Cómo la falta de soluciones para la economía profundiza la crisis política que azota al país

Solemos hablar de la crisis económica que atraviesa nuestro país, pero no hablamos mucho de la otra crisis concurrente en la escena, que es la crisis política que azota a la Argentina. Una que se ha venido profundizando, precisamente, por la falta de respuestas de la política a la crisis económica y sus consecuencias sociales.

La crisis política ha tenido un primer gran síntoma de su gravedad en el bajo nivel de participación electoral que tuvimos en la última elección de medio término (71,7%), el menor desde la recuperación de la democracia en 1983. La defección en el ejercicio del derecho del voto es el peor síntoma de desafección de la gente con la política. Despreciar el derecho de elegir a quienes te gobernarán solo puede estar justificado por un fuerte sentimiento de resignación, por una fuerte convicción de que nadie ni nada podrá cambiar lo que me pasa, vote a quien vote.

Crisis política: cae la participación electoral.

Pero esa desafección hacia la política y hacia la dirigencia política se evidencia en otros síntomas, como el fuerte desprecio que ha sobrevenido sobre toda la clase dirigente. En octubre pasado, consultábamos a los argentinos sobre qué imagen poseían sobre la clase política en general y solo el 7% se animó a afirmar un sentimiento positivo.

Otro síntoma es el crecimiento en términos de apoyo electoral que ha tenido un dirigente como Javier Milei que sostiene, esencialmente, una narrativa crítica de toda la dirigencia política, a la que denomina una casta de privilegiados, corruptos e ineptos que no sirven para nada. Precisamente, ello le ha permitido consolidarse en el tercer lugar de adhesiones de cara a la próxima elección presidencial, en torno al 20% de intención de voto.

La crisis golpea al Frente de Todos

En este contexto, las dos grandes coaliciones que han venido animando la escena política local, vienen sufriendo los avatares del descrédito en el que ha caído la clase política. Si en 2019 las dos principales coaliciones (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) juntaron casi el 90%, hoy las dos se encaminan a juntar entre el 60% y el 70%, en medio de fuertes tensiones internas que transmiten la sensación de que la unidad en cada una de esas coaliciones, es posible conservarla utilizando una camisa de fuerza que contenga las diferencias.

Los motivos de esas tensiones internas son diferentes según se trate de la coalición oficialista o de la coalición opositora. Al oficialismo lo divide la dificultad de mantenerse unido para enfrentar una probable derrota. Es fácil juntarse y acordar para ganar, es difícil mantenerse unido y repartir la escasez (menos cargos para distribuir entre los socios) para perder, con riesgo de que se trate de una derrota sin precedentes que ponga en duda todos los liderazgos.

Para evitar ese escenario catastrófico, el kirchnerismo entiende que es necesario desalojar al Presidente de la oferta electoral oficialista. Con menos del 20% de aprobación en la gestión de gobierno, y con un 85% de los argentinos pidiendo un cambio, integrar a Alberto Fernández a la oferta del oficialismo sería "contaminar" la oferta de lo que los propios votantes del Frente de Todos rechazan. El 49% de los que dicen que votarían al Frente de Todos, no aprueba el desempeño del gobierno y el 52% de ellos no tiene imagen positiva del Presidente. De modo que bajar al mandatario de esa oferta es el primer motivo de crisis interna en el oficialismo.

Menos del 7% tiene una imgen positiva de los dirigentes políticos.

Pero como el escenario para el Frente de Todos es de posible derrota, el oficialismo está en una trampa: la candidata que más mide, la que piden la mayoría de sus votantes (2/3 de ellos), no tiene incentivo ni interés en participar poniendo el cuerpo. Es por ello que la apelación a la "proscripción" funciona como una elegante excusa para que Cristina Kirchner pueda correrle el cuerpo a una elección que asoma en forma de derrota. Sobre todo sabiendo que ella puede juntar muy bien los votos propios, pero muy mal lo votos ajenos, aquellos que se necesitarían para hacer menos dolorosa la derrota.

Ahora, si Cristina Kirchner no desea ser candidata, ¿por qué denuncia que no la dejan hacer lo que no desea hacer? La explicación está en la otra funcionalidad de la denuncia de "proscripción": deslegitimar el triunfo opositor y alegar que la oposición ganó porque no la dejaron competir a la mejor candidata que tenía el oficialismo. Para ello, es necesario el operativo clamor que se impulsa, es necesario que se perciba que era la candidata más reclamada por los votantes oficialistas y no pudo competir por una "proscripción" judicial. Además, la fortaleza del operativo clamor servirá para que la vicepresidenta pueda luego clamar por los candidatos en las listas, su verdadero interés político.

Pero como habrá poco por repartir, las tensiones en el oficialismo serán muchas, sobre todo porque se trata de un espacio que hoy carece de un liderazgo legitimado que pueda resolver esos conflictos, y porque además se trata de un espacio no habituado a resolver estos conflictos mediante las PASO, un instrumento que podría ofrecerle una forma de resolver las tenciones pero que no suele ser utilizado por el peronismo. La experiencia en la Provincia de Buenos Aires en 2015, donde luego de la PASO se perdieron votos, no dejó una buena sensación al respecto.

Juntos por el Cambio, en una interna sin liderazgo

Lo interesante es que la ausencia de un liderazgo legitimado también dificulta la tarea de procesar las tensiones en Juntos por el Cambio. Aquí, la discusión es diametralmente opuesta a la del oficialismo: se trata de discutir quién gana, no quién pierde; quién es presidente y no quién es la cara de la derrota. Ello ha avivado las tensiones internas, sobre todo de los dos principales candidatos: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ambos están convencidos de que quien gana la interna, gana la externa y ello los lleva a tensar inconvenientemente su relación, sobre todo del lado de Bullrich, que busca construir su posicionamiento sobre la base de antagonizar con el liderazgo de Larreta.

Estas tensiones han venido afectando la potencial performance del espacio en la elección presidencial. Si en julio de 2022 Juntos por el Cambio estaba próximo del 40% de intención de voto (38,5%), en febrero 2023 se ubica más cerca del 30%, algo que tiene repercusiones relevantes, ya que significaría que se alejaría de lograr las bancas necesarias para controlar el Congreso. La ausencia de una comunicación clara de las coincidencias que mantienen unidos a sus integrantes, los cuestionamientos de un sector al otro de la coalición, han afectado el atractivo del espacio y ha dificultado la tarea de cerrar esa grieta después: si se impone uno u otra, podría haber riesgo de fuga de los votantes del/la perdedor/a.

Este riesgo de fuga de sectores moderados por el lado del triunfo de Patricia Bullrich, o de sectores radicales por el lado del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, presenta amenazas serias para augurar un buen resultado en la elección general, que es la que efectivamente reparte bancas en el congreso. Con el agravante que en el riesgo de fuga de sectores moderados (escenario de triunfo de Bullrich), esos votos podrían ir al rival directo con el que se disputaría la elección, es decir, al Frente de Todos, si el oficialismo presentase un candidato moderado.

Crece la tensión en la interna de la oposición, que también pierde votos.

En definitiva, Juntos por el Cambio se muestra como una coalición que no está pudiendo desarrollar su competencia interna para seleccionar al candidato a presidente de un modo conveniente y beneficioso. Por el contrario, lo lleva de una manera perjudicial, que además desnuda la falta de un liderazgo ordenador que pudiera evitar esa situación.

Una Argentina sin consensos ni decisiones

Todas las vicisitudes detalladas anteriormente no son anecdóticas si pensamos que la crisis política que afecta al sistema política argentino es, en realidad, primero una crisis en la capacidad de toma de decisiones del sistema. En la Argentina no estamos pudiendo decidir.

Solo por mencionar algunas situaciones: no podemos cubrir una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, no podemos designar al Procurador General de la Nación, no podemos designar al Defensor del Pueblo de la Nación, no podemos ponernos de acuerdo para implementar nuevos códigos de leyes (Código Penal), y ni que hablar de ponernos de acuerdo en reglas mínimas de funcionamiento de nuestra economía. Apenas podemos tener un programa económico de emergencia (el programa acordado con el FMI), porque necesitábamos que el FMI nos preste los dólares para hacer frente a los compromisos de deuda que tenemos con ese organismo. Posiblemente, ni programa tendríamos si no estuviese el FMI.

Para resolver esta situación de empate y bloqueo en el que está nuestro sistema, se necesitarán dos cosas: facilitar la construcción de consenso político (agregación de apoyo detrás de quien gane la elección presidencial) y trabajar para relajar la resistencia social que se ha construido en contra de los acuerdos políticos. En Argentina, los dos principales espacios políticos no pueden acordar decisiones porque la sola mención de ese acuerdo socava su legitimidad. Se ha educado a los votantes en la impugnación moral del otro (polarización afectiva) y ello ha terminado limitando el accionar de los políticos que no pueden demostrar vocación de diálogo y acuerdo.

Y, para colmo de males, todo ello ha ido socavando la capacidad de respuesta de la política, y en última instancia su legitimidad. Podremos reclamar la muerte de la política y los políticos, pero para los argentinos enojados con ellos, lamento informarles que vamos a necesitar de ellos y de ella. De buenos políticos profesionales y de buena política. Solo será cuestión de elegir bien el 13 de agosto, el 22 de octubre o, eventualmente, si fuera necesario, el 19 de noviembre próximos.