Críticas de economistas a la gestión kirchnerista por el revés en el juicio por el cupón PBI

Un revés esperado que empeora las condiciones externas, generará pérdidas al país y afectará negativamente al sector privado. Ese es el análisis de los economistas tras un nuevo fallo adverso que establece la obligación de pagar alrededor de 1330 millones de euros a fondos de inversión y tenedores de deuda por el caso del cupón PBI.

Se trata decisión del Tribunal Superior de Londres, que dictaminó que la Argentina es culpable de haber modificado el mecanismo de cálculo del producto bruto interno (PBI) para que la estimación de crecimiento fuera menor a la que gatillara el pago del cupón de intereses de instrumentos de deuda que habían sido emitidos en 2005, durante la gestión de Roberto Lavagna, como canje de bonos que estaban en default desde 2001.

“La sentencia de este juicio es una mancha más al tigre. Claramente, todo lo que fue el período de emergencia estadística en el país nos está generando un costo cierto. En su momento, por pillos, vivos o no sé bien por qué, decidieron hacer ese cambio para intentar ahorrar un pago, que efectivamente lo que vino después nos va a terminar saliendo mucho más caro”, sintetiza Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go.

“ Fue un error del Gobierno en aquel momento haber hecho ese cambio , fue imprevisto para no gatillar el pago del cupón, y ahora pagamos las consecuencias de ese manejo arbitrario”, agrega el economista.

La causa, que resultó en un fallo adverso para el país, que tuvo otros similares en otras cortes, se originó por la demanda de cuatro fondos (Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited), que alegan haber sido perjudicados por una decisión del gobierno de Cristina Kirchner. Fue en 2013, durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía, cuando el Indec modificó la base de cálculo del PBI (hasta entonces la serie tomaba como referencia el año 1993 y se pasó a la serie base 2004).

“Los bonos con cupón PBI tenían una doble condición para el pago. Una era la tasa de crecimiento del PBI superara la del escenario base, que para la mayoría de los años era del 3,2%, y que el valor que el PBI real superara al del escenario base. Entonces, si la economía crecía más de 3,2% y el PBI era mayor al del escenario base, se gatillaba el pago. El tema es que en 2013, Kicillof decidió cambiar a partir de ese año la base de publicación del PBI, se pasa de 1993, que es el que estaba en el prospecto de los bonos, a la serie 2004, y en ese cálculo cambia la tasa de crecimiento, que dio por debajo del 3,2%, y por ese cambio se evitó gatillar el pago”, relata Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma.

Según el analista, esa decisión también generó controversia y alimentó especulaciones por parte de los fondos de inversión porque la serie del EMAE (el indicador mensual de actividad económica que publica el Indec y es la referencia preliminar sobre la evolución del PBI, que tiene publicación trimestral) “se había publicado con base 1993 y había dado por arriba del valor que gatillaba el pago”.

“ El tema fue cómo se hizo el cambio de la base, porque el número que se había publicado antes daba más alto, y ahora menos. Eso fue desprolijo, con el Indec intervenido y la cuestión de la manipulación de estadísticas oficiales, eso dio pie a varios juicios. Para colmo de males, la Argentina dejó de publicar la serie base 1993, con lo cual no se puedo seguir analizando, y muchos accionaron”, agrega Caamaño.

El economista recuerda, a su vez, que tras el cambio de gobierno, en 2015, la gestión de Mauricio Macri dispuso una revisión de las estimaciones de PBI anteriores, que arrojó diferencias entre lo publicado originalmente por el Indec y las nuevas series, con años donde, por efecto de la subestimación de la inflación, se había sobreestimado el crecimiento del nivel de actividad, que sí había gatillado pagos en los cupones PBI. En otras palabras, por la manipulación de los datos de inflación gestionada por Guillermo Moreno desde 2007, la Argentina pagó más intereses de deuda de los que hubiera correspondido sin esa intervención.

Mientras tanto, el fallo adverso de la justicia inglesa dispone que el país debe pagar alrededor de US$1500 millones, será apelado por el estado argentino, y el proceso se extenderá. Sin embargo, Menescaldi advierte sobre las consecuencias negativas de este revés. “Hay que seguir los tiempos procesales, porque posiblemente tampoco sea saldado en efectivo, sino con alguna emisión de bonos, pero lo que genera es un deterioro mayor del crédito de nuestra economía, que termina también afectando a las empresas privadas”.