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Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos

Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos
Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos

En octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un reporte a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que señaló presuntos vínculos de 20 alcaldes de Guerrero del PRD, PRI, PVEM, PAN y el PT con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.

José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y del que se desconocía su paradero entonces, fue señalado de estar involucrado con miembros del grupo Guerreros Unidos (partícipes en la desaparición de los estudiantes), “a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos”.

Según el reporte del Ejército, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico, revelan documentos encontrados en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Este reporte, del 17 de octubre de 2014, fue hecho por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido a Tomás Zerón, principal responsable de la investigación que meses después sería nombrada como la “verdad histórica”.

Además, 16 días después de la llamada noche de Iguala, la Sedena informó sobre la detención de César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, que fue aprehendido por elementos de la PGR “a fin de que declarara sobre presuntos vínculos, con miembros de Guerreros Unidos, tanto de este como de su policía preventiva” .

Sin embargo, Peñaloza fue liberado un día después, el 14 de octubre, pese a que estaba en el segundo lugar de la lista de la Sedena “por orden de incidencia” y de ser señalado por proporcionar apoyo y protección a los miembros de la organización criminal que en aquel entonces se ostentaban como “elementos de la policía rural de la comunidad de Atscala” organizada por Pablo Tomás Ortiz Hernandez, presunto jefe de plaza.

Otros alcaldes, como el de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, presuntamente “lavaba dinero de Los Caballeros Templarios a través del hotel Real de la Loma ubicado en Ciudad Altamirano” y habría asistido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.

En una circunstancia similar se identificó al presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, a quien la Sedena vinculó con los hermanos Bernabé, David y Gerardo Lagunas Contreras, del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes eran identificados como “presuntos lavadores de dinero del narcotráfico y propietarios de hoteles, ranchos y de la Plaza de Toros de San Andrés” del municipio.

En dicho archivo también se menciona a los presidentes municipales Salomón Majul González, de Taxco de Alarcón, y Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, cuyas campañas políticas fueron presuntamente financiadas por integrantes del crimen organizado como Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, y Alexander Palacios, el Cholo Palacios, presunto jefe de plaza.

En el caso de Chávez Carbajal la Sedena también lo vinculó con los hermanos Onésimo y Javier Marquina Chapa, así como a Omar Cuenca Marino, señalados por “mantener el control de enervantes” en su municipio, considerado como de alta incidencia en el cultivo de amapola y mariguana.

Sobre la relación de presidentes municipales con el grupo conocido como “La Familia Michoacana”, la Sedena identificó que al menos Taurino Vázquez Vázquez, de Arcelia; Everardo Wenses Santamaría, de Tlapehuala; y María Guadalupe Eguiluz Bautista, de Tlalchapa, contaban con diversas denuncias ciudadanas que los vinculaban con Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, principal operador de esta organización criminal en la entidad.

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Investigan a trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa

Pese a que la situación del crimen organizado en la entidad para el 2020 contemplaba la presencia de cinco organizaciones delictivas y 16 grupos locales, quienes se encontraban en “pugna por el control, venta y trasiego de drogas”, la Sedena dirigió gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.

Así lo refiere un diagnóstico ejecutivo de la Secretaría fechado en febrero de 2020, en el que en una sección titulada “¿De quién lo protegemos?” se refiere que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre en la población”.

De esa manera refiere que para el año 2019, de los 81 municipios con que cuenta el estado se registraron mil 725 movilizaciones (mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros) convocados en su mayoría por organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, Sindicatos Únicos de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Popular de la Montaña.

De manera específica, sobre el activismo del magisterio disidente de la CETEG, la Sedena da cuenta que este se encuentra fragmentada en tres grupos: el “ala moderada” encabezada por el profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la Coordinadora; dos “ala(s) radical(es)” encabezadas por María Antonia Morales Vélez, dirigente en la región centro del estado y por José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestoría Laboral.

“Citadas fracciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades competentes asignación de plazas, prestaciones a sus agremiados, incorporación al FONE y movilización de apoyo a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promoviendo el paro de labores en los centros educativos, cuya dinámica de protesta se basa en realizar bloqueos carreteros principalmente”.

Sobre la “problemática estudiantil” del estado, la Sedena también tiene identificados a los estudiantes Alfredo Conde Carmona y Sureydi Mariscal Sierra como secretario general y presidenta del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa y de la Normal Regional de la montaña “José Vasconcelos”, respectivamente.

A ambos comités estudiantiles se les relaciona por realizar “marchas, bloqueos vehiculares, toma de casetas de cobros en la autopista del sol, toma de instalaciones gubernamentales, retención de autobuses de transporte público y retención de camiones de empresas comerciales para apoyar las actividades de protesta del comité de padres de familia de los 43.

Pese a que en el mismo documento la Sedena refiere que el activismo social es un factor que tiene un impacto temporal bajo “sin que haya logrado tener repercusiones en el ejercicio del Gobierno en el nivel municipal y estatal” y que estas han disminuido durante la actual administración, entre sus recomendaciones plantea que las comandancias de la IX Región Militar y las 27 y 35 Zonas militares gestionen ante el gobierno del estado “proyectos de ley para aumentar la penalidad de quienes agreden a los cuerpos de seguridad pública de los tres Órdenes de Gobierno”.

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