Se oficializó el congelamiento de precios: “Privilegios” y “falta de esfuerzo”, parte de la justificación del Gobierno

Luego de otra fallida reunión con los empresarios del sector de consumo masivo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que el Gobierno nacional congelará 1432 productos a través de una resolución oficial . La medida fue oficializada mediante la Resolución 1050/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

“No parece un gran esfuerzo para un número de empresas, que serán unas 60, mantener los precios de cerca de 1500 productos por 90 días”, disparó Feletti, en el marco de una breve conferencia de prensa. Luego, en un comunicado, advirtió: “Hay sectores de la cúpula empresarial que no son conscientes de sus privilegios”, afirmó.

Feletti se reunió con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), entidad que agrupa a 14.500 empresas y 35 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas, y representantes de supermercados. “Será un ‘precios cuidados’ más amplio”, consideró el funcionario, quien remarcó que “no se cambiará cartelería”.

El secretario de Comercio Interior remarcó que el comunicado de Copal “no ayudó”, aunque destacó: “Ni el titular de Copal ni el titular de las grandes cadenas comercializadoras rechazaron de plano la resolución”.

“La resolución contiene 1500 productos con los precios al 1° de octubre con obligación de cumplimiento; la forma de monitoreo será dialogando con gobernadores e intendentes”, dijo Feletti, y remarcó: “Apelo a la responsabilidad empresaria”.

La medida será de imposición obligatoria en todo el territorio nacional. “No vamos a producir un quiebre en sus planes de negocio”, alertó al dirigirse a los empresarios. “Lo que estamos haciendo es una expansión de consumo y que ganen por volumen”, agregó.

Según Feletti, “había una necesidad de intervención. “Los números del Indec me avalan”, aseguró.

“La decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”, se advirtió a través de un comunicado oficial.

Más tarde, Feletti se refirió a la medida en su cuenta de Twitter y señaló que la “fijación temporal de precios máximos” busca garantizar el “acceso a una amplia canasta de productos de consumo masivo en todo el país”.

En medio de las cortocircuitos, el funcionario se mostró, sin embargo, abierto a continuar con las conversaciones. “Nuestra voluntad es seguir encontrando espacios de diálogo que permitan construir acuerdos lo más abarcativos y representativos posibles para atender la necesidad de todo el pueblo argentino”, dijo.

En defensa de la medida, el Gobierno argumentó que las empresas verían un aumento en las ventas en el último trimestre del año a partir del aumento de la circulación en las calles, el consumo creciente en esta parte del año y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria.

Al mismo tiempo, se ratificó que la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los rubros Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal

El comunicado de Copal

Antes del anuncio de Feletti, Copal emitió un comunicado rechazando la posición del Gobierno frente al congelamiento de precios. En el texto, se expresó que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta y que hubo una falta de condiciones para el diálogo. Esto ocurrió horas antes de una reunión que mantuvieron esta tarde el secretario de Comercio Interior y el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, que también es presidente de la UIA.

El presidente de la Copal fue contundente sobre la actitud del Gobierno frente a las empresas. “Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa sino que sufre sus consecuencias”, expresó.

La norma mencionada por Funes de Rioja data de 1974. La “ley de abastecimiento y represión del agro”, como se la llamó hace 47 años, originalmente autorizaba a funcionarios a establecer precios máximos y márgenes de utilidad; allanar comercios o empresas, pudiendo requerir apoyo policial; a secuestrar documentación; intervenir mercadería en infracción; clausurar establecimientos y a detener preventivamente a presuntos responsables de las infracciones. En 2014, se reformaron algunos puntos de la ley aunque se incorporaron nuevas herramientas con las que el poder ejecutivo podría controlar los precios y el abastecimiento de productos.