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Desafío de Trump a la Cámara es difícil de defender: C. Sunstein

Cass Sunstein

(Bloomberg) -- La dura respuesta de la Casa Blanca a la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, en la que llama a la iniciativa "un esfuerzo inconstitucional" y una violación al "debido proceso establecido en la Constitución", parece prometer algo: que no habrá cooperación.

La oración clave en la carta de ocho páginas, firmada por el abogado de la Casa Blanca Pat A. Cipollone, es esta: "[D]ado que su investigación carece de una base constitucional legítima, alguna simulación de justicia o incluso las protecciones más básicas del debido proceso, no se puede esperar que la Rama Ejecutiva participe en ella".

¿Cómo puede responder la Cámara?

Retrocedamos un poco. La Casa Blanca nunca recibiría con beneplácito una investigación del Congreso, y una investigación de juicio político es la menos bienvenida de todas. Cualquier abogado de la Casa Blanca tiene la obligación de proteger al presidente y a la presidencia (y, de ser necesario, de hacerlo con firmeza). Bajo presidentes tanto demócratas como republicanos, las investigaciones del Congreso, incluidas las dedicadas a escándalos, a menudo son esfuerzos de ganar puntos políticos obteniendo documentos internos que podrían estar protegidos por el privilegio ejecutivo (el cual resguarda la confidencialidad de las conversaciones presidenciales).

Por tanto, la reticencia de la Casa Blanca a entregar los documentos no es para nada inusual. Lo inusual es la arrasadora promesa de no cooperar y esta dura aseveración: "usted ha negado al presidente el derecho a interrogar a los testigos, a llamar testigos, a recibir transcripciones de los testimonios, al acceso a la evidencia, a tener un abogado presente y muchos otros derechos básicos garantizados a todos los estadounidenses.

Una investigación de destitución difícilmente puede considerarse un juicio penal. De hecho, no es un juicio de ningún tipo. En una audiencia ante el Congreso, sea abierta o cerrada, los miembros del Congreso generalmente llaman testigos y les hacen preguntas. No hay interrogatorio de la otra parte. ¿En serio el abogado de la Casa Blanca quiere que el presidente de Estados Unidos o sus abogados puedan interrogar y llamar testigos? ¿Qué quiere decir con eso?

La Cámara ya ha emitido una citación, enfocada específicamente en las interacciones de la Casa Blanca con Ucrania. El cumplimiento con una citación del Congreso legal no es opcional. La Cámara puede ir a los tribunales para hacer cumplir la citación. También puede designar al receptor en desacato del Congreso (un delito menor castigado con cárcel).

La respuesta más amplia, por supuesto, es un artículo de juicio político. Existe un precedente. Durante el Watergate, una mayoría de los representantes de la Cámara votó a favor del siguiente artículo:

En su manejo del cargo de presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon [...] sin motivo o excusa jurídicos, no ha producido documentos y cosas relacionadas, como se le ha ordenado mediante citaciones debidamente autorizadas emitidas por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 11 de abril de 1974, el 15 de mayo de 1974, el 30 de mayo de 1974 y el 24 de junio de 1974; y desobedeció obstinadamente estas citaciones. Los documentos y las cosas solicitadas eran consideradas necesarios por el Comité para resolver con evidencia directa fundamental cuestiones de hechos relacionadas con las instrucciones, el conocimiento o la aprobación del presidente de las acciones que otra evidencia ha demostrado son base sustancial para la destitución del presidente.

Vale la pena señalar que el artículo agrega que Nixon "sustituía su criterio sobre los materiales necesarios para la investigación" y por ende "interponía los poderes de la presidencia ante las citaciones legales de la Cámara de Representantes, asumiendo así funciones y criterios necesarios para el poder de destitución investido únicamente en la Cámara de Representantes por la Constitución".

Para que un artículo de juicio político se base en el desafío a una citación, lo mejor sería, por supuesto, que una corte federal concluyera que la desobediencia del presidente en efecto es ilegal. No obstante, eso podría demorarse bastante.

Además, es válido preguntarse si y cuándo un desafío a una citación, como tal, representa un crimen y un delito menor dentro del marco de la cláusula de juicio político de la Constitución. Si la citación no está relacionada con un asunto de gran importancia –digamos, una presunta conducta indebida de funcionarios de bajo nivel del Departamento de Agricultura–, sería muy difícil justificar una destitución. Y si la Casa Blanca cree, razonablemente y de buena fe, que la citación es ilegal, sería difícil argumentar que esta desobediencia es enjuiciable.

Ahora bien, en este caso, no cabe duda de que la citación está relacionada con un asunto de gran importancia. Que la Casa Blanca considere razonablemente que es ilegal depende de qué, exactamente, es lo que pide.

Es por eso que su negación categórica a cooperar es difícil de defender. En circunstancias normales, la airada carta de Cipollone sería una salva de apertura, el primer paso en una negociación. Pero estas no son circunstancias normales, por decir lo menos.

Nota Original:Trump Defiance of House Inquiry Is Hard to Defend: Cass Sunstein

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota: Carlos Manuel Rodriguez, carlosmr@bloomberg.net

Reportero en la nota original: Cass Sunstein en New York, csunstein1@bloomberg.net

Editor responsable de la nota original: Katherine Roberts, kroberts29@bloomberg.net

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