Latinoamérica tiene 34 millones de ciudadanos 'fantasmas'

Los cálculos oficiales dicen que en Latinoamérica habitan 660 millones de personas. Pero podrían ser 34 millones más, ya que ese es el número de ciudadanos que se calcula que no tienen acta de nacimiento que certifique que existen y pueden ejercer con sus respectivos deberes y derechos.

Lo mismo sería decir que la región aumentaría su población en un 5,1%, una cantidad similar a la de Perú (32,1 millones) o Venezuela (31,9 millones) y superior a las de Chile (18 millones), Ecuador (16,6 millones) y la mayoría de países latinoamericanos con excepción de México, Brasil, Argentina y Colombia.

Esas 34 millones de personas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son invisibles ante las estadísticas oficiales, es decir, no cuentan con un registro que les permita ejercer sus derechos civiles, como el acceso a la educación, a la salud, al voto.

Los países más afectados

Pero lejos de ser invisibles, ellas representan para los países una carga difícil de llevar, en especial para aquellos que más fallan en este proceso de registro.

Según el BID, el 20% de la población en Paraguay carece de documentación. Le siguen Bolivia (19%), Guatemala (17%), Nicaragua (14%), Haití y Venezuela (13%).

Entre los países más habitados, Brasil posee el 7% de población indocumentada, México el 3%, mientras que Argentina, Colombia y Perú no tienen personas en esta situación, siempre de acuerdo con las cifras del Banco.

“La mayoría de las personas son registradas mediante una acta de nacimiento en el mismo centro de salud donde nacieron o pocos días después en un registro civil. Sin embargo, para algunas realizar este proceso presenta muchas dificultades. Las barreras varían en cada país, aunque la mayoría provienen de comunidades de escasos recursos en zonas aisladas, tienen padres que también carecen de registro o que pertenecen a grupos indígenas”, señala el BID en su programa Los ciudadanos invisibles de América Latina, con el cual ha apoyado acciones en diversos países para mitigar este fenómeno.

“Hemos apoyado diversos proyectos para fomentar el registro de personas en varios países de la región, entre ellos Perú, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá y Guatemala. A través de estas acciones hemos contribuido a que la tasa de subregistro de nacimiento disminuya en un 6%. Tan solo en Ecuador, una de nuestras operaciones logró reducir la tasa de subregistro de hasta un 20% en la población adulta en 2006 a 2,5% en 2016”, señala el organismo.

El derecho a la identidad, de hecho, forma parte de uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que a 2030 “todos los ciudadanos deberán contar con una identidad jurídica, incluido el registro de nacimiento”.

Unicef también ha apoyado en los años recientes iniciativas en los países de América Latina encaminadas a reducir la brecha del registro universal de nacimiento.

“Entre las iniciativas que se han llevado adelante en la región se pueden mencionar el establecimiento de servicios de registro civil en los hospitales públicos, la eliminación de costos, el desarrollo de políticas públicas que hacen la conexión entre el registro de nacimiento y el acceso a mecanismos de protección social, y campañas masivas de información”, reporta un informe de la entidad de 2016.

Entre 2010 y 2015, dice Unicef, 94% de niños menores de 5 años en 24 países de la región fueron registrados; 3.2 millones no fueron registrados.

Entre algunos datos adicionales, hubo algunos preocupantes, como que uno de cada cuatro niños latinoamericanos que no tenían acta de nacimiento vivían en México, y que el nivel más bajo de registro de nacimiento para la región se encuentra en Bolivia (entre el 76% y 84%).

El impacto en las economías

No tener un registro oficial de nacimiento va más allá de no contar con un simple papel que “legalice” la existencia de una persona. Esto impacta en muchos aspectos como, por ejemplo, en el sector de la salud. El BID calcula que a los niños sin documentación se les administra, en promedio, hasta un 13,9% menos vacunas para combatir enfermedades mortales o que causan daños importantes a la salud como la difteria, tuberculosis, tos ferina, polio, sarampión o tétanos, en comparación a una persona con registro. Como consecuencia, los gobiernos luego tienen que asumir los costos que se cargan a los sistemas de salud.

Lo mismo ocurre en el sector educativo, que no puede recibir a quienes no puedan demostrar su identidad, que a mediano y largo plazo tiene serias consecuencias en el acceso de esa población al mercado laboral y la consecuente necesidad de mano de obra, personal técnico y operativo, entre otras labores, se resiente con este fenómeno.

En enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México -Inegi-, junto a Unicef, presentaron el informe Derecho a la identidad: la cobertura del registro de nacimiento en ese país. En él comunicaron que un millón de personas no contaban con este documento, es decir el 0,8% del total de la población.

Los datos fueron recogidos en 2015, y una de las conclusiones de ambas entidades era que “entre las causas, sabemos que uno de cada tres personas reporta que no se registran por la dificultad con contar con los documentos necesarios para cubrir el trámite, y sabemos también que el 22 por ciento respondió que tienen una situación económica desfavorable, es decir que los costos para acceder a ese registro son elevados”, en palabras de Julio A. Santaella, presidente de Inegi.

En Argentina, desde marzo pasado el Gobierno nacional garantizó la inscripción de nacimientos y las emisiones del primer DNI gratis hasta los 18 años, por un decreto que firmó el presidente Mauricio Macri, atendiendo un reclamo que hacían desde hace algunos años diversas organizaciones, entre ellas la ONG Iadepp, una asociación que busca soluciones para los argentinos que no fueron inscritos y carecen del acta de nacimiento y número de DNI.

En un artículo publicado en El País de España en 2016, Jorge Álvarez, integrante de la comisión directiva de Iadepp, señaló que se trataba de un problema “de pobreza estructural”, ya que afectaba a personas que “viven completamente fuera del sistema, con vidas que no se rigen para nada en la economía formal”.

La identidad digital, ¿una solución?

Una de las soluciones que se plantean, además de las iniciativas ya mencionadas que atienden a esta población indocumentada, es la búsqueda de alternativas de registro que abarquen la mayor cantidad de personas.

Entre ellas se destaca la implementación de la identidad digital, que Luiz Ros, asesor Especial en Innovación Iniciativa de Economía Digital del BID, destaca en el informe La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital (agosto de 2017) como la piedra angular de la transformación digital de Latinoamérica.

“El registro y la gestión de la identidad son instrumentos esenciales para la inclusión, ya que reducen los costos de transacción en toda la economía, permitiendo mejorar la calidad de los servicios para el sector público y privado. Este proceso enfrenta algunos desafíos; por ejemplo, la privacidad, por un lado, y el posible fraude, por el otro. Los retos de desarrollo actuales solo pueden ser sostenibles si el sector privado es también parte de la solución. Sin embargo, son los gobiernos los que establecen los cimientos para promover la inversión y generar prosperidad”, argumenta Ros.