Yahoo Finanzas En el caso de Trump, la jueza de Florida Aileen Cannon es ‘vapuleada’ por haber procedido así
Hace tres meses, la jueza de distrito federal Aileen Cannon hizo la controvertida petición de nombrar a un experto independiente para que examinara los documentos –incluido material clasificado del gobierno– incautados por agentes del FBI en la residencia del ex presidente Donald Trump en Palm Beach.
Lo hizo a pesar de haber expresado en su propio fallo sus dudas iniciales sobre la intervención en el caso, de gran carga política.
En un mordaz fallo emitido el jueves por la noche, un tribunal federal de apelaciones de Atlanta consideró que debería haber prestado atención a sus primeras dudas legales. Un panel de tres jueces, todos ellos designados por republicanos como Cannon, revocó la decisión de la jueza de nombrar a un “perito especial” porque no tenía autoridad para hacerlo y efectivamente aniquiló el caso, ya que expertos legales consideran que una potencial apelación tiene pocas probabilidades de éxito.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito federal, dijeron varios expertos legales del sur de la Florida y otros, dejó poco espacio para la discusión.
“El punto clave es que la jueza Cannon no tenía jurisdicción para hacer nada aquí”, dijo Mark Schnapp, un ex fiscal federal y veterano abogado de defensa criminal de Miami. “Ella trató de hacer valer la jurisdicción equitativa [para nombrar al maestro especial], pero su propia opinión mostró porqué su análisis era defectuoso”.
“Su opinión fue destrozada por el tribunal del undécimo circuito”, dijo.
En su orden del 5 de septiembre, Cannon señaló que estaba de acuerdo con los abogados del Departamento de Justicia en que los agentes del FBI que llevaban una orden de registro para la finca de Trump en Mar-a-Lago no habían mostrado un “desprecio cruel por [sus] derechos constitucionales”, concluyendo que “este factor va en contra del ejercicio de la jurisdicción equitativa”.
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Pero en lugar de seguir su propio análisis, Cannon extendió a Trump protecciones que no se dan a los ciudadanos comunes al nombrar a un maestro especial para revisar la evidencia del FBI, citando las “circunstancias sin precedentes” de que el gobierno federal allanara la casa de un ex presidente.
Cannon, que fue nominada por Trump y se incorporó a la judicatura federal en el sur de la Florida al final de su mandato en 2020, asumió la jurisdicción en la investigación del Departamento de Justicia sobre el presunto mal manejo del ex presidente de documentos clasificados y posibles violaciones de la seguridad nacional.
Designó a un perito especial de Nueva York para que viera un centenar de registros clasificados y otros miles de registros personales y presidenciales sacados de la casa de Trump el 8 de agosto para determinar si alguno contenía correspondencia privilegiada con abogados. Cannon se negó a que un “equipo de filtración” del Departamento de Justicia formado por agentes y fiscales hiciera el trabajo.
Su decisión, en respuesta a una demanda civil que pretendía que se devolvieran a Trump ciertos documentos privilegiados, frenó la investigación penal del FBI sobre el ex presidente. El Departamento de Justicia apeló su decisión y ahora se ha anotado una importante victoria legal, lo que permite que su investigación sobre el caso de los documentos clasificados avance a toda máquina.
El impacto es inmediato: La decisión de Cannon no solo se anulará por su falta de jurisdicción, sino que la revisión aún inconclusa del juez especial se cerrará, llevando la demanda de Trump a un callejón sin salida.
Aunque se espera que los abogados del ex presidente interpongan un recurso de apelación, los expertos dicen que probablemente caerá en saco roto dada la contundente decisión de la apelación: “Esta apelación requiere que consideremos si el tribunal de distrito tenía jurisdicción para bloquear a Estados Unidos en el uso de registros legalmente incautados en una investigación criminal. La respuesta es no”.
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Expertos legales en el sur de la Florida coincidieron, diciendo que Cannon debería haber rechazado la demanda de Trump que buscaba frustrar la investigación del Departamento de Justicia después de que el FBI obtuviera una orden de registro de un juez magistrado que encontró causa probable de un delito sobre su almacenamiento de documentos clasificados y otros documentos presidenciales en el club y la residencia de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca en enero de 2020.
“La conclusión es que ya no tenía el privilegio presidencial porque ya no era presidente”, dijo el fiscal federal de carrera retirado Dick Gregorie. “No tenía por qué meter las narices, y la fulminaron por ello”.
Carl Tobías, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, se hizo eco de esa opinión, diciendo que los jueces de apelaciones de Atlanta “destrozaron su [decisión]” durante los argumentos orales, por lo que el resultado “no fue sorprendente”.
Tobías dijo que Cannon nunca “justificó” su decisión de invocar la jurisdicción en el caso de Trump, diciendo que su conclusión de nombrar un maestro especial era “errónea”. Pero añadió: “No creo que ella esté actuando de mala fe. Es una jueza menor que actúa de forma aislada” en Fort Pierce. Allí es donde Cannon fue asignada cuando se incorporó a la judicatura federal en el Distrito Sur de la Florida.
El fallo del panel de apelaciones provino de tres jueces nombrados por los republicanos, incluidos dos por Trump. También marca la segunda vez que el tribunal de Atlanta da un golpe importante a Cannon en su manejo del caso de alto perfil. Después de su decisión inicial de nombrar al maestro especial, el tribunal de apelaciones dictaminó que el experto externo, el juez de distrito de Nueva York Raymond Dearie, no podía revisar los documentos clasificados sacados de Mar-a-Lago, y que debían ser devueltos de inmediato a los investigadores estadounidenses.
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En un fallo de 21 páginas emitido a última hora del jueves, los jueces –el presidente William H. Pryor, Britt Grant y Andrew L. Brasher–describieron los argumentos del equipo legal de Trump como un “espectáculo secundario”, destacando que sus abogados nunca plantearon el punto fundamental de que los agentes del FBI mostraron un “desprecio insensible” por los derechos constitucionales del ex presidente. El panel de apelaciones consideró que el “estándar de desprecio insensible no se ha cumplido aquí, y nadie argumenta lo contrario”, incluida la jueza que preside, Cannon.
“No hay evidencia registrada de que el gobierno se haya excedido en el alcance de la orden, la cual, vale la pena repetir, fue autorizada por un juez magistrado [de West Palm Beach] que encontró causa probable [de un delito]”, escribió el panel. “Y una vez más, el argumento [de Trump] se aplicaría universalmente; presumiblemente cualquier sujeto de una orden de registro querría recuperar toda su propiedad antes de que el gobierno tenga la oportunidad de usarla”.
El panel dijo que el momento adecuado para que Trump o cualquier otro sospechoso en una investigación criminal desafíe la incautación de bienes por parte del gobierno sería después de que un jurado de instrucción haya emitido una acusación. El jurado de instrucción en Washington, D.C., está actualmente revisando la evidencia y escuchando el testimonio de los testigos en la investigación de los documentos de Mar-a-Lago, según los reportes publicados. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró recientemente a un fiscal especial, Jack Smith, para supervisar la investigación, lo cual se produjo tras el anuncio de Trump de que se postulará a la presidencia en 2024.
Los jueces de apelaciones de Atlanta señalaron que es “ciertamente extraordinario que se ejecute una orden en la casa de un ex presidente, pero no de una manera que afecte nuestro análisis legal o de otra manera le dé al poder judicial licencia para interferir en una investigación en curso”.
Citando una prueba legal sobre la jurisdicción que ha estado en vigor durante casi 50 años, el panel de tres jueces escribió que “sus límites se aplican sin importar a quién está investigando el gobierno”.
“La ley es clara”, concluyó el panel. “No podemos redactar una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del gobierno después de la ejecución de una orden. Tampoco podemos escribir una norma que permita solo a los ex presidentes hacerlo”.
