Bancos prestan más al Gobierno y menos a los privados: cómo te afecta a vos el problema del "crowding out"

El fenómeno conocido como "crowding out", efecto desplazamiento, se produce cuando el Tesoro Nacional se financia tomando deuda, absorbiendo el crédito disponible y postergando el financiamiento del sector privado. El remedio para este virus que parasita la actividad económica, es expandir la producción, pero en Argentina no funciona.

Las advertencias de los economistas liberales acerca de los efectos nocivos de este desplazamiento del crédito comienzan a corporeizarse a juzgar por los numerosos casos recientes de personas físicas y jurídicas del sector privado de la economía que, en búsqueda de financiación por las entidades bancarias, se encuentran con propuestas poco atractivas por el alto nivel de las tasas a las que deben tomar un préstamo o, en muchos casos, son rechazados en sus pretensiones de financiación.

Y, esta realidad, se produce al mismo tiempo que los funcionarios del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa están abocados a cerrar un canje de deuda en pesos, billonario, que ajustarán por inflación o por tipo de cambio y con vencimientos para los años 2024 y 2025.

Una necesidad que tienen los funcionarios de la administración de Alberto Fernández para desplazar cualquier fantasma de reperfilamiento de la deuda pública en moneda nacional.

Sin embargo, este tipo de medidas tiene su lado muy negativo cuando se observa como el sector privado queda completamente retrasado en la posibilidad de fondearse crediticiamente con las entidades bancarias.

Este "efecto expulsión" o crowding out, aquella situación por la que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda pública, grafica la permanente tensión entre el Estado y el mercado. Una pintura exacta de lo que sucede en la Argentina y un efecto que parece que no sólo no se va a atenuar sino que tenderá a empeorar.

En la actualidad, a las empresas les cuesta conseguir financiamiento

Caen créditos a privados y suben préstamos al Estado

Un asesor ad honorem del ministro Massa, el titular de la consultora Quantum y ex secretario de finanzas nacional, Daniel Marx, anotaba en uno de sus informes para los funcionarios del  Palacio de Hacienda que debido a los cambios regulatorios que introdujo el Banco Central, a partir de diciembre de 2021, para incentivar la compra de títulos públicos por parte de los bancos, la participación del Estado en las tenencias de los mismos, sea por instrumentos financieros emitidos por el Tesoro o por el Banco Central y por los pases pasivos de la entidad que conduce Miguel Pesce, aumentó de 41% en diciembre de 2021 a 44% en agosto de 2022 y a 50% a fines de septiembre.

Números que conocen los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auditan las cuentas del país periódicamente.

Ahora bien, este termómetro que enseña la fiebre por acaparar el crédito disponible de parte del Estado, no ha hecho más que aumentar produciendo que las entidades financieras desatiendan al sector privado al que debieran, principalmente, servir.

Un reporte de la firma Facimex Valores indica que la exposición de los bancos a la deuda pública escaló hasta alcanzar la mayor proporción de esas colocaciones del dinero captado de terceros desde los tumultuosos años del fin de la convertibilidad, 2001 y 2002.

Con relación a los depósitos en pesos que atesoran las entidades bancarias, el año pasado, cerraron sus balances con el mayor nivel desde 2003 a la fecha y acumularon letras y títulos de deuda del sector público y del Banco Central por un total de 13,8 billones de pesos. Una cifra cercana al 75% de esas tenencias.

De allí que, junto a las nuevas medidas dictadas por la conducción económica, el sector productivo se enfrenta a una escasez de crédito producto de la voracidad del Estado que necesita financiar sus gastos.

El sector privado queda completamente retrasado en la posibilidad de fondearse crediticiamente

La mutación del sistema financiero local

Ariel Ferrari, de la Fundación Economía y Sociedad, sostiene que "estos resultados enseñan que el sistema financiero local mutó, de manera creciente e imparable, en financiador del sector público en su conjunto sin olvidar a los estados provinciales".

Los funcionarios de Sergio Massa no dejan de reconocer en voz baja que el sector privado necesita crédito y que es deseable que esta tendencia comience a revertirse a través de un programa sostenido de reducción del gasto que sirva para apalancar la actividad privada.

Porque, en definitiva, el enfrentamiento entre el Estado y el mercado sostenido por economistas ortodoxos se produce en un escenario ideal de máxima actividad productiva. En ese hipotético caso, si el Estado gasta de más, el sector privado deberá gastar de menos.

Sin embargo, en la actualidad, la Argentina no se encuentra en su máximo potencial productivo. Existen recursos ociosos y hay actividades con baja productividad.

Para el economista Lucas Navarro, el país "tiene un desempeño económico lamentable. El producto interno bruto (PBI) por habitante se redujo en más de 6% en la reciente década, la segunda peor marca de la región detrás de Venezuela".

El experto sostiene que para producir se necesitan máquinas y trabajadores y ambos factores han crecido poco en Argentina. "Mientras que en el período 2010-2021 el empleo ajustado por calidad y el stock de capital subieron 4% y28% respectivamente, la actividad económica cayó 3%". Lo que demuestra una caída en la eficiencia a la hora de producir.

Para Navarro, mejorar la productividad "…es la principal meta de política económica de largo plazo de las naciones, tan importante como el desafío actual de reducir la inflación".

Incrementar el potencial productivo puede ser un remedio para el mal del crowding out pero por el momento la medicina no logra aplicarse y además, existen otras fuentes de presión para el otorgamiento de crédito privado.

Desde mayores alícuotas impositivas o la directa creación de nuevos impuestos que recortan los ingresos del sector privado y, por lo tanto, su disponibilidad para gastarlos hasta el incremento del gasto público que se financia vía la emisión monetaria que, al menos por el momento, el titular del Ministerio de Economía no quiere habilitar.

Frente a la opción de emitir para cancelar más de 6 billones de pesos, Sergio Massa, analizó que, si el 80% de la deuda a reprogramar se encuentra en poder de los bancos y organismos públicos y el 20% restante en poder de la banca privada, la opción por el canje es la mejor elección aunque, una vez más, el que sufrirá las consecuencias, será el sector privado tomador de crédito.