La guerra entre Podemos y Cabify que les ha llevado a verse las caras en el juzgado

Los comentarios -vía tuit, blog y entrevistas- que varios miembros de Podemos han vertido contra Cabify han terminado con una denuncia de la multinacional dedicada al alquiler de vehículos con conductor que promete que vivirá aún muchos más capítulos. Solo unas horas antes de estar citadas ambas partes para el acto de conciliación de hoy, Irene Montero, portavoz de Podemos, explicaba que ir irían, pero no para rectificar como quería la empresa, si no para insistir en que su modelo fiscal es contrario a los intereses de España.

El desencuentro entre la formación morada y Cabify viene de lejos. Concretamente se inició a finales de mayo cuando el partido se posicionó a favor del sector del taxi durante la huelga y acusó a la multinacional de recurrir a técnicas para eludir impuestos en España y tributar en paraísos fiscales. Declaraciones que pudieron leerse tanto en las cuentas de Twitter de varios de sus dirigentes como en el blog que Juan Carlos Monedero tiene en Público.es y en diversas entrevistas.

Cabify se hizo eco de ellas, amenazó con denunciarles por atentar contra su honor y eso ha hecho. La demanda va dirigida contra Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral y Óscar Guardingo, senador de Catalunya en Comú-Podem, y todos ellos estaban citados hoy para un acto de conciliación en el que la empresa de alquiler de vehículos con conductor pide que se retracten de sus declaraciones para no seguir adelante con el proceso judicial.

Sin embargo, eso no entra en los planes de Podemos. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, decía unas horas antes de acudir a la cita que nada más lejos de la realidad. Que no piensan retractarse de lo dicho, que su obligación es defender los derechos e intereses de los españoles. En una entrevista en Radio Nacional esta misma mañana, Montero recordaba que Cabify recibió más de un millón de euros de las arcas públicas porque declaró perdidas de tres millones de euros en España cuando resulta que tiene su sede en un paraíso fiscal como es Delaware.

Desde Cabify aseguran que este tipo de afirmaciones han “dañado gravemente su honor” y que los demandados las han lanzado desde “su puesto de cargo público”. Recogidas todas ellas en el pliego presentado al juez, son la principal base de la acusación. Sin embargo, y como ha explicado su director general en Europa, Mariano Sylveira, a El País, tras la demanda hay algo más. Quieren frenar la campaña del partido liderado por Pablo Iglesia contra ellos y contra su intereses.

En concreto, lo que Sylveira explica es que “Podemos está negociando con el Ministerio de Fomento una serie de medidas que vienen del sector del taxi y no tienen buenas intenciones. En Barcelona están preparando un reglamento que hará que Cabify desaparezca. Y si sale adelante, luego vendrán Madrid y Valencia en unos meses. Y Cabify dejaría de existir”.

Las criticas vertidas desde Podemos en apoyo a los taxistas y contra el modelo de negocio de Cabify va más allá de dónde tiene la empresa su sede fiscal. En su blog, Monedero acusaba a la multinacional de buscar “en España esclavos para hacer quebrar el taxi” a lo que añadía que “estas empresas se las arreglan para que las declaraciones de impuestos les salgan negativas y les interesa un carajo hacer dinero aquí o en Tegucigalpa, con taxis o con semillas, porque para ellos los países son solamente oportunidades de negocio”.