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Aysa: debería haber una suba en mayo por la inflación

LA NACION

Cuando la administración de Mauricio Macri asumió, en diciembre de 2015, el 80% de la tarifa de agua (Aysa) estaba subsidiado por el Estado. Cuatro años después, el servicio se encuentra en equilibrio financiero; es decir, el Tesoro no le transfiere dinero a la empresa pública para costos operativos. Todavía lo hace para obras de infraestructura, como, por ejemplo, las obras de saneamiento.

El último aumento de tarifas que aplicó Aysa fue del 27%, en mayo. El próximo debería hacerse en igual mes de 2020, luego de llamar a una audiencia pública en marzo. Pero no existe una regulación que obligue a Aysa a aumentar, así que dependerá del próximo gobierno subir la tarifa por inflación para mantener el equilibrio financiero o asumir el alza de costos a través de subsidios.

El Ministerio del Interior, del cual depende la empresa pública, les transfirió los subsidios de la tarifa social a la ciudad de Buenos Aires (CABA) y a la provincia. Luego del cambio en el esquema de subsidios que se venía otorgando, en el cual se pasó de uno generalizado, en el que el 95% de los usuarios recibían un subsidio -incluyendo sectores de medio y alto poder adquisitivo, comercios e industrias-, a otro focalizado en los usuarios que lo necesitan, se amplió también la cantidad de beneficiarios que reciben la tarifa social. Según datos de la cartera que conduce Rogelio Frigerio, se pasó de 19.000 beneficiarios, en 2015, a más de 300.000, en 2018.