Efectos no deseados: los riesgos del plan oficial de contar años de aportes jubilatorios por hijos

Más allá del efecto valorado de que permitirá en el corto plazo que miles de mujeres de 60 años y más accedan a un ingreso mensual, el plan para reconocerle a la población femenina tiempo de aportes jubilatorios por los hijos tiene varios ejes para el debate. Una observación hecha por algunos analistas es que, en forma contradictoria a los fines de una política de género, con el paso del tiempo contribuirá a acentuar el estereotipo de la mujer siempre a cargo del cuidado de los chicos, en lugar de alentar que la tarea se comparta de manera equilibrada entre los padres. Es un riesgo que algunos países donde rigen esquemas de este tipo, como España y Francia, buscaron atacar, al incluir a los varones en el derecho a estos reconocimientos.

Así, lo dispuesto no alentará en el mediano plazo, sino más bien todo lo contrario, la participación femenina en el mundo del trabajo. Es cierto que la justificación de la medida tiene que ver con un mercado laboral muy deteriorado y con muy elevados índices de informalidad ya desde hace mucho tiempo, en el cual las mujeres llevan la peor parte (pero, entre los varones, los indicadores también son graves). Pero la decisión del Gobierno no es acompañada por otras que se propongan mejorar esa realidad social; mientras tanto, en los últimos años la cantidad de beneficios pagados por el Estado creció en gran medida, principalmente por moratorias dadas a quienes no habían aportado o habían aportado pero no lo exigido por la ley, mientras que el número de asalariados formales (con contribuciones) del sector privado es hoy similar al que había a inicios de 2010.

Por otro lado, en la valoración de las tareas de cuidado no se tuvieron en cuenta situaciones como la de hogares monoparentales de un varón con hijos, o la de matrimonios de varones.

Otro punto sobre el cual se advierte es que, frente a la visible necesidad de dar sostenibilidad al régimen previsional, se comprometen más pagos futuros en favor de uno de los grupos de la sociedad que están excluidos, sin buscar una solución real al problema que está en la raíz de la situación -la falta de creación de empleos en blanco- y sin debatir ni los costos ni las fuentes de financiamiento.

El programa, establecido por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), se pondrá en práctica en agosto y será gestionado por la Anses. Se reconocerán uno, dos o tres años de aportes por cada hijo (uno como regla general, dos si se trata de un hijo con discapacidad o que fue adoptado, y tres si se cobró la AUH al menos por 12 meses). El hecho de que, sin que haya justificado la urgencia, no se haya enviado un proyecto al Congreso cuando se está modificando un aspecto central de la ley previsional, fue cuestionado por referentes de la oposición, como el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara Baja. Un debate legislativo debería haber incluido varias cuestiones, que la decisión del Poder Ejecutivo soslaya.

“La propuesta contribuye en el corto plazo a resolver los problemas de acceso al sistema previsional en una determinada población, y a visibilizar el cuidado como un trabajo fundamental para la sociedad”, dice un análisis de los economistas Rafael Rofman y Luciana Petrone, del Programa de Protección Social del Cippec. Sin embargo, advierte también que “la utilización de este sistema como mecanismo de compensación ‘hacia atrás’ está asociado a dos desafíos: no permite interrumpir la reproducción de inequidades en el origen [en la vida laboral], y perjudica la sostenibilidad del sistema”.

El informe señala que las mujeres deben ser reconocidas como las principales responsables de las tareas de cuidado. Pero agrega que si la medida “se mantuviera exclusivamente para las mujeres, a la larga podría generar incentivos no deseados en favor de la feminización del cuidado”. Según los economistas, la experiencia sobre licencias por maternidad ofrece un ejemplo de cómo este tipo de políticas puede ser “contraproducente sobre las trayectorias laborales de las mujeres”, si no se incluyen componentes para promover la redistribución del cuidado. En el caso de las licencias, la tendencia en muchos lugares del mundo es incentivar a que sean compartidas entre los padres.

La población más vulnerable, no alcanzada

La conclusión sobre el DNU es que “es posible que no se trate de la herramienta más efectiva para responder a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a beneficios bajo el régimen general, al tiempo que puede generar efectos no buscados”. Y se indica que el tema debería ser parte de un debate amplio sobre el sistema. Se afirma también que las mujeres más vulnerable no se verán alcanzadas, porque ni aun con el reconocimiento por hijos y con la adhesión a la moratoria vigente alcanzarían los 30 años de aportes que se requieren.

El programa del Gobierno apunta en lo inmediato a mujeres que podrán jubilarse con la suma de dos elementos: el ingreso a la moratoria previsional (que va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo, por el límite temporal de los aportes que pueden declararse en el plan de pagos) y este nuevo reconocimiento de años de aportes por hijos.

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La prestación alternativa, ante la insuficiencia de aportes, es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por ley en 2016y equivalente al 80% del haber jubilatorio mínimo, que exige una edad mínima de 65 años a ellos y a ellas por igual. No requiere tener ningún aporte y presenta una cuestión debatible: se le paga lo mismo a quien no contribuyó nunca que a quien lo hizo, por ejemplo, durante 20 años. Y en el régimen regular no están previstos beneficios proporcionales para quienes no llegan a los 360 meses de aportes.

“Cuando se habla de ampliar derechos, todo suena bien –dice Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires–. Pero deberíamos tener en cuenta varias cosas. Una es a qué responde la medida, en el contexto de un sistema desguazado y sobresaturado, que suma incorporaciones a través de planes como las moratorias”. Semino afirma que, al no haber previstas medidas para el financiamiento “puede pensarse que nuevamente [como en las moratorias] se apelará al poco recurso que tiene el sistema; así, las incorporaciones, que son para algunos grupos y no para otros, se hacen a costa de quitas a los haberes, que ya son malos”.

Según considera Semino, hace falta un debate integral sobre cuáles son los sectores que deberían ser incorporados o los que esperan mejoras en sus haberes por temas sobre los cuales ya se expidió la Corte Suprema. Recordó, por ejemplo, que está el caso de quienes ya tienen más de 30 años de aportes realizados y una situación de falta de ingresos dada la falta de empleo que la crisis pandémica agravó; es un grupo para el cual hubo proyectos de ley en el Congreso, que no avanzaron.

Para la abogada previsionalista Andrea Falcone, la medida es correcta desde el punto de vista de la inclusión, pero incorrecta desde una perspectiva de género, e insuficiente por la falta de una política de fondo que ataque el problema real que está en el origen de la problemática de exclusión previsional: la falta de creación de empleo formal.

“Se acentúa el estereotipo de mujer madre, mujer cuidadora”, considera. Y explica que en España, por ejemplo, se reconoce un derecho a aportes por hijos que puede ser ejercido por mujeres y por varones. “Allí hay requisitos más específicos, se reconocen 270 días por hijo, hasta un máximo de cinco años, a quienes dejan de trabajar por la llegada de los hijos”, explica.

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Según la abogada, tal como está planteado el nuevo DNU es, de alguna manera, un reemplazo de la ampliación de los alcances de la moratoria previsional (algo que se decidió no hacer, al menos por ahora). Y, en ese sentido, señala, “es discriminatorio”, ya que esos planes de pagos de aportes darían un acceso más amplio. Falcone agrega, además, un dato que hace al diseño del régimen previsional general: la problemática laboral femenina, dice, ya está contemplada en el diferencial de la edad jubilatoria, que es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los varones (la cantidad de aportes exigidos sí es la misma).

“El reconocimiento por hijos surgió en países con pleno empleo, que buscaron incentivar la natalidad porque tienen invertida la pirámide poblacional”, dice el abogado Adrián Tróccoli.

En el modelo de previsión social de Francia, por ejemplo, la madre o el padre pueden hacer uso del derecho de contabilizar, por cada hijo, hasta 8 trimestres como aportados: cuatro por maternidad y cuatro por educación (estos últimos pueden ser dentro de los 4 años siguientes al nacimiento o a la adopción). También hay esquemas de reconocimiento en otros países, como Alemania y Uruguay; en el caso del país vecino, sin embargo, también el uso del derecho es solo para las mujeres.

En línea con lo comentado por Falcone, Tróccoli afirma que en la Argentina hay un reconocimiento por las tareas no remuneradas o del hogar, por lo general a cargo de las mujeres, que ya está implícito en las edades diferentes para el retiro: ellas pueden jubilarse cinco años antes. Se suman a ese factor el hecho de que las moratorias privilegien a las mujeres y, ahora, la nueva disposición sobre los hijos, que dejó al margen a los padres. Según la opinión del abogado, en un debate amplio debería incluirse el tema de la igualación de la edad del régimen general.

Debería evaluarse, en definitiva, la interconexión entre los aspectos de un régimen cuyo debate de fondo, medida tras medida y parche tras parche, siempre queda pendiente.