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El ajuste en las jubilaciones de la Anses, en números que explican las sensaciones frente a las góndolas

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En agosto de este año se puede comprar, con una jubilación mínima, un 24% menos que en el mismo mes de 2017 y un 15,4% menos que a comienzos de 2020
En agosto de este año se puede comprar, con una jubilación mínima, un 24% menos que en el mismo mes de 2017 y un 15,4% menos que a comienzos de 2020 - Créditos: @shutterstock

En este agosto, los jubilados de ingresos más bajos del sistema general gestionado por la Anses pueden comprar, con los pesos que llegan a sus bolsillos, un 24% menos de lo que podían adquirir en el mismo mes de 2017. Y un 12% menos que tan solo ocho meses atrás, si se tiene en cuenta la inflación acumulada entre enero y julio, según la estadística oficial. Los datos, el primero de ellos incluido en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), son expresiones que ofrece la fría estadística de una sensación concreta que se experimenta frente a las góndolas y que va a contramano de la “sensación de estabilización” de la economía que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo días atrás que se percibe. Y son, claro, números que marcan promedios con los que muchos podrían no sentirse muy identificados (todo depende de cuáles sean las necesidades personales de consumo).

La pérdida de poder adquisitivo en los últimos años es mayor aún para quienes tienen haberes medios o altos, dentro de la estructura de ingresos jubilatorios. Si se considera lo ocurrido con la inflación entre enero de 2020 y julio pasado, cuando llegó a 7,4% mensual, y se agrega un estimado de 5% para agosto, es posible estimar que en ese lapso de 32 meses la caída del poder de compra es, para el haber mínimo, de 15,4%, un porcentaje que va aumentando hasta llegar a 22,2% para el ingreso máximo previsto por el sistema previsional.

La causa de esa brecha es que la primera recomposición que hubo en 2020 se hizo de tal manera que la suba fue, según el nivel de ingresos, de entre 3,7% y 12,9%. Ese año, por decisión del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner –y con el aval que dio el Congreso–, no rigió ninguna fórmula para calcular los reajustes. Hubo, en cambio, una política de decisiones discrecionales, que le permitió al Gobierno hacer un ajuste a la baja del gasto previsional: las subas nominales de ese año fueron inferiores a la inflación y también a lo que hubiera correspondido dar en caso de haber estado vigente la fórmula de movilidad aprobada en 2017, que en sus dos años de vigencia había determinado incrementos por debajo del nivel de suba de precios (en otras palabras, justo cuando tocaba recuperar algo de poder adquisitivo, la decisión política fue la suspensión de la aplicación de la fórmula).

Varios datos incluidos en informes del Iaraf grafican el ajuste de los últimos años. Si se calcula el valor del haber mínimo (hasta este mes, de $37.525) a precios actuales (es decir, corrigiendo los números por inflación, para que resulten comparables), el actual es el más bajo de los meses de agosto, al menos desde 2017: es un 24% más reducido que el de aquel año y, por ejemplo, un 7,2% inferior al de agosto de 2021.

Con esas cifras, los economistas de ese centro de estudios concluyen que “si se aumentase el haber un 32% y luego lo necesario para no perder con la inflación, se les aseguraría a los jubilados el mantenimiento del poder adquisitivo de hace unos años, de ahora en adelante, pero, obviamente, eso no compensaría nada del poder adquisitivo perdido en los últimos años”.

En lo expresado en esa frase está una de las claves del daño que causa la inflación en los ingresos no solo de los jubilados y pensionados, sino también de quienes están en actividad. Las compensaciones llegan con cierta periodicidad, mientras que, en un escenario de inflación creciente, el deterioro de los pesos es continuo. La misión de “ganarle” a la inflación con reajustes cuyo porcentajes se definen mirando la evolución de variables económicas cuando el aumento de precios era más bajo, se asemeja al objetivo de subir por la escalera mecánica que está programada para bajar.

Según el Iaraf, si se toma como base 2017, la pérdida acumulada en 56 meses por quienes cobran el haber mínimo suma el equivalente a 8,4 ingresos mensuales. Y si se suman a los ingresos los bonos cobrados durante ese período, el efecto se reduce pero no deja de ser negativo: el cálculo arroja que se perdió el equivalente a 6,7 haberes. Mientras tanto, el gasto real (corregido por inflación) del Estado en jubilaciones y pensiones contributivas se redujo un 12,3% en los últimos cinco años, a contramano de lo ocurrido con partidas como la de subsidios a la energía, que avanzó un 145,7%.

Con esa situación como telón de fondo, en septiembre llegará el tercer reajuste del año determinado por la fórmula de movilidad. Será de 15,53% para todas las jubilaciones y pensiones y llevará el haber mínimo a $43.353 y el máximo, a $291.722 (cifras en bruto).

Se adicionará, durante los tres meses de vigencia de esos valores (en diciembre habrá una nueva actualización), un monto de $7000 en el caso del haber mínimo, con lo cual, el ingreso de bolsillo, restado el aporte al PAMI, será de $49.052 (asumiendo que no hay descuento sobre el bono, como fue en los últimos casos). A partir de allí y según se anunció, habrá un pago extra de importe decreciente, hasta llegar a los $4000 para quienes perciben el equivalente a dos veces el haber mínimo (el mes próximo esa cifra será de $86.705). Para el resto de los jubilados, no habrá compensación.