Juez rechaza el intento de la ciudad de Miami de bloquear el caso del recargo por estacionamiento. Hay millones en juego

Un juez rechazó el intento de la ciudad de Miami de bloquear una demanda contra el recargo del 15% sobre el estacionamiento, un impuesto que ha generado decenas de millones de dólares en los últimos años.

La decisión del viernes del juez de circuito Michael Hanzman allana el camino para que la demanda colectiva sea certificada a finales de este año y los demandantes posiblemente cobren alrededor de $55 millones en reembolsos, si prevalece su afirmación de que el impuesto de estacionamiento de la ciudad es “inconstitucional” según la ley estatal.

La demanda colectiva, que representa potencialmente a decenas de miles de trabajadores, residentes y visitantes, fue presentada en octubre e instó al juez a ordenar a las autoridades de Miami que les reembolsen el dinero. Los demandantes quieren que se cancele por completo el impuesto de estacionamiento de la ciudad, citando un requisito estricto de la ley que prohíbe a Miami imponer el recargo de estacionamiento debido a su nivel decreciente de bienes inmuebles exentos de impuestos.

Las grandes ciudades de la Florida, como Miami, solo pueden cobrar el impuesto de estacionamiento para complementar los ingresos cuando más del 20% de sus bienes inmuebles estén exentos de impuestos, como escuelas, iglesias y viviendas familiares, dice la demanda. Pero la ciudad cayó por debajo de ese umbral en 2017 en medio de un mercado inmobiliario en auge.

Sin embargo, en su moción de desestimación, los abogados de la ciudad argumentaron que la ley estatal que permite a Miami imponer y recaudar el recargo de estacionamiento se basa en los pies cuadrados de propiedad real exentos de impuestos, no en el valor de las propiedades exentas de impuestos de la ciudad. Argumentaron que, basándose en el cálculo de los pies cuadrados, más del 20% de las propiedades de la ciudad está exento de impuestos y, por tanto, el recargo por estacionamiento es constitucional.

Pero Hanzman rebatió que, aunque la ley estatal es “ambigua” en cuanto a la definición de “bienes inmuebles”, consideró que su “propósito” es permitir que ciudades como Miami recauden el recargo por estacionamiento basándose en el “valor” de sus bienes inmuebles exentos de impuestos, no en los pies cuadrados.

En la orden del tribunal de circuito, el juez escribió que “ ‘valor’ es la única métrica lógica a usar para determinar si se cumple el umbral del 20%”.

Los abogados de los representantes de la demanda colectiva calificaron la decisión del juez sobre el asunto de la exención de impuestos y otras demandas de desestimación como un “importante paso adelante”.

“Ahora tenemos un camino muy claro para presentar la evidencia que necesitamos para ganar este caso”, dijo el lunes al Miami Herald la abogada Rachel Furst, que trabaja en la demanda colectiva con los abogados Alex Arteaga-Gómez y Stuart Grossman.

Los abogados que representan a la ciudad no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Durante años la ciudad ha podido imponer el recargo de estacionamiento en todas las transacciones en garajes, estacionamientos y otras instalaciones para impulsar sus finanzas, gracias a la ley de la Florida y a un referendo de la ciudad que data de 2003, cuando Miami se estaba levantando de una crisis financiera. (La ciudad no impone el impuesto a los parquímetros de la calle).

El argumento de la demanda colectiva propuesto, citando registros públicos presentados ante el Departamento de Ingresos del estado, afirma que los funcionarios de Miami comenzaron a violar esa disposición crítica del 20% de exención de impuestos en 2017, cuando la participación de la ciudad en la propiedad cayó por debajo de ese umbral. Debido a la explosión de la construcción, las nuevas propiedades gravables y el aumento de los valores inmobiliarios, el estado de la propiedad exenta de impuestos de Miami ha caído aún más.

Aunque la salud financiera de la ciudad es robusta hoy en día, la demanda del impuesto de estacionamiento pudiera hacer una gran mella en el balance final de la ciudad si prevalece.

La demanda colectiva fue presentada por tres representantes —Richard Klugh, Sara Wolfe y Josh Kaiser— quienes trabajan habitualmente en Miami y han pagado el recargo por estacionamiento en varios lugares, desde Brickell Avenue hasta Coconut Grove y Wynwood. Afirman que la ciudad de Miami, usando un contratista privado, ha “impuesto y recaudado ilegalmente” el impuesto de estacionamiento durante años.

La demanda también señala que Miami es la única gran ciudad elegible en el estado para imponerlo. Según la legislación de la Florida, el recargo por estacionamiento puede usarse para reducir la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, así como para mejoras de calles, aceras y otras vías.

Furst dijo que el caso busca recuperar los recargos de estacionamiento recaudados por los operadores de instalaciones públicas y privadas y entregados a la ciudad desde octubre de 2019 hasta octubre de 2022, el período de recuperación permitido por el estatuto de limitaciones. Según las estimaciones de la demanda, la ciudad de Miami ha recaudado alrededor de $55 millones en impuestos de estacionamiento durante el período de tres años, pero se espera que la cantidad sea mayor cuando los registros completos estén disponibles.

Si la demanda se confirma y prospera, la gran mayoría de las personas que pagaron el impuesto de estacionamiento calificaría para un reembolso demostrando que lo pagaron con estados de cuenta de sus transacciones con tarjeta de crédito o débito o, posiblemente, recibos. Los operadores de los estacionamientos también conservan registros que demuestran el pago. La minoría de personas que pagaron en efectivo calificarían para un reembolso según algún plan, incluida la presentación de una declaración jurada, dijo Furst.

Durante más de una década, la ciudad ha administrado el programa de tarifas de estacionamiento a través de un contrato con una empresa privada, Complete Consulting Services Group, que recibe $700,000 anuales, dice la demanda. También señala que la ciudad ha adoptado sanciones “coercitivas”, como fuertes multas, para obligar a los operadores de los establecimientos a imponer y recaudar el recargo de estacionamiento.