Firme rechazo a la medida que otorga contratos de obra pública a los movimientos sociales

Las empresas de la construcción agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y algunos miembros de la oposición rechazaron el decreto emitido por el Gobierno que otorga el 30% de los contratos de obra pública iguales o inferiores a $300 millones a los movimientos sociales, a través de cooperativas de trabajo.

Camarco tildó de “informales” a estas entidades y realizó un enfático descargo a través de un comunicado. Afirmaron que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.

De acuerdo con diversas fuentes, este tipo de obras se centran en viviendas en barrios populares, arreglos, pavimentaciones y embellecimientos en espacios públicos, entre otras. Por otro lado, la medida no especifica cómo se controlarán los trabajadores que se vinculen a los proyectos a través de las cooperativas de trabajo, que pueden ser o no beneficiarios de un plan y cuya incorporación dependerá de los movimientos sociales. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Desarrollo Social no había contestado las repetidas consultas de LA NACION.

Desde la entidad destacaron que están de acuerdo con promover el trabajo para reducir los planes sociales, pero plantearon que “es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales contribuye a una ampliación, íntegra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, dijo en comunicación con LA NACION: “Hay margen para que haya ruido siempre y cuando las cooperativas no generen fraude laboral, no sean su instrumento. La cooperativa es una unidad de negocio, quienes están en relación de dependencia son empleados. Quienes trabajen deberían estar encuadrados en el convenio colectivo de la Uocra, con sus derechos y condiciones laborales”.

Agregó, además, que apuestan a la idea de que quienes trabajen con las cooperativas en este tipo de obras se afilien a su gremio. “Eso generaría una competencia leal dentro del sistema, porque estuvimos observando e inspeccionando a distintas cooperativas. Una de ellas -muy grande-, la 17 de octubre, trabajaba como tercerización de desarrolladores inmobiliarios y tenía un comportamiento de pago un 40% por debajo de lo que gana un trabajador de la industria. Sin embargo, tenían contratos saludables y bastante onerosos”, dijo.

Camarco, por su parte, agregó que la medida será un “incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes” y “condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”. Y expresó que “los ‘cooperativistas’ son trabajadores dependientes encubiertos, informales; así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”.

Dentro del arco opositor al Gobierno, Luciano Laspina, diputado del Pro, fue el primero en reaccionar con un tuit: “El decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las ‘organizaciones sociales’ kirchneristas. Obliga a ‘realizar’ $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas ‘tienen dueño’ o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”.

La medida también incluye una instrucción a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”.

Fuentes de los movimientos sociales explicaron que se trata de una política originaria del gobierno de Néstor Kirchner, en la que se llegó a contratar a cerca de 80.000 miembros de movimientos sociales para la obra pública. La iniciativa continuó, aunque en menor medida, tanto en la época de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri. Desde la asunción de Alberto Fernández, dejó de realizarse y buscan restituirla.