Yahoo Finanzas El Gobierno oficializó a Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia
El presidente Javier Milei dio a conocer a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema cuenta en la actualidad con cuatro integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenskraft . El juez Maqueda está próximo a cumplir los 75 años y Milei pretende acelerar el proceso de selección para que el sucesos esté disponible para la jura en noviembre. Maqueda, de no contar con la habilitación del Poder Ejecutivo, deberá acogerse a la jubilación, dejando así un lugar más por ocupar en el máximo tribunal.
El perfil de Ariel Lijo
Ariel Oscar Lijo, actual Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 de la Capital Federal, se "destaca por su experiencia en la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, entre otros".
Lijo es profesor Adjunto interino, de Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes 11.723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Director y Profesor del Curso "Delitos Complejos", Organizado por la Secretaría de Capacitación de la U.E.J.N. y dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el Gobierno para acceder a la Corte Suprema
Perfil de García Mansilla
Por su parte, Manuel José García Mansilla, es actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y posee un perfil académico.
Es Doctor en Derecho por la Universidad Austral y cuenta con un Master of Laws (LL.M.) por la Georgetown University Law Center de Estados Unidos. Su experiencia docente abarca tanto grado como posgrado, siendo profesor titular de Derecho Constitucional y Seminario de Historia del Derecho.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, se abre un período de quince días para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas, observaciones y circunstancias respecto a los candidatos propuestos. Posteriormente, el Senado debatirá los pliegos de los postulantes antes de su eventual designación.
