, parece haber allí mayoría de opiniones negativas respecto de las declaraciones autocelebratorias de la violación de las normas establecidas para la vacunación. “Causaron estupor”, dijo un conocedor de la vida interna de la Procuración. No solo allí.

El exmonje gris es más que un nuevo escandalizador social. Es también un funcionario nacional cuyo poder excede largamente el de su cargo. Pero su jefe no es Alberto Fernández.