La Ley hipotecaria de Guindos triplica el coste de los intereses de demora

Jaime Quirós – Por unos motivos u otros, el tema de las hipotecas ha estado muy presente en la actualidad de la calle y en los medios de comunicación en los últimos tiempos. En la época de bonanza, por lo complicado que era tener acceso a una vivienda para los jóvenes, que debido al precio desorbitado de las casas veían como una quimera poder formalizar la hipoteca de la casa de sus sueños. Y después, en la época de vacas flacas, principalmente debido a los desahucios de los compradores que no podían hacer frente al pago de las letras que debían al banco.

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Verdaderos dramas han vivido miles de personas en toda España con los desahucios. Familias enteras que de la noche a la mañana han visto como se quedaban en la calle. En el mejor de los casos acababan en casas de familiares o en albergues sociales durmiendo junto a vagabundos crónicos. Otros muchos directamente acababan durmiendo entre cartones en un cajero de una sucursal bancaria. Ese cajero en el que un día sacaba dinero con su tarjeta de crédito, en esa sucursal en la que un día le recibieron con una sonrisa para firmar la hipoteca de su hogar. De tener una vida “normal” a no tener nada.

La nueva ley debería entrar en vigor muy próximamente si los plazos se cumplen. Está pensada para proteger al consumidor de las tretas y abusos de las entidades. Parecía que este Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario iba a poner fin a uno de los problemas más impactantes que se han vivido en España. Pero las asociaciones de consumidores han descubierto algunos puntos polémicos, especialmente referido a los intereses que el hipotecado debe pagar por impago de las cuotas. El Tribunal Supremo contempla como abusivo cualquier interés de demora que supere el resultante de aplicar dos puntos al tipo pactado en contrato. La nueva ley, sin embargo, fija esta penalización en tres veces el interés legal del dinero.

Si tenemos en cuenta que la ley actual dictamina que el tipo legal del dinero está en el 3%, con la nueva ley, en cambio, ese interés se elevaría al 9% al multiplicar por tres el tipo legal del dinero. Esto quiere decir que el cliente vería triplicarse el coste a devolver en el caso de impagos. Por lo tanto, se contradeciría al Supremo y empeoraría la ley actual. Una cláusula que no ha gustado a muchas organizaciones sociales.

La regulación de los contratos de crédito inmobiliario desempeña un papel relevante en la estabilidad económica y es un instrumento de cohesión social. Garantizar un régimen jurídico seguro, ágil y eficaz, que proteja este tipo de operaciones es una exigencia que deriva no sólo de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europa, sino de los indudables beneficios que supone para la economía de un país. Tanto la protección de las transacciones como la seguridad jurídica generan crédito para los individuos, lo que redunda en el crecimiento de la economía.

Esperemos por lo tanto que esta nueva ley sirva para crear una sociedad mejor y más justa. Eso implica una ley acorde. Y una ley acorde no es una ley con estratagemas y que empeore lo que ya había. Qué al menos por esta vez nos sintamos orgullosos de lo que pueden aprobar nuestros políticos en el Congreso. ¡Al menos una vez!

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