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En el país del cepo a todo, Cristina busca un cepo contra el Poder Judicial

·7  min de lectura

A estas alturas del debate nacional y popular, donde el "cisma" de la falta de figuritas ha sido comentado con sorna por los principales diarios el mundo, y la empresa fabricante está siendo investigada judicialmente (causa en la que intervienen el Juez Ercolini y el fiscal Marijuan) por un posible incumplimiento a la Ley de Abastecimiento, entre otras figuras delictivas, el debate reinstalado por la vicepresidenta sobre la reforma del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta claramente una parte más de la estrategia de la acusada por actos de corrupción en la casa "Vialidad".

En efecto, entiendo que el proyecto aprobado ayer con media sanción del Senado de la Nación, -y sin la presencia de CFK quien prefirió quedar a resguardo y preparar su "alegato del viernes- no es ni más ni menos que una puesta en escena política dirigida directamente contra la credibilidad del máximo Tribunal de la Nación, el cual deberá resolver en un tiempo más los recursos de apelación que de seguro habrán de promoverse a consecuencia de la sentencia que se dicte -presumiblemente antes de fin de año-, sea cual fuere el sentido de la sentencia (absolutoria o condenatoria) en la causa que tanto ocupa y preocupa a CFK.

La guerra, ya declarada contra el Poder Judicial tiene, en este proyecto aprobado por el Senado, una nueva escalada. En términos políticos, muy lejos de los jurídicos, se están mostrando los fierros, más allá de que presumiblemente el absurdo proyecto de ley no pase el tamiz de la Cámara de Diputados, en la hipótesis de que eso si sucediera, es claro que los futuros acuerdos para designar a los miembros del máximo Tribunal, necesitan de las dos terceras partes del senado, aspecto que hoy pareciera cuanto menos ilusorio.

La intención de reformar la Corte debe ser analizada en "clave" política. Este año Cristina ya sufrió un revés muy importante a manos del propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien termino asumiendo como presidente del Consejo de la Magistratura, pese a los esfuerzos de las huestes cristinistas por impedirlo. Resulta interesante -por no decir imprescindible la lectura del libro "La palabra de la Corte Suprema", donde el propio Rosatti aborda, con una explicación llana y fácil de comprender, el funcionamiento del máximo tribunal. Quienes pretenden reformarlo, ampliándolo a un número de integrantes tan innecesario como absurdo, es claro que no tienen la comprensión técnica necesaria como para entender la sinrazón de sus argumentos. El sistema de gobierno previsto por nuestra Constitucional Nacional prevé una división de los poderes del estado en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este último es de carácter "constitucional", vale decir vela por la preservación del estado de derecho y el cumplimiento irrestricto de los mandatos emanados de nuestra carta magna.

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La intención de reformar la Corte debe ser analizada en "clave" política

El temor del Cristina Kirchner al Poder Judicial

Dicho de otra manera, una Corte de 15 miembros, no solo sería más lenta en su funcionamiento, sino que, importaría lisa y llanamente una injerencia ilegal del poder político mediante el copamiento del Poder Judicial en los términos en que fue redactado el proyecto. Sin dudas las intenciones -es altamente probable que solo quede en ese- de tirar a rodar un insustancial y poco fundado (en derecho) proyecto de reformas no es ni más ni menos que la demostración clara de lo que más teme la propia CFK: al Poder Judicial.

¿Y por qué le teme? Por varias razones, primero porque no lo controla. Segundo porque podría ser condenada y posteriormente esa sentencia confirmada (siempre hablando en términos hipotéticos, pero apoyado en las constancias de la causa y los alegatos que fueron de público conocimiento) y tercero, pero no menos importantes, sus hijos podrían quedar severamente implicados y con consecuencias graves en el caso de que todo lo anterior prosperara. Buscar en otros lugares los justificativos de tamaña cruzada sería un error de análisis. Cristina es muchas cosas, pero primero es madre, y, es a partir de allí donde debemos analizar todo esto qué está pasando entre ella y el Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país, tiene una multiplicidad de funciones impuestas por la Constitución Nacional, tanto internas, en lo que hace al funcionamiento mismo del servicio de justicia, como externas en sus relaciones con los justiciables y los demás poderes del estado, además de los que implican su supremacía sobre el resto de los tribunales de la nación, incluidas las Cortes Provinciales. La Corte es la "cabeza" del Poder Judicial de toda la Nación (controlando la cabeza, se domina al resto del cuerpo). Cumple un rol fundamental en tanto es el máximo responsable y garante de la vigencia de las garantías constitucionales, tanto en relación con los que habitan el suelo de la nación argentina, como con los poderes nacionales, provinciales y municipales.

Los argumentos bajo los cuales se pretende avanzar con la "cruzada" reformista impulsada por la feligresía cristinista, además de absurdos, resultan inviables. Veamos. Por caso la igualdad de género -aspecto que no se discute en su real significado- no garantiza per se ni la celeridad de los procesos, ni la imparcialidad, ni la probidad en el ejercicio de las funciones. La Corte en su integración actual es Federal, ya que para la elección de sus integrantes es necesario el acuerdo de las dos terceras partes del Senado de la Nación, que no son ni más ni menos que los representantes de las provincias. Además no nos olvidemos que el Estado es el "principal" litigante ante la Corte, por ejemplo con todas las apelaciones que llevan adelante en los temas jubilatorios, haciendo excesivamente largos los procesos de este tipo donde los jubilados deben esperar un largo tiempo para la resolución de su problemática particular (aspecto que, casualmente no sucedió con las jubilaciones de privilegio que percibe mensualmente la vicepresidenta, y que le permiten cobrar una suma varias veces millonarias de las arcas del estado).

Que el servicio de justicia debe ser mejorado no cabe ninguna duda, al igual que pasa con los dos poderes restantes, ejecutivo y legislativo. Pero buscar una reforma a medida de una persona en particular, y para responder a sus propios intereses es un punto del debate -nacional y popular- que nos habla más de la propia degradación de la clase política, que de lo bueno o malo que haga el Poder Judicial. Plantear una reforma del número de integrantes de la Corte en este momento del país, con una inflación de tres dígitos, sin una moneda nacional real, con el narcotráfico apoderándose cada vez de más territorio, con la pobreza en niveles insoportables y la educación en su nivel más bajo de los últimos cien años, es un despropósito que nos deja, como sociedad, a la deriva. No es serio lo que se intenta hacer, y máxime que se lo hace con el propósito de degradar la credibilidad de una de los poderes del estado – el judicial- ante la posibilidad de una sentencia en contra de la Santa Cristina de la Recoleta.

Un párrafo aparte merecen los argumentos que se desprende de los dichos de los propios senadores del oficialismo, quienes se transvistieron en el rol de nuevos relatores de los relatos salvajes, no solo contra el Poder Judicial, sino contra los fiscales que actúan en la causa vialidad, sin saber (por ignorancia o por audacia), que éstos no integran la Corte Suprema, ni serían objeto de lo que se busca reformar con el escuálido proyecto aprobado por el Senado de la Nación.

Lamentablemente el proyecto aprobado en el día de ayer no hace más que evidenciar la disociación entres los intereses de la casta política y el ciudadano de a pie. Qué lejos estamos de ser el país que una vez supimos ser.