Falta de nombramientos en la CREG pone en riesgo una transición energética adecuada: Contraloría

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en el Congreso de Andesco, resaltó el papel de las comisiones reguladoras en Colombia; aseguró que estas entidades son decisivas y necesarias para el buen funcionamiento del país.

Esto aplica, por su puesto, para tanto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Alcantarillado (CRA), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

“La ausencia prolongada de la CREG y la falta de nombramientos de los comisionados, sin lugar a duda, es un grave error que pone en riesgo una transición energética adecuada. Esta falta de acción no solo retrasa proyectos cruciales, sino que puede convertirse en una amenaza a la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país”, precisó el jefe de la Contraloría General de la República.

Además, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercer vigilancia y control, e indicó que esta gestión podría llegar a no ser suficientemente notoria en los campos de interés de la ciudadanía y el territorio.

“Es imperativo que esta entidad fortalezca su presencia y efectividad con el fin de garantizar la correcta prestación de servicios públicos y responder de manera directa a las necesidades y preocupaciones que tienen la población en general”, manifestó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Para el funcionario es crucial que Colombia se maneje con el mayor rigor técnico el tema tarifario “ya que sobre esto existen muchas propuestas y discusiones principalmente en el servicio de gas natural y energía eléctrica”.

En línea con el contralor, es fundamental asegurar la viabilidad financiera de las empresas y lo que están pagando los usuarios finales. “Las tarifas se establezcan con el mayor rigor y eficiencia, pero sobre todo en beneficio de los usuarios”.

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¿Qué debe hacer la industria de servicios públicos en Colombia?

De otro lado, expuso que, pese a los avances, en Colombia aún hay mucho por hacer en coberturas de algunos servicios. Recordó que, en 2023, el servicio de acueducto presentaba un déficit de cobertura nacional del 10 %, mientras que el alcantarillado y el servicio de aseo tenía déficits de 24 % y 16,6 %, respectivamente.

Destacó que también es incierta la cobertura y sostenibilidad del gas licuado de petróleo (en cilindros) ante el crecimiento de la distribución de gas por redes.

En cuanto a energía eléctrica, el contralor puntualizó que el 97 % de la población tiene acceso a este servicio, lo que significa que aún cerca de 400.000 hogares carecen del mismo. Y, en gas natral, tienen acceso el 69 % de los hogares.

“El sector de servicios públicos en Colombia representa cerca del 7 % del Producto Interno Bruto. Seguir consolidando esta industria en el país, con mayor cobertura, calidad y eficiencia, necesariamente debe ser un trabajo mancomunado del sector privado con el público, los organismos de control y la supervisión”, señaló.

Añadió que es necesario que las entidades prestadoras de servicios deben seguir avanzando con acciones que permitan un mayor grado de eficiencia energética. “Pero, ante todo, su sostenibilidad. No es solamente la implementación, sino dar garantía de que sea sostenible en el tiempo”.

En medio de su discurso, el contralor Rodríguez declaró que la transición hacia energías más limpias y sostenibles debe ser gradual y acorde a las condiciones energéticas del país.

“Hacer una transición mal planificada puede ser un costo innecesario para los sectores más vulnerables y demandar una gran cantidad de recursos del presupuesto nacional a futuro. Colombia debe intensificar sus esfuerzos en diversificar la matriz energética -que depende en 70 % de las hidroeléctricas- aumentado la capacidad instalada de fuentes renovables no convencionales que hoy suman 1.193 megavatios (MW)”, pidió el líder de la Contraloría.

Para Rodríguez, esto no solo apoyaría la estabilidad económica y el crecimiento, sino que fortalecería la soberanía nacional y la capacidad del país para tomar decisiones autónomas.

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