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BP rechaza demanda por secuestro en Colombia
(BNamericas.com) - El grupo petrolero BP señaló el viernes que se defenderá enérgicamente de la demanda presentada en su contra en un alto tribunal de Londres que la acusa de tener participación en el secuestro y tortura de un líder sindical colombiano.
Gilberto Torres estuvo en cautiverio por 42 días a principios de 2002 tras ser raptado en el departamento oriental de Casanare.
Facciones paramilitares proclives al gobierno acusadas del secuestro señalan haber recibido pagos del operador local Ocensa, en el cual BP mantiene una participación de 15,2%.
BP se retiró de Colombia en 2010 tras vender sus activos en US$1.900mn a la petrolera estatal Ecopetrol y a la canadiense Talisman Energy.
En un comunicado a BNamericas, BP rechazó "categóricamente" las acusaciones de complicidad en el secuestro de Torres.
"Si bien BP deplora lo que le ocurrió al Sr. Torres, rechazamos categóricamente las acusaciones de que BP hubiese tenido participación o conocimiento del incidente o de alguna manera 'hubiese permitido que ocurriera'", manifestó.
"BP nunca contrató ni alentó las actividades paramilitares en Colombia durante el período que tuvo operaciones allá".
Ocensa también negó cualquier vínculo con el secuestro.
Un artículo del periódico The Guardian se informa que el alto tribunal comenzaría a revisar el caso en Londres el viernes.
No obstante, una fuente ligada a BP dijo a BNamericas que la compañía no tenía conocimiento de la demanda.
Deighton Pierce Glynn, el estudio jurídico londinense que representa a Torres, sostiene que BP no tomó las medidas apropiadas para detener la actividad paramilitar. La firma británica no ha sido acusada de estar directamente involucrada en el secuestro de Torres.
"Amnistía Internacional se dirigió en muchas ocasiones a BP para advertirle de los asesinatos y desapariciones. Pero BP no actuó de manera diligente ante las advertencias", dijo a The Guardian Sue Willman, socia de Deighton Pierce Glynn.
Según Naciones Unidas, 3.000 activistas sindicales han sido asesinados y otros 6.000 han desaparecido en Casanare en los últimos 30 años.
El Ejército colombiano fue acusado de externalizar contratos para proteger infraestructura petrolera a facciones paramilitares proclives al gobierno, que habrían actuado en contra de simpatizantes de guerrilleros de izquierda.
BP y Ecopetrol, que mantiene una participación controladora en Ocensa, negaron haber efectuado pagos a paramilitares para resguardar el ducto de 830km.
La línea, que se extiende desde la cuenca Los Llanos por el centro al puerto caribeño de Coveñas, posee una capacidad de transporte de 560.000b/d, alrededor del 60% de la producción total de Colombia.
Un policía colombiano observa el fuego causado por una explosión en un ducto petrolero en Medellín. Fuente: AFP/Fernando Vergara.
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