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Demanda de acoso: la Justicia británica reconoce la inmunidad del rey emérito de España Juan Carlos I hasta su abdicación

Corinna acompañó a Juan Carlos a una polémica cacería de elefantes en África
El rey emérito Juan Carlos junto a su examante Corinna Larsen

LONDRES.- La justicia británica le reconoció este martes al rey emérito Juan Carlos de Borbón la inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, lo que el padre del actual monarca español reclamaba intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante Corinna Larsen en Londres.

En una resolución, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales reconoció que la “alegada conducta previa a la abdicación” es “inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”.

El rey emérito Juan Carlos I es retratado junto a su examante Corinna Larsen
El rey emérito Juan Carlos I es retratado junto a su examante Corinna Larsen - Créditos: @Alamy

El equipo jurídico del exmonarca, de 84 años, defendía desde 2021 que este no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978. Los abogados ponían el foco precisamente en que, si según la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn- Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participó en los hechos por orden del entonces monarca, serían “actos soberanos” e inmunes.

Sin embargo, un juez de la Alta Corte de Londres le había denegado el pedido en marzo argumentando que ya no era miembro de la casa real y que incluso antes de su abdicación, los “actos de acoso” de los que lo acusa la empresaria no se beneficiaban de dicha protección.

El Tribunal de Apelación accedió después a reexaminar la cuestión, pero únicamente mientras fue jefe de Estado.

La demanda por acaso podrá ahora sin embargo proseguir en una fecha por determinar, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad para el período posterior a su abdicación.

Amenazas y hostigamiento

Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas dentro y fuera de España por permitir el retorno de la democracia al país.

Pero una serie de escándalos a partir de 2012, incluida su relación con Larsen, derrumbaron su imagen, llevándolo primero a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, y en agosto de 2020 a exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde entonces.

El Rey Emérito Juan Carlos I saluda desde un vehículo a su salida de la casa de Sanxenxo camino de Madrid, a 23 de mayo de 2022, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia
El Rey Emérito Juan Carlos I saluda desde un vehículo a su salida de la casa de Sanxenxo camino de Madrid, a 23 de mayo de 2022, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia

Corinna Larsen, divorciada de un príncipe alemán, presentó en 2020 una demanda civil contra él por acoso en Londres, donde vive, en la que denunció ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, hackeo y difamación.

Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros. Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento.

No hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, que niega todas las acusaciones.

El abogado del exrey, Tim Otty, reclamó la inmunidad ante los jueces del Tribunal de Apelación londinense diciendo que dicha conducta de Juan Carlos “sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder”.

El Tribunal debía estimar, por ejemplo, si al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien según Larsen la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como Jefe de Estado o si se trataba de un favor personal entre amigos.

Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año
Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año

El abogado de Larsen, James Lewis, insistió entonces en que la inmunidad solo se aplicaba a actos realizados “en el desempeño de funciones oficiales” y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre el CNI.

Recientemente, los abogados de la empresaria modificaron su demanda, eliminando toda referencia a los servicios secretos españoles para dar a entender que Juan Carlos y Sanz Roldán actuaron de forma privada.

El caso se vio enturbiado por la publicación de un polémico podcast titulado “Corinna y el Rey”, en que los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan, con testimonios de Larsen y otros entrevistados, un romance que al venirse abajo “abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen”.

En documentos judiciales presentados en noviembre, los abogados de Larsen aseguran que aunque Juan Carlos le entregó los 65 millones alegando “un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento”, su intención era en realidad ocultarlos al fisco español, utilizándola como testaferro.

Agencias AFP y DPA