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Una ley de california diseñada ayudar a familias de campesinos migrantes no es efectiva

Cada año, al final de la temporada de trabajo, miles de familias de trabajadores agrícolas de California sacan a sus hijos de la escuela y se mudan al menos a 50 millas de distancia.

El viaje anual persiste, a pesar de que el estado tiene cada vez menos migrantes y cada vez más trabajadores agrícolas que quieren establecerse permanentemente.

En 2018, los defensores ganaron una exención del requisito de 50 millas para las familias con niños en edad escolar. Relajar la regla, creían, facilitaría que los niños migrantes permanecieran en un solo lugar y mejoraría los resultados educativos.

Pero, cinco años después, pocas familias hacen uso de la exención. En algunos casos, parece que nadie se molestó en informarles al respecto. La escasa comunicación de los funcionarios y la falta de viviendas asequibles fuera de temporada han dificultado que los trabajadores se acojan al programa.

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La política expira en enero de 2024, lo que dejaría a los trabajadores agrícolas que dependen de la vivienda estatal con aún menos opciones después de que termine su temporada de trabajo.

Esto deja a los trabajadores agrícolas como Margarita Anaya de Chávez con opciones limitadas.

Anaya de Chávez ha vivido en Davis Migrant Center en Dixon con su esposo, madre e hijo adolescente durante los últimos tres años. Ha trabajado en la agricultura durante 30 años y ha pasado siete en la zona de Davis, en donde ella y su esposo recogen almendras, tomates y chiles.

“Me gustaría que ellos [el estado] hicieran algo por la vivienda de los trabajadores agrícolas que no ganan mucho y que no pueden pagar un alquiler alto”, dijo en español. “Tienen que ver la necesidad que tenemos”.

La trabajadora agrícola Margarita Anaya de Chávez, de 59 años, a la derecha, junto a su madre María de Lourdes Ortiz de Anaya, de 82 años, enferma de cáncer, en el interior de su apartamento en la vivienda para migrantes Davis, en Dixon, en octubre.
La trabajadora agrícola Margarita Anaya de Chávez, de 59 años, a la derecha, junto a su madre María de Lourdes Ortiz de Anaya, de 82 años, enferma de cáncer, en el interior de su apartamento en la vivienda para migrantes Davis, en Dixon, en octubre.

Historia de las viviendas para migrantes

Los centros de vivienda para migrantes de California se remontan a finales de la década de 1970. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) convirtió los campamentos de tiendas de campaña, edificios desmontables y refugios temporales en complejos de viviendas.

En la actualidad, el estado gestiona 24 de estos centros, la mayoría de ellos en el Valle Central y el norte de California, con un coso anual de unos $12 millones. Los alquileres cubren unos $4.6 millones del presupuesto de los centros de inmigrantes y las subvenciones sufragan unos $7.4 millones de los gastos restantes.

Los condados, las autoridades de vivienda y las asociaciones de cultivadores son los propietarios de los terrenos y el HCD es el propietario de las viviendas, que están abiertas hasta el final de la temporada, desde abril hasta octubre o noviembre. La falta de financiación adicional y la necesidad de mejorar algunos de los complejos para el invierno obligan a un cierre anual de seis meses.

En los centros viven algo menos de 10,000 inquilinos. Todos deben cumplir requisitos de ingresos, demostrar que trabajan en la agricultura y demostrar que viven al menos a 50 millas de distancia durante tres meses después del cierre de los centros.

Para muchos trabajadores agrícolas, los centros de migrantes son la única fuente constante de vivienda asequible, incluso si deben salir durante una gran parte del año.

Los trabajadores que se alojan en los centros pagan un alquiler mucho más bajo que el que cobran los propietarios privados. El año pasado, Anaya de Chávez, quien gana $15.75 por hora, pagó $380 al mes por un apartamento de tres dormitorios.

La unidad de Anaya de Chávez en Davis Migrant Center es modesta y limpia, con una pequeña sala de estar y cocina y dormitorios para ella y su esposo, su hijo y su madre. Los exteriores de las casas son grises y están bien cuidados; tendederos y pequeños jardines de flores salpican los patios del complejo.

Una vivienda de precio de mercado con el mismo número de dormitorios probablemente le costaría más de $2,300 en el Condado Yolo, de acuerdo con datos de National Low Income Housing Coalition.

Una cortina decorada con gallinas cuelga de la ventana del apartamento de Natalie Beltran para trabajadores agrícolas migrantes en agosto en Davis Migrant Center.
Una cortina decorada con gallinas cuelga de la ventana del apartamento de Natalie Beltran para trabajadores agrícolas migrantes en agosto en Davis Migrant Center.

Orígenes de la regla de las 50 millas

Para vivir en los centros de migrantes, los trabajadores también deben cumplir con la regla de las 50 millas, que exige que el cabeza de familia viva al menos a esa distancia durante tres meses después de que las familias se muden por la temporada.

En los últimos años, algunos defensores de los trabajadores agrícolas empezaron a calificar de opresiva la migración forzada.

“Durante demasiado tiempo, las familias de trabajadores agrícolas migrantes y los niños soportaron la peor parte del desplazamiento repetido a medida que seguían las temporadas agrícolas”, dijo Antonio De Loera-Brust, director de comunicaciones de la Unión de Campesinos (UFW).

Otros dijeron que garantiza que haya viviendas disponibles específicamente para los inmigrantes, quienes son especialmente vulnerables y pueden verse obligados a vivir en viviendas pobres a precio de mercado, moteles o incluso campamentos si los centros no estuvieran disponibles para ellos.

Los orígenes de la regla de 50 millas son oscuros; tampoco parece existir ninguna explicación de por qué HCD adoptó esa distancia específica. La disposición apareció por primera vez en el Código Normativo de California en 1982.

Es probable que surgiera en torno a la creación de los centros de alojamiento, o un poco después, cuando la población de trabajadores agrícolas estaba compuesta principalmente por hombres solteros que dejaban atrás a sus familias cuando viajaban a California.

La demografía de los trabajadores agrícolas ha cambiado mucho desde que se creó la norma de las 50 millas. A partir de la década de 1970, la corriente de hombres se convirtió en una corriente de familias reunificadas, dijo Ed Flores, director de la facultad de UC Merced Community and Labor Center.



“Lo que los responsables políticos no tuvieron en cuenta fue que los trabajadores agrícolas, incluso siendo hombres, seguían siendo personas”, dijo Flores. “Seguían teniendo familia y era solo cuestión de tiempo antes de que hubiera reunificación familiar y antes de que el gobierno se viera obligado a empezar a pensar en las necesidades de sostener esta fuerza de trabajo”.

Provocó un aumento del número de trabajadores agrícolas que se asentaban en las comunidades a las que abastecían.

Entre 1989 y 1991, alrededor del 57% de los trabajadores agrícolas de California se establecieron, o no emigraron, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). La encuesta de 2019-2020, la más reciente de la agencia, muestra que el 92% está asentado.

Familias como la de Anaya de Chávez están entre las que quieren dejar de migrar y quieren formar un hogar propio.

La urgencia de Anaya de Chávez por establecerse en Davis aumentó el año pasado, cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer en fase cuatro y empezó a recibir quimioterapia. Su hijo adolescente está a la mitad del instituto.

Ella califica la búsqueda de vivienda de casi imposible dado su salario mínimo, que gana limpiando y haciendo trabajos esporádicos durante la temporada baja agrícola. Su esposo está en paro y sufre lesiones medulares después de 44 años de trabajo en el campo.

“Me tiene angustiada, como que muy deprimida estar buscando en dónde vivir”, dijo.

Por ahora, Anaya de Chávez, su hijo y su madre se han hacinado en la casa de Davis de un familiar. La casa ahora está ocupada por siete personas, con su hijo y su madre compartiendo una cama y otros durmiendo en el piso de la sala de estar.

La trabajadora agrícola Margarita Anaya de Chávez dijo en octubre que entiende por qué su hijo Carlos David Chávez Anaya, de 15 años, a la derecha, no quiere irse de Davis. Dijo que le va muy bien en la escuela y le encanta participar en deportes y música.
La trabajadora agrícola Margarita Anaya de Chávez dijo en octubre que entiende por qué su hijo Carlos David Chávez Anaya, de 15 años, a la derecha, no quiere irse de Davis. Dijo que le va muy bien en la escuela y le encanta participar en deportes y música.

Pocas familias usan la exención que tanto les costó conseguir

La regla de las 50 millas significa que las familias han tenido que mudarse durante mucho tiempo a más de una hora de distancia al final de la temporada, sacando a sus hijos de la escuela a mitad de año o separando a la familia.

Durante tres años —desde que su hijo, Carlos, tenía 12 años— Anaya de Chávez ha tomado la difícil decisión de dejarlo atrás con un familiar mientras ella y su esposo se reubican temporalmente en Michoacán, México.

Los datos de HCD de 2019 muestran a 1,944 niños en edad escolar en centros de vivienda para migrantes en todo el estado.

En respuesta al cabildeo de los defensores de los trabajadores agrícolas, la senadora Anna Caballero, demócrata de Merced, en 2018 fue autora del proyecto de ley que crea una exención a la regla de 50 millas que reserva una parte de las unidades para familias migrantes con niños en edad escolar.

Podría haber hecho la vida más fácil para la familia de Anaya de Chávez, pero nadie se molestó en decírselo, dijo.

"Vinimos aquí [de regreso a México] porque pensamos que teníamos que irnos. Nadie me dijo nada... No es justo".

HCD dijo que, cuando la exención entró en vigor, la agencia informó a todos los operadores de los centros de inmigrantes.

Se esperaba entonces que los operadores compartieran la información a través de las reuniones de los consejos de habitantes que los inquilinos eligen para debatir públicamente problemas y preocupaciones. Yolo County Housing Authority (YCH), que opera el centro de migrantes Davis, dijo que proporcionó la información de exención al consejo.

El proyecto de ley de Caballero no exige que HCD, los operadores o los consejos recuerden a los habitantes la exención cada año y el uso de la exención es extremadamente limitado, de acuerdo con los datos de HCD.

Solo 27 hogares, todos de Buena Vista Migrant Center en Watsonville, aprovecharon la disposición en 2019, de auerdo con HCD. Dieciocho familias del centro Buena Vista la usaron en 2020.

El año pasado, 52 familias de dos centros optaron por usar la exención, con todas menos una provenientes del centro Buena Vista.

Aunque algunas familias migran a otros lugares en California o Estados Unidos, la gran mayoría regresa a México, muestran los datos de HCD de 2019.

Margarita Anaya de Chávez estaba de pie dentro de la habitación de su hijo, en donde una bandera estadounidense y recuerdos de atletismo colgaban de las paredes en Davis Migrant Center en Dixon, en octubre. Dijo que él saca buenas notas y participa en deportes y música en Davis High School y que no quiere irse de la zona.
Margarita Anaya de Chávez estaba de pie dentro de la habitación de su hijo, en donde una bandera estadounidense y recuerdos de atletismo colgaban de las paredes en Davis Migrant Center en Dixon, en octubre. Dijo que él saca buenas notas y participa en deportes y música en Davis High School y que no quiere irse de la zona.

¿Por qué no se están asentando los migrantes?

Los defensores cuestionan si la exención se transmitió efectivamente a los habitantes.

"Dadas las condiciones de los trabajadores agrícolas, cómo son tratados y cómo se los mantiene al margen de información importante que puede tener un impacto en sus vidas, esto no es sorprendente", dijo Ana López, directora de Center for Farmworker Families .

En 2018, López luchó arduamente junto a los habitantes del centro Buena Vista para abogar por la exención. Ella cree que dejó a los trabajadores agrícolas más informados en torno a la política.

“Es porque levantamos tanto infierno al respecto”, dijo López.

Pero algunos operadores y gerentes de centros dijeron que los trabajadores agrícolas están bien informados y que el interés en la exención es limitado.

Jim Kruse, director ejecutivo de Stanislaus Regional Housing Authority, administra una agencia que supervisa cuatro centros: Buena Vista, Empire, Patterson y Westley. Todos los centros son informados de la exención anualmente, dijo.

"La mayoría de los inquilinos son realmente migrantes y, en cuanto termina la temporada, no recibimos muchas solicitudes", dijo.

Múltiples gerentes de centros de migrantes dijeron que los habitantes no tienen ningún uso para la exención de 2018. Estos trabajadores siguen siendo migrantes generacionales que regresan a México o a otro estado después de la temporada de California.

En el centro de migrantes de Hollister, alrededor del 75% de los habitantes migran a Yuma, Arizona, en donde cultivan espinacas, dijo el gerente del centro, Elías Barocio. De acuerdo con Barocio, en los últimos diez años la región se ha convertido en el hogar de muchos trabajadores tecnológicos de Silicon Valley.

Los salarios más elevados de estos trabajadores se han traducido en un aumento de los alquileres. Un apartamento de tres dormitorios a precio de mercado en el Condado San Benito cuesta más de $2,300, de acuerdo con la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.

“Incluso si quieren que se quede, no van a encontrar nada”, dijo Barocio.

Caballero cree que algunos padres —como Anaya de Chávez— pueden no haber sido adecuadamente informados sobre el cambio de regla. Caballero cree que algunos padres, como Anaya de Chávez, pueden no haber sido informados adecuadamente del cambio de la norma, por lo que considera prioritario abordar la exención antes de su inminente expiración.

La asambleísta Cecilia Aguiar-Curry, demócrata de Winters, dijo que está interesada en trabajar con Caballero en un proyecto de ley para hacer permanente la exención; también citó la necesidad de examinar la forma en que la información se transmite a los centros y habitantes.

"No se utiliza tan a menudo, pero, cuando se hace, cambia la vida de las familias", dijo Aguiar-Curry.

Soluciones de vivienda para los trabajadores agrícolas

Una posible solución para atender las diferentes necesidades de las familias migrantes que viven en los centros sería permitir cierta flexibilidad en el uso de las viviendas.

Kruse sugirió que algunos lugares y sus necesidades agrícolas podrían soportar el trabajo durante todo el año y por lo tanto el alojamiento a más largo plazo.

“A veces las temporadas terminan y todavía tenemos algunas empresas manufactureras locales que están buscando esa mano de obra adicional”, dijo Kruse.

Otros centros podrían seguir atendiendo solo a inmigrantes.

Anaya de Chávez ha estado evaluando sus opciones para la temporada 2023. Solicitó una unidad en el único complejo permanente de viviendas asequibles para trabajadores agrícolas en el área de Davis, prefiriendo quedarse en el norte de California en lugar de enfrentar el desplazamiento anual.

Pero, si llega abril y sigue sin ninguna otra opción, Anaya de Chávez tomará otra decisión difícil.

“Creo que estas personas que tienen el poder de mover el estado, de mover tantas cosas, necesitan prestar más atención a los trabajadores agrícolas”, dijo.