Yahoo Finanzas El campo transfirió US$175.000 millones desde la vuelta de las retenciones y la Rural alertó: “La pobreza aumentó”
La Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó “a todas las fuerzas políticas”, con representación en el Congreso, que traten dentro de la agenda de proyectos del año los temas referidos a las alícuotas de los derechos de exportación que tiene el campo. Según explicaron desde la entidad, el pedido se hizo en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias 2023 del Poder Legislativo, que ven como una nueva oportunidad para tratarlo en el recinto. Además, la entidad señaló que desde el regreso de las retenciones, en 2002, los productores transfirieron al fisco más de US$175.000 millones. Esto ocurrió mientras en el país creció la pobreza, según alertó.
“Un trabajo técnico que realizamos en nuestra entidad, demuestra que el costo fiscal que ha tenido la implementación de la política pública del dólar soja en sus diferentes versiones, hubiera sido el mismo que reducir a la mitad todas las alícuotas de los derechos de exportación, por lo cual creemos importante, que puedan elaborar un proyecto de ley para su discusión legislativa”, mencionaron en la SRA.
Además, indicaron que el estudio estima que para 2023 los derechos de exportación representarán unos US$8500 millones con alícuotas que van del 4,5 al 33%. El dólar soja 2022 tuvo un costo fiscal de US$4437 millones, monto equivalente a reducir las alícuotas de las retenciones un 52% en promedio.
“El contexto climático y productivo que está atravesando el sector en todo el país es crítico, y por tal motivo les hicimos llegar una propuesta de trabajo a diputados y senadores, para que puedan incluir en los temas de debate de la agenda parlamentaria”, explicó Nicolás Pino, presidente de la entidad.
Desde la entidad indicaron que “las retenciones son un impuesto distorsivo que muestran sus peores efectos en estos momentos donde hay productores tributando sin saber siquiera” si van a tener una ganancia sobre su inversión y trabajo o peor aún, tributando bajo la línea de sostenibilidad financiera.
Así, también advirtieron que están convencidos de que constitucionalmente la potestad de modificar las alícuotas, sacar y crear impuestos es facultad del Poder Legislativo. “Y estamos convencidos también que si se hubieran bajado las retenciones hace meses la situación del sector sería distinta ante este desastre que nos toca atravesar”, expresó Eloísa Frederking, secretaria de la SRA y Coordinadora de la Comisión de Acción Legislativa.
Por último, mencionaron que este pedido se enmarca en el reclamo que viene llevando adelante la Sociedad Rural con el amparo presentado en el Poder Judicial, por la inconstitucionalidad e ilegalidad en el cobro de las retenciones y también con la presentación de esta propuesta al Poder Ejecutivo semanas atrás.
Transferencia de recursos
Como se mencionó, la entidad calculó en más de US$175.000 millones la transferencia de recursos desde el campo al fisco. “El 4 de marzo de 2002 se anunciaba en el Boletín Oficial la reimplantación de las retenciones, como un ‘impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos’. Un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo ‘excepcional’ pero que sigue vigente hasta la actualidad y lo peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país”, dijo.
La entidad indicó que, pese al dinero que cedieron los productores, “la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000″.
Agregó: “Además, el último censo agropecuario determinó que hay 70.000 productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en dicho período”.
“Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad. En estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos”, señaló la Rural.
Por último, precisó: “En este año electoral, le solicitamos a todas las fuerzas políticas que nos digan qué van a hacer con este impuesto cuando les toque gobernar, ya que es imposible concebir el futuro del país que no contemple al campo en el centro de la ecuación económica”.
